| El nuevo gobierno
de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía ya trabaja en la elaboración
de una nueva Ley del Suelo para la región y, paralelamente, pondrá
en marcha medidas urgentes en materia urbanística que sirvan para
corregir las actuales «disfunciones»y lograr el «desbloqueo»
de los planes paralizados. Así lo anunció este miércoles
la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Marifrán Carazo, durante su comparecencia en el pleno del Parlamento.
Carazo, que
censuró que el anterior gobierno socialista fue «incapaz»
de aprobar una Ley del Suelo, explicó que su departamento ha decidido
acometer la elaboración de una nueva normativa atendiendo la demanda
de la ciudadanía, los ayuntamientos y los empresarios «ante
el fracaso de la política urbanística». Esta nueva
Ley del Suelo, según añadió, persigue facilitar la
tramitación urbanística y la inversión, generando
empleo en la comunidad bajo los criterios de sostenibilidad ambiental,
económica y social.
«La actual
ley de ordenación urbanística es un texto complejo, farragoso
y poco operativo que no resuelve los problemas del urbanismo andaluz. La
consecuencia es que, a día de hoy, hay en torno a 300 Planes Generales
de Ordenación Urbana atascados y que, de media, los nuevos documentos
de planeamiento tardan en salir adelante casi ocho años, con algunos
casos llamativos como el PGOU de Macharaviaya, un municipio malagueño
de apenas 440 habitantes, que acaba de ser aprobado tras 18 años
de calvario», subrayó.
«El objetivo
de estas medidas es evidente: facilitar el trabajo de todos los que intervienen
en el proceso de los trámites urbanísticos y agilizar su
aprobación», destacó Marifrán Carazo, quien
dijo que contará con la colaboración de las diputaciones
para el establecimiento de procedimientos de gestión más
sencillos y menos complejos para resolver el problema de la ejecución
de los PGOU de los pequeños municipios.
En lo que respecta
a las viviendas en suelo no urbanizable, Carazo dijo que su consejería
está trabajando en buscar una solución y apuntó que
una de las soluciones pasa por permitirles a los propietarios de las mismas
el acceso al régimen de asimilado fuera de ordenación, permitiendo
el registro de la propiedad cuando se cumplan todas las garantías
legales, el acceso a los servicios básicos y adoptando las medidas
correctoras para minimizar el impacto ambiental.
Ha manifestado
que la actual ley de ordenación urbanística de Andalucía
"se revela como un texto complejo y farragoso, inconexo y, lo que es peor,
poco operativo, que no resuelve los problemas del urbanismo andaluz."
Ha denunciado
que hay trescientos planes "atascados en los cajones" de la Consejería
y que la media de aprobación es de ocho años, con "idas y
venidas" de documentos que se paralizan en una "maraña" normativa
y administrativa.
Como ejemplo
ha puesto el de Macharaviaya (Málaga), un municipio de 440 habitantes
"sin tensiones urbanísticas" que ha tardado dieciocho años
en ver aprobado su plan urbanístico.
En cuanto a
las medidas urgentes, se aprobará una instrucción que defina
con claridad qué documentación tienen que presentar los consistorios
para llevar a cabo una modificación urbanística y a la que
se podrá acceder a través de la web de la Consejería.
También
se fijará un modelo de informe que facilite y agilice el trabajo
de los técnicos y juristas de las delegaciones territoriales y que
evite la dispersión actual.
Asimismo, se
van a adecuar los instrumentos de planeamiento general al tamaño
y dinámica de cada tipo de municipio.
En cuanto a
las viviendas en suelo no urbanizable, ha dicho que ya están trabajando
en buscar una solución y aboga por permitirles el acceso al régimen
de asimilado a fuera de ordenación, permitiendo el registro de la
propiedad cuando se cumplan todas las garantías y a los servicios
básicos, pero minimizando el impacto ambiental.
En relación
con las viviendas en suelos no urbanizables, ha señalado que el
Gobierno andaluz ya está trabajando ante este asunto complejo y
ha denunciado que hasta ahora sólo ha habido "parches" porque las
modificaciones legales que llevaron los anteriores gobiernos del PSOE-A
no ofrecieron ninguna solución a la problemática de estas
edificaciones.
Ha anunciado,
en relación con las edificaciones irregulares situadas dentro de
asentamientos urbanísticos, que se va a permitir el acceso a los
propietarios al "régimen de asimilado al fuera de ordenación",
permitiendo el acceso, siempre que se cumplan todas las garantías
legales, al registro de la propiedad y a los servicios mínimos necesarios,
si bien adoptando las medidas correctoras precisas para minimizar el impacto
ambiental de estas actuaciones.
Ha señalado
que hay que afrontar este debate pensando en los usuarios, en las condiciones
de salubridad y de seguridad de esas edificaciones y en el medio ambiente.
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