| Los demandantes
se basan para ello en varias sentencias. La primera de ellas la dictó
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez, y posteriormente
fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en las que se anulaban las licencias y el Estudio de Detalle bajo los que
se autorizaron las obras de la zona central del complejo comercial, y se
instaba a la “demolición de lo ilegalmente construido”, como apuntan
desde Parques 21. Ambas sentencias fueron recurridas, así como la
dictada por el Tribunal Supremo en 2017 en la que se volvía a anular
el Plan Especial, hasta que el pasado 25 de octubre, el Juzgado concluyó
la obligada ejecución de la sentencia. Esta última resolución
también ha sido recurrida por el Ayuntamiento y por Ikea, pero los
propietarios denunciantes insisten en que ese recurso “no suspende la ejecución
de la sentencia” y confiaban en que Urbanismo acatase definitivamente el
cumplimiento de la sentencia, en vez de proceder al trámite que
se llevará hoy a pleno y que en su opinión lleva al Ayuntamiento
“a posicionarse claramente en defensa de los intereses particulares de
la multinacional sueca sin obtener nada a cambio y sin tener en cuenta
los derechos del resto de propietarios del ámbito”.
El por qué
el Ayuntamiento ha seguido adelante en la búsqueda de una solución
que permita legalizar la situación de Luz Shopping obedece, en especial,
al hecho de que Ikea pueda exigirle una indemnización por el derribo
cercana a los 90 millones de euros. Sin embargo, desde Parques 21 sostienen
que esas afirmaciones “no suponen más que una clara demostración
del desconocimiento de la situación”, y culpan directamente a Ikea
de plantear los “instrumentos urbanísticos aprobados”, ya que “era
conocedora de los problemas que su tramitación podía acarrearle”.
En cualquier
caso, los grupos políticos que han decidido respaldar este jueves
la modificación del PGOU que beneficiará a Luz Shopping entienden
que la propuesta planteada es una “salida factible”, y no sólo
aludieron a la cuestión de la demolición, sino también
a la repercusión en el empleo que podría acarrear el cierre
de la zona central. Es más, Raúl Ruiz Berdejo (IU) ha llegado
a reconocer que el Ayuntamiento se encuentra entre la espada y la pared:
“Eso Ikea lo sabe, y así es muy difícil negociar”. Incluso
el PP, que se abstendrá, admite estar de acuerdo en la modificación
del PGOU, aunque lamenta que no se haya tenido en cuenta la opinión
del comercio, ni se haya exigido una compensación a Ikea.
Fuente
|
