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20 de septiembre de 2018
 
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BARCELONA IMPONE A LOS PROMOTORES UN 30% DE VIVIENDA SOCIAL
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  • La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) confirma que los promotores se resignan anticipando sus licencias ante el problema que ha planteado el ayuntamiento de Barcelona para destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas promociones en suelo consolidado. 
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en la Comisión de Urbanismo una modificación del planeamiento para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los pisos que construyan a vivienda asequible. La normativa que tramita el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar el 30 % de una promoción nueva a vivienda social ha provocado un crecimiento de las peticiones de licencias de obras en Barcelona por parte de constructores y promotores con el fin de anticiparse a esa normativa.

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Es una medida que busca ampliar el parque público de vivienda social y que está prevista en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda, de 2007, pero que hasta la fecha nadie ha aplicado. El trámite se ratificará en el pleno del Ayuntamiento. Pero faltará el sí definitivo de la Generalitat, que hasta la fecha ha expresado recelos a cambiar las reglas a los promotores privados. Las empresas, por su parte, han puesto el grito en el cielo, asegurando que perderán dinero en los suelos donde tenían la expectativa de levantar vivienda 100% libre.

Además de las reservas para construir vivienda asequible, la comisión también ha aprobado declarar la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto, para que el ayuntamiento tenga derecho de compra preferente en algunos solares o edificios. Una medida que busca también evitar operaciones de compraventa especulativas que expulsen vecinos, operaciones en el mercado negro y condiciones favorables para conseguir solares (y censar los vacíos) o pisos para destinar a alquiler asequible.

La medida se aplicará durante seis años e incluye edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificios en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y vivienda protegida.

La normativa que tramita el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar el 30 % de una promoción nueva a vivienda social ha provocado un crecimiento de las peticiones de licencias de obras en Barcelona por parte de constructores y promotores con el fin de anticiparse a esa normativa.

En una entrevista concedida a Efe, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), Lluís Marsà, ha asegurado que "se están solicitando muchas licencias (en Barcelona) por la problemática del 30 % de vivienda protegida".

"Esto se está precipitando. Sabemos que se están presentando más proyectos o anticipando la presentación de proyectos", ha asegurado Marsà, que entiende que esta iniciativa municipal "va contra la ley catalana de urbanismo y contra la ley estatal del suelo", por lo que APCE se reserva emprender acciones legales si la normativa sale adelante.

El pasado mes de julio el gobierno municipal logró superar el primer trámite para obligar a los promotores de obra nueva residencial o grandes rehabilitaciones a destinar el 30% de los pisos a vivienda social, aunque para salir adelante necesita ahora ser aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento y luego por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.

No obstante, Marsà ha matizado que esta propuesta del equipo de gobierno municipal no afecta en la práctica a toda la ciudad, ya que algunas zonas, como la cercana a Glòries, La Marina del Prat Vermell o la Vila Olímpica, entre otras, ya tenían su propia carga de vivienda protegida, aunque sí a otras como el Eixample.

Por otra parte, Marsà ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a "tomar ejemplo" de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y a "transformar algunas zonas industriales bastante obsoletas en zonas residenciales".

"Tenemos que preparar suelos para que, si hay demanda, podamos urbanizar y de esta forma evitar las tensiones de precios", ha considerado Marsà.

Respecto al precio de la vivienda nueva en Barcelona, Marsà ha comentado que aún tiene margen al alza, porque los precios están "un 27 % por debajo de los máximos alcanzados" en pleno boom inmobiliario.

En cambio, el alquiler sí ha recuperado los precios de aquella época, ha añadido, aunque ha negado que exista una 'burbuja' en el precio del alquiler.

En cuanto al conjunto de Cataluña, "vamos tendiendo hacia una normalización" del mercado inmobiliario, ha asegurado Lluís Marsà.

El diagnóstico de APCE es que se ha recuperado la actividad en el área metropolitana de Barcelona, en Girona y en algunas capitales de comarca, pero que aún hay una parte del territorio catalán "descolgada de la recuperación".

APCE calcula que en 2018 se habrán iniciado entre 14.000 y 15.000 viviendas nuevas en Cataluña, frente a las 11.340 de 2017, pero Marsà cree que para hablar de demanda "normal" en Cataluña se deberían iniciar entre 24.000 y 25.000 viviendas al año, aunque desconoce cuándo puede alcanzar este nivel Cataluña. EFE

 
ANTECEDENTES 29 DE JUNIO DE 2018 
 
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LOS PROMOTORES CATALANES DUDAN SOBRE LA ESTRATEGIA EN BARCELONA
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de Promotor inmobiliario
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Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre la problemática de pleitear con los ayuntamientos.
La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) no acaba de dar respuesta al problema que ha planteado el ayuntamiento de Barcelona para destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas promociones en suelo consolidado. La indignación es generalizada porque se teme que cunda el ejemplo en otras ciudades. ¿Qué hacer? Lo primero anticiparse a pedir licencia para que no les pille, es lo que han hecho la mayoría. ¿Y el resto? Hay dos soluciones, una es esperar un año a ver si en las nuevas elecciones solucionan el problema por sí solo. Esta parece ser que puede ser la solución en Madrid al problema del sudeste. Es la más barata y evita enemistarse con quien tiene que darte las licencias, nos dice un promotor. Otra solución es hacer de verdad lo que se anuncia en la prensa, llevar a juicio a los ayuntamientos. Es solución supone estancar el problema durante 10 años y el único que pierde es el promotor. Así que en el caso de Barcelona, según fuentes consultadas, van a dejar que pase un año presentando alegaciones para que parezca que se quejan y dentro de un año, si nada cambia, entonces irán a los tribunales.

Elena Massot, consejera delegada de Vertix y vicepresidenta de la junta de la asociación, ha reiterado este jueves  en un debate en el Col•legi d'Arquitectes de Catalunya sobre 'L'Habitage Protegit en Sòl Urbà Consolidat. El Cas de Barcelona', que la asociación está en contra de la propuesta del Ayuntamiento. "Y defendemos medidas alternativas", ha comentado, aunque no ha concretado,  antes de recordar que la capital catalana tiene suelo para llevar a cabo 20.000 viviendas protegidas de las que 7.000 cuentan con los requerimientos urbanísticos necesarios para llevarse a cabo de forma inmediata.

Massot ha reconocido que el valor de la vivienda es elevado en Barcelona pero "en gran parte se debe a que la burocracia municipal con las licencias es larguísima y costosa. Hay promotores que pueden hacer vivienda protegida y están dispuestos a hacerlo", ha comentado. Para los empresarios del sector, la propuesta del ayuntamiento barcelonés "no resolverá el problema de la vivienda en la ciudad, si no que tendrá un efecto contrario, ya que, por una parte, podría provocar una parálisis de la actividad del sector, y por otra,  añadir aún más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que esta medida generará entre oferta y demanda". 

La ofensiva legal que están dispuestos a acometer los promotores, no impide al Ayuntamiento barcelonés considerar que el respaldo jurídico de la medida propuesta es total: "Estamos seguros de que habrán muchas demandas contra la medida y que tendremos que batallar ante los tribunales, pero acabará consolidándose", ha explicado en esas mismas jornadas Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. 

Según Burón, la ley del derecho a la vivienda del 2007 ampara la decisión municipal. También lo hacen actuaciones similares realizadas en otros municipios españoles. En este sentido, ha recordado la experiencia de Vitoria-Gastei, población que contaba con 125.000 habitantes y gracias a una iniciativa similar, en la que se obligó a hacer hasta un 80% de vivienda protegida, la ciudad duplicó su población. 

Burón ha recordado que la situación del mercado inmobiliario de Barcelona es alarmante en este momento: solo una de cada 99 viviendas es protegida y si se cuentan las ayudas, la cifra asciende a dos de cada 90, cuando el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya exige llegar al 15% de vivienda social en 15 años. Y Todo ello cuando Barcelona solo tiene capacidad para añadir 35.000 viviendas más. "Es necesario afrontar el debate de la vivienda social", ha planteado Burón.

En este mismo sentido se ha expresado Dolors Clavell, responsable de Clavell Consulting, consultora que ha tenido participación en la elaboración de la propuesta municipal, quien ha destacado que es imprescindible ir más allá de "la política asistencial", que se dedica a cubrir emergencias en los casos más acuciantes, y llevar a cabo "cambios estructurales más propios de una política de vivienda del siglo XXI".  

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