| Se han generado,
además de los problemas asociados a la precaria urbanización
del soporte donde se asientan, riesgos para la seguridad y salubridad de
la población afectada, derivados de la localización en zonas
con riesgos naturales y del autoabastecimiento de agua en suelos contaminados
por la falta de saneamiento y depuración de las residuales.
Ante este panorama,
la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Marifrán Carazo ha resaltado que el decreto ley pone el acento en
dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación
de los procesos. El objetivo principal es mejorar las condiciones ambientales
y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares. Para
su regularización se impondrán medidas destinadas a corregir
los efectos del crecimiento desordenado e indiscriminado que provoca la
sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo.
Por otro lado,
la aprobación del decreto ley permitirá derogar dos leyes
-la Ley 6/2016 de 1 de agosto y la Ley 2/2018 de 1 de agosto-, un decreto
-2/2012 de 10 de enero- y una orden, de marzo de 2013. Además, este
mismo decreto ley será derogado una vez que se apruebe la nueva
Ley del Suelo, que incluirá todo su contenido. Se trata, por tanto,
de un decreto ley de urgencia, aunque posteriormente será la Ley
del Suelo la que regule esta materia.
TRES PILARES
Para la consejera,
con este decreto ley no se pretende dar una "amnistía", ya que se
priorizará "la actuación inspectora y sancionadora", pero
al mismo tiempo se da una respuesta a la problemática actual sustentándose
la norma en tres pilares.
El primero
parte de la instrucción urbanística aprobada en mayo, que
ampliaba la declaración de asimilado a fuera de ordenación
(AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento
de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir el
delito, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La
declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro
de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el
saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación
y mantenimiento.
Aceptada la
posibilidad de la declaración de AFO para viviendas aisladas en
general, la Junta se ha negado hasta la fecha a admitir dicha declaración
para las edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable y también en las edificaciones situadas dentro de asentamientos
(grupos de edificaciones). Para dichas situaciones había que esperar
a la aprobación del planeamiento general y también del plan
especial o plan parcial que lo desarrollase para poder acceder a los servicios
básicos.
El nuevo decreto
ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular,
aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún
en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción)
o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas
que se asienten sobre suelos de especial protección.
En segundo
lugar, los asentamientos debían figurar en los planes generales
y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar
un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos.
Con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata,
un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga
o no aprobado su PGOU.
Hasta ahora,
había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU,
más los 20 meses que requería un plan especial. A partir
de ahora, el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses,
en colaboración con los ayuntamientos.
Por último,
el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la
incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter
urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU
una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos
o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
Marifrán
Carazo ha recordado que este problema "viene de lejos" y que anteriores
gobiernos han tratado de resolverlo sin éxito hasta en tres ocasiones.
Ha añadido que es voluntad de este nuevo Gobierno priorizar la actuación
inspectora y sancionadora para que no se vuelva a producir el problema,
aplicando así la competencia en materia de disciplina urbanística.
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