Los determinantes esenciales de la accesibilidad urbana son la regulación del uso del suelo (que determina dónde se localizan las firmas y las familias en la ciudad), la oferta e infraestructura de transporte (que determina cómo se mueven las personas y las mercancías al interior de la ciudad) y el mercado de vivienda (que determina la calidad de las viviendas, así como su disponibilidad y su precio). 

Estos tres elementos definen la estructura del RED 2017: el Capítulo 2 estudia los aspectos relacionados con la densidad urbana y la regulación del uso del suelo, el Capítulo 3 analiza la movilidad en las ciudades y el Capítulo 4 estudia los mercados de vivienda. El reporte concluye con un Capítulo adicional que subraya la importancia de contar con esquemas de gobernanza metropolitana para la coordinación de políticas de desarrollo urbano cuyos retos, con frecuencia, superan los límites administrativos de las ciudades.

Si bien los determinantes de la accesibilidad se estudian por separado en cada Capítulo, no son independientes entre sí. La regulación del uso del suelo, por ejemplo, fomenta el desarrollo de uno o varios centros de actividad económica, y por lo tanto afecta el tamaño y el nivel de densidad de la ciudad; la infraestructura de movilidad está correlacionada con la ubicación y el tamaño de las viviendas; y las rigideces del mercado inmobiliario influyen en la formación de asentamientos informales y, en consecuencia, en la estructura urbana. La interdependencia de estos aspectos se discute a fondo en el Capítulo 2.

El foco puesto en el concepto de accesibilidad aparta la atención del debate sobre si las ciudades deben ser compactas o pueden seguir creciendo en extensión. La accesibilidad urbana, de hecho, no está atada necesariamente a ninguna estructura urbana específica, y puede lograrse con distintas formas de ciudad, que reflejen diversos niveles de concentración de la población y del empleo.

Además de esta introducción, este Capítulo incluye otros cuatro apartados. 

En “Patrones de urbanización de largo plazo” se establecen los hechos estilizados que sugieren que, a pesar de que se ha urbanizado aceleradamente en las últimas décadas, Iberoamérica no ha experimentado un desarrollo congruente con su trayectoria de urbanización. El “Marco conceptual” destaca la importancia de la accesibilidad urbana como medida de bienestar. 

El cuarto apartado ofrece un diagnóstico agregado, en el que se comparan algunas características de las ciudades de Iberoamérica con las de urbes de otras regiones del mundo.  

EJEMPLO

Un estudio de la OCDE en 13 países de la región identifica una serie de brechas en la gobernanza de las políticas de agua y destaca la importancia de siete dimensiones: i) brechas administrativas que surgen de las diferencias entre la división administrativa de la ciudad y el área hidrológica; ii) brechas de políticas que reflejan la fragmentación sectorial entre distintos ministerios y agencias; iii) brechas de objetivos entre instituciones con propósitos diferentes que generan trabas para una colaboración más efectiva; iv) brechas de capacidad que se dan sobre todo a nivel local; v) brechas de financiación; vi) brechas de información entre las partes involucradas; y vii) brechas de transparencia. Las primeras tres se relacionan primordialmente con aspectos de coordinación, las dos siguientes se vinculan con restricciones de capacidades y de financiación, y las últimas dos reflejan más bien aspectos asociados a la transparencia y la legitimidad de los arreglos institucionales.

Aunque en la mayoría de las ciudades latinoamericanas coexisten varias de estas brechas, en general los principales problemas se concentran en las brechas de coordinación, tales como la existencia de solapamientos en las responsabilidades y funciones entre diferentes organismos, y la falta de responsabilidades claras que reducen la transparencia y el involucramiento de todos los actores relevantes en los procesos de consulta y definición de políticas. Por ejemplo, mientras que asegurar la participación de los actores relevantes es considerado un problema muy importante en 7 de los 13 países latinoamericanos estudiados, solo uno de los 16 países de la OCDE para los que se dispone de la misma información reporta el mismo grado de problemática.