Se trata de un oficio del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, dirigido especialmente a 151 Ayuntamientos de Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, a los que desde el pasado mes de julio ha pedido información sobre las zonas de alta peligrosidad e incidencia de incendios forestales.

Así, el fiscal "alerta" a las autoridades competentes y a los Ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que fortalezcan y "hagan efectivas" las actuaciones de prevención a las que obliga la normativa de incendios forestales.

En un oficio, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, considera que la prevención de incendios es "una cuestión de naturaleza estrictamente administrativa" y denuncia que de los 151 municipios, apenas el 25 por ciento --38 de ellos-- dispone de un plan de prevención; otros 47 municipios lo tiene en tramitación y otros 13 cuentan con un plan pero está anticuado y lo están actualizando.

El resto, o no tiene plan (19), o no cuenta con él pero lo tramitará o bien no han respondido (16) hasta el 31 de enero de este año.

El oficio de Vercher se dirigía al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a quien hace una descripción de la situación de los 151 municipios requeridos.

En este contexto, recuerda que en la obligación de la Fiscalía General del Estado de prevenir los incendios forestales, en la primera mitad de 2018 se abrió un expediente para conocer la situación de estos planes a los que están obligados los consistorios españoles. Sin embargo, de cara a la previsibilidad de ocurrencia de incendios forestales durante el verano de 2018, se centraron en los municipios con mayor probabilidad.

Así, insiste en que según la legislación española "todos" los municipios con superficie forestal tendrán que redactar un plan de prevención de incendios en el que se regulan las actividades y usos susceptibles de generar un incendio forestal y que diseñe las infraestructuras de prevención necesarias al respecto.

Los objetivos de estos planes son reducir la probabilidad de que suceda un incendio; minimizar los tiempos de detección y respuesta ante la extinción y reducir la peligrosidad del incendio forestal una vez producido.

Vercher admite que la casuística en la producción de los incendios forestales es de una "complicación y variedad extraordinarias" lo que complica la prevención y la extinción y, al mismo tiempo, "justifica plenamente" la elaboración de estos planes.

Asimismo, recuerda que cada año se realizan "ingentes esfuerzos", materiales y humanos en prevenir y luchar contra el fuego hasta que es "difícil" abordar la materia desde ángulos "distintos y novedosos" y esto "obliga" a las autoridades a replantar "aspectos que pudieran arrojar alguna luz" en la búsqueda de la deseada eficacia.

El fiscal reflexiona que por mucho que se invierta "año tras año" en luchar contra el fuego, "da la impresión" de que repetir una y otra vez el mismo planteamiento se olvidan "aspectos tan esenciales" como son los "obligados" planes de prevención y su "lógica incidencia" en la aparición y disminución de los incendios.

En este contexto, el oficio del fiscal ve "oportuno" avisar a los Ayuntamientos de que la Fiscalía hará un seguimiento sobre esta cuestión y "no oculta la posibilidad" de que la ausencia de un plan de prevención de incendios pueda analizarse como una causa en una investigación penal concreta.

Esto sería así en la medida en que la Fiscalía pueda valorar la falta de un plan de prevención como un "factor coadyudante" en la producción, extensión o difusión de un incendio forestal concreto".

Es decir, que si en un incendio en suelo forestal se detecta que el municipio al que pertenece no contaba con un plan de prevención, esto podría considerarse como un delito.

"Esta Unidad considera que es su deber alertar a las autoridades competentes a fin de fortalecer y hacer efectivas las actuaciones preventivas que traza la normativa de incendios forestales", concluye Vercher.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la circular remitida por la Fiscalía General del Estado a medio centenar de localidades valencianas, no responde sólo a pueblos incluidos en puntos ZAR, las áreas con mayor riesgo de fuego forestal. La iniciativa también tiene un cuenta un estudio del Ministerio de Agricultura en el que subraya las zonas con mayor probabilidad de incendio cruzando tres variables: sequedad del terreno, datos históricos de siniestros y últimos fuegos. 

En el caso de Galicia, la falta de pruebas contra los autores obliga a archivar casi todas las investigaciones.