| Marifrán
Carazo explicó que la aprobación de este decreto-ley conlleva
la derogación de dos leyes y dos decretos ley hoy vigentes, «adelgazando,
simplificando y unificando la normativa en esta materia». Anunció,
además, que esta misma semana se va a dictar una instrucción
permitiendo la declaración de asimilado fuera de ordenación
(AFO) en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable, «haciendo
efectivo lo que hoy recoge la norma al aplicar un nuevo criterio y decisión
política». «Se trata de permitir el reconocimiento AFO
sin tantas cortapisas e impedimentos», añadió tras
apuntar que el reconocimiento AFO permite a los propietarios el acceso
al Registro de la Propiedad y a los servicios básicos (abastecimiento
y depuración de aguas, electricidad y gestión de residuos),
mejorando la calidad de vida y la habitabilidad de las viviendas.
En cuanto a
la solución a los asentamientos en suelo no urbanizable, la consejera
la tildó de «más compleja» puesto que «la
normativa actual no permite otro modo de actuar que incorporar esas urbanizaciones
a los planes generales de ordenación urbana, PGOU, un proceso complejo,
lento y que en numerosos casos ha acabado en PGOUs suspendidos o anulados
por los tribunales, con lo cual se tarda años en solucionar el problema
y la solución nunca llega. Para estos casos no es suficiente una
mera instrucción, es necesario cambiar la actual normativa».
Por eso mismo, informó de que el nuevo Gobierno andaluz tiene prevista
la aprobación de un decreto-ley de adecuación ambiental y
territorial de las actuaciones irregulares que derogará la normativa
anterior (dos leyes y dos decretos) que, además de refundir normas,
solucionará el problema de muchos de estos asentamientos.
Marifrán
Carazo detalló también qué incluirá este decreto-ley.
En primer lugar, se permitirá que pueda ser declarado el AFO en
viviendas irregulares situadas en los asentamientos, favoreciendo el acceso
al Registro de la Propiedad y, con ello, a los servicios básicos.
«Hoy por hoy tenemos muchos ciudadanos viviendo en situaciones de
salubridad inaceptables», lamentó.
Se prevé,
en segundo lugar, resolver el problema de cada asentamiento sin que se
tenga que esperar a la aprobación de los planes generales. Se hará
a través de planes especiales autónomos no dependientes de
esos planes generales. Para Carazo, se trata «de un problema complejo,
que tiene muchas aristas, casi tantas como viviendas irregulares existen
en Andalucía», de ahí que afirmara que «eso supone
analizar y estudiar, casi caso a caso, la situación y circunstancias
de cada una de esas edificaciones y pensar y definir las diferentes soluciones
concretas en los planes especiales».
En esas zonas
se adoptarán, asimismo, «medidas para mejorar la calidad ambiental
de los asentamientos, como reforestaciones, mejora de riberas, de caminos
y otros servicios con coste a cargo de los propietarios, nunca a priori
a cargo de las administraciones», según Carazo, que añadió
que la consejería controlará y evitará que se produzcan
nuevas actuaciones irregulares. «Por ello, vamos a priorizar la actuación
inspectora, creemos que la inspección debe intervenir al principio
de la actuación irregular cuando cause menor perjuicio, actuando
con responsabilidad en materia de disciplina urbanística»,
dijo.
La consejera
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio recordó
finalmente que en estos poco más de cuatro meses de gobierno se
ha reunido con los británicos que viven en municipios del Valle
de Almanzora, en Almería; con los propietarios de las parcelaciones
de Jaén y Córdoba; con los vecinos del Extrarradio de Chiclana;
con los de Conil y los del Palmar en Vejer de la Frontera y también
con el representante de la Coordinadora Andaluza por la Legalización
Urbanística (CALU) que engloba a casi todas las asociaciones de
afectados, para compartir el análisis de esta situación y
hacerles llegar sus propuestas.
Unas medidas
que pretenden acabar con «la inacción que durante casi cuarenta
años se ha generado en torno al problema de las viviendas irregulares
por parte de los gobiernos socialistas». «En Andalucía
no se ha sabido abordar esta situación anómala que afecta
a miles de familias andaluzas. Son unas 300.000 las familias que están
a la espera de que la Junta les resuelva, de una vez por todas, un problema
que pesa como una losa sobre ellas desde hace años, que les priva
de servicios esenciales y les mantiene en una grave inseguridad jurídica»,
denunció la consejera.
Carazo añadió
que lo que más ha faltado para resolver esta situación ha
sido «un Gobierno andaluz valiente» pues «los gobiernos
anteriores han mirado para otro lado, pero este nuevo Ejecutivo, al contrario
que los anteriores, tiene las ideas muy claras y, sobre todo, una firme
y decidida voluntad de arreglar la situación».
ANTECEDENTES
29 de mayo
de 2019
NOTICIA
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NUEVA AMNISTÍA
URBANÍSTICA EN ANDALUCÍA
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debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
• Planes
urbanísticos específicos diferentes a los PGOU para legalizar
lo que queda pendiente de las anteriores amnistías urbanísticas
de Andalucía.
Los intentos
normativos para regularizar las edificaciones en suelo urbanizable se remontan
al año 2003, cuando la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA) previó el régimen de fuera de
ordenación y, tres años después, el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía (POTA) incorporó la necesidad
de controlar los procesos de ocupación y parcelación del
suelo no urbanizable. Se estima un total de 300.000 las que se encuentran
en esta situación irregular y son hasta ahora un mal endémico
del urbanismo sin control que afecta a muchas zonas de Andalucía
como la Axarquía, Almería, la costa de Cádiz o las
parcelaciones de Córdoba y Jaén. El consejero de Presidencia,
Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno
andaluz, Elías Bendodo, anunció ala última iniciativa
aprobada por el Consejo de Gobierno para afrontar la resolución
de este problema que tiene atrapadas a estas viviendas en una maraña
burocrática sin ninguna salida y que se ha encontrado con el silencio
como respuesta hasta el momento, aseguró Bendodo
El objetivo
es alcanzar un equilibrio claro y firme entre la preservación medioambiental
y el derecho de los propietarios de estas viviendas a acceder a servicios
básicos para regularizar así la situación de sus construcciones,
según el consejero de Presidencia, que añadió que
«no se trata de una amnistía general, sino de buscar una solución
que pretende analizar qué viviendas cumplen las condiciones de salubridad
y seguridad y no suponen afección alguna al medio ambiente, ya sea
por su impacto ecológico, paisajístico, por los residuos
que puedan generar o por cualquier otro parámetro, para determinar
así su regularización definitiva».
Para ello,
Bendodo explicó que la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio prevé elaborar planes especiales
autónomos, no dependientes de los planes generales, como vía
más ágil y específica para resolver la situación
de estas viviendas irregulares, al mismo tiempo que se contempla también
ampliar el reconocimiento de la figura ya existente de asimilado fuera
de ordenación (AFO) a los propietarios de estas viviendas. Esta
fórmula se aplicó ya anteriormente para asentamientos en
suelo no urbanizable y, aunque reconoce la situación de ilegalidad
de las edificaciones, permite a sus ocupantes acceder al menos a los servicios
básicos y resolver o minimizar problemas ambientales.
El número
tres del ejecutivo autonómico dejó claro que no se trata
de «un borrón y cuenta nueva, sino de analizar todos los casos
e intentar regularizar las máximas viviendas posibles desde el necesario
equilibrio ambiental y legal». «Queremos dar certidumbre y
arreglar lo que tenga arreglo, evidentemente que la casa que se encuentre
en el cauce de un río habrá que derribarla, pero si está
en uno de sus márgenes tal vez pueda tener una solución»,
aseveró Bendodo.
Además,
abogó por evitar que en el futuro puedan volver a darse este tipo
de construcciones y anunció para ello el reforzamiento sobre estos
asentamientos a través de una labor inspectora y sancionadora más
férrea. La pretendida regulación que va a impulsar la Junta
permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro
de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración
de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen
de obras acorde a su situación.
El consejero
eludió cifrar el volumen de viviendas que pueden ser regularizadas
y apuntó a la intervención esta semana en el Parlamento andaluz
de la titular de Fomento, Marifrán Carazo, que ofrecerá más
detalles sobre esta iniciativa.
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