La decisión de Grupo Baraka responde, según afirma la empresa en un comunicado, «al inexplicable criterio de RIU en la ejecución de las obras que se están llevando a cabo en el citado inmueble, y que provocó, al fin, la renuncia de la prestigiosa RCCyP al frente de la Dirección Facultativa«. Las «profundas discrepancias» de Baraka con RIU «nacen de la negativa de la propiedad de ejecutar todas las obras de refuerzo y consolidación estructural para adecuarlo a la normativa vigente, y que podrían poner en peligro la estabilidad del edificio, con los riesgos que ello supone», explica la empresa.

En concreto, la promotora decidió llevar a cabo las obras al margen del «Informe de Resultados del estudio realizado sobre los condicionantes que la arquitectura y cimentación del edificio España imponen a su rehabilitación, fecha 9 de febrero de 2017», redactado por Intemac.

Las prescripciones técnicas de este gabinete «de reconocido prestigio y referencia obligada en materia de estructura, que inciden de forma reiterada en la necesidad de realizar refuerzos en todo el edificio, fueron asumidas por la Dirección Facultativa en la redacción del Proyecto Básico de Obras de Consolidación», señala el comunicado, «que sirvió de base a la concesión el 31 de Marzo de 2017 de la preceptiva licencia que solicitó Grupo Baraka, sin la que no podrían haber comenzado siquiera las obras».

Este criterio adoptado por RIU «a buen seguro con el reprobable propósito de primar la reducción de costes y plazos de la ejecución de la obra, en detrimento de la seguridad del inmueble, y pese a los intentos reiterados y fallidos por parte de Grupo Baraka de llegar a una solución de manera amistosa» para que las obras se realizaran cumpliendo con la legalidad vigente, así como con los índices de seguridad, y acorde a los proyectos redactados, ha llevado al Grupo Baraka a solicitar la paralización de las obras.

Baraka asegura que no lo hace «solo en su interés por el inmueble como adquirente de una parte del mismo, sino también para evitar una imperdonable catástrofe si la disminución de la seguridad del edificio derivase en cualquier siniestro».

ANTECEDENTES

El pasado mes de octubre, Baraka alegaba que la renuncia del estudio de arquitectura RCCyP a reformar el espacio se debe a que RIU decidió llevar a cabo las obras al margen de un informe “sobre los condicionantes que la arquitectura y cimentación del edificio España imponen a su rehabilitación, fecha 9 de febrero de 2017", que fue redactado por el Instituto Técnico de Materiales y Construcción (INTEMAC).

Según Baraka, dicho informe recogía una serie de condiciones para las obras (como hacer refuerzos en todo el edificio) que fueron preceptivas para obtener la licencia y que afectarían a la conservación de la fachada frontal y lateral del emblemático edificio. RIU se comprometió a realizar esos trabajos después de que el Gobierno de Manuela Carmena obligara a ello en el marco de su plan de defensa del patrimonio histórico y cultural de Madrid. En cambio Wanda, que se negó a acatar dicha condición, salió de la operación y vendió a RIU el edificio en junio de 2017 por 272 millones.

RIU, sin embargo, afirmó que las acusaciones de Baraka son “absolutamente falsas”. Añade que el edificio “se está reforzando del todo, de abajo a arriba, tanto para la zona comercial como para la zona de hotel”. Aunque reconoce que, si bien el edificio fue “ejemplarmente construido en su época” y “está excelentemente conservado”, es necesaria “una reforma en profundidad (…) y por ello se está poniendo en práctica este refuerzo en cimentación, pilares, vigas y forjados".

RIU también tachó de “temeraria” la acusación de Baraka, y remarca que tiene la "total confianza en la dirección facultativa de la obra", formada por un arquitecto director del proyecto, un ingeniero de Caminos redactor del proyecto de estructuras y un arquitecto técnico director de ejecución material.