| Recuperar
la política de vivienda
Que el aumento
de los precios de la vivienda es resultado de la ley de la oferta y la
demanda es inobjetable. Pero para entender la espiral de precios que se
vive en España, sobre todo en los alquileres de algunas grandes
ciudades, es preciso indagar en tres fuerzas que han sacudido al mercado
en los últimos tiempos.
La primera
son las secuelas de las recientes crisis económicas, que empujaron
a muchos jóvenes y familias, sobre todo de bajos recursos, al mercado
del alquiler. No lo hicieron por voluntad propia, sino que fue resultado
de una realidad que se ha impuesto ante la crudeza de la crisis y frente
a la cual fueron abandonados por las políticas públicas.
Esa sería
la segunda fuerza, unas políticas públicas que en los últimos
cinco años han sido inexistentes, en el mejor de los casos, o contraproducentes,
en el peor: se desprotegió al arrendatario reduciendo el plazo del
contrato de arrendamiento, sin que por ello se produjera un aumento ostensible
en la oferta de alquiler; se recortaron las ayudas públicas en un
61% entre el Plan Estatal actual y las del cuatrienio 2009-2012; se despreció
el parque público de viviendas, permitiendo un derrumbe del 82%
en la construcción de vivienda protegida entre 2013 y 2017 con relación
a los cinco años previos (2008-2012) y enajenando su stock a fondos
de inversión; y eludió el Estado su obligación de
normar las condiciones mínimas en tanto recurría ante el
Tribunal Constitucional las iniciativas autonómicas.
Los resultados:
el parque de vivienda social sólo es de un 2,5% del stock total
de vivienda, insuficiente para hacer una política pública
efectiva para contrarrestar la presión social de demanda de alquiler.
Sin apenas vivienda a precios asequibles, los inquilinos recurrieron a
un mercado libre donde los precios no hacen más que subir.
Aquí
surge la tercera fuerza: plataformas como Airbnb han exacerbado la tendencia
al alza de los precios en ciertas urbes al desviar la oferta de vivienda
a satisfacer la demanda de turistas. La evidencia es abrumadora: estudios
publicados por la Universidad de Massachusetts sobre Boston, la Harvard
Law & Policy Review sobre Los Ángeles o la Universidad McGill
sobre Nueva York han contrastado ese fenómeno y han recomendado
regular esa actividad, sobre todo cuando, como en España, empieza
a estar copado por empresas turísticas y no por anfitriones particulares.
Con los precios disparados, llegó la asfixia social: un 43% de los
hogares españoles que alquilan a precios de mercado gastan más
de un 40% de su renta disponible en el alquiler, muy por encima del 28%
de la Unión Europea.
Ante este diagnóstico,
prescribir que la solución pasa por incrementar la oferta es intachable.
Pero construir vivienda lleva tiempo. En esa estrategia de medio plazo,
el Gobierno ha planteado incorporar 20.000 viviendas de alquiler asequible
a su parque público bajo esquemas de todo tipo en el que también
participará Sepes, ICO y el sector privado.
Pensando en
el futuro más inmediato, la alternativa pasa por diseñar
una estructura de fiscalidad que, desde el Gobierno, hemos planteado mayormente
bajo esquemas de estímulos positivos como forma más eficaz
y rápida de ampliar la oferta de alquiler. Si pese a esos esfuerzos,
junto con la utilización de viviendas de Sareb, continuara la presión
al alza en los precios de los alquileres, hemos abierto la posibilidad
de declarar, de manera “temporal y excepcional”, una zona urbana como tensionada
con el objeto de establecer un sistema de control de precios. Dicho instrumento,
si va acompañado de correctos incentivos para su cumplimiento, pretende
contribuir a evitar prácticas oportunistas y abusivas por parte
del arrendador, y limitar los aumentos de precios sin que se contraiga
la oferta de vivienda de alquiler.
Con todo, no
basta con incrementar la oferta de vivienda. Estamos reforzando el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 con una orientación social e incrementando
su dotación presupuestaria, ya se acordó ampliar los plazos
en los contratos de arrendamiento para ofrecer estabilidad al arrendatario
y vamos a dar un trato más humano en los desahucios de familias
vulnerables.
Sin duda, son
retos muy ambiciosos pero necesarios, y cuyo objetivo es recuperar una
política activa de vivienda que cumpla con el mandato constitucional
de garantizar una vivienda digna a todos los españoles y termine
con la inacción e inoperancia del pasado.
Fuente: https://elpais.com/economia/2018/10/26/actualidad/1540565327_537411.html
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