| Según
el País, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, Colau impulsó
un manifiesto contra la especulación del capital internacional de
la vivienda que fue trasladado a Naciones Unidas. De París, Colau
alaba que frenara la subida del alquiler y obligara a los promotores privados
a hacer un 30% de vivienda social. A Berlín, Colau la cita como
ejemplo de ciudad que ha conseguido limitar las subidas del alquiler. Pero,
pese a las buenas intenciones, no son medidas sencillas de aplicar. Esta
es la situación de las cuatro ciudades.
PARÍS.
Los precios
de compra en París hacen que la mayoría de vecinos (60%)
no tenga otra opción que alquilar. Pero no es una decisión
fácil, ni barata. Sobre todo, desde que la justicia frenó,
a finales del año pasado, la ley que permitía una limitación
de los alquileres, fijada por el gobierno del socialista François
Hollande. La normativa buscaba evitar que el precio del alquiler se disparara,
después de que los arrendamientos subieran un 50% en la última
década. El reglamento establecía que, en zonas con tensión
por la falta de oferta inmobiliaria accesible, el precio del alquiler no
podía exceder más de 20% de un precio de referencia fijado
por decreto, ni tampoco ser inferior en 30%. París empezó
a aplicarla en agosto de 2015. Pero en diciembre un tribunal echó
por tierra la norma, dándole la razón a las asociaciones
de propietarios y a las de agencias inmobiliarias que la habían
recurrido.
El efecto ha
sido inmediato. Según el Observatorio de Alquileres del Núcleo
urbano de París, los precios han aumentado un promedio de 2,5% en
lo que va de año. Otro estudio de la Asociación Nacional
de Defensa de los Consumidores (CLCV) reveló que casi 520 de los
mil pisos ofrecidos en alquiler en París proponían alquileres
superiores a los límites establecidos hasta el año pasado.
De media, los alquileres son 128 euros más caros del límite
mensual. El Ayuntamiento ha anunciado que volverá a imponer los
límites al alquiler en el otoño, aprovechando que la nueva
ley inmobiliaria da un mayor margen de acción a las ciudades. Pero
no está claro si esta medida es la solución al problema,
porque cuando se controlan los precios, muchos pisos desaparecen, según
se constató mientras duró la normativa.
BERLÍN.
El 1 de junio
de 2015 entró en vigor una ley casi revolucionaria que alegró
la vida a millones de personas en Alemania obligadas a pagar un alquiler
por una vivienda, la llamada Mietpreisbremse (freno de los alquileres).
La ley limita las subidas de los nuevos contratos al 10% del alquiler medio
de la zona de la vivienda y solo se puede aplicar en los contratos nuevos,
en zonas con un mercado inmobiliario “tenso” y si la vivienda no se ha
renovado. A pesar de las buenas intenciones, amenazas de multas y una cierta
disposición para castigar a los propietarios, la ley no logró
cumplir con sus objetivos.
En Berlín,
el precio del alquiler, a pesar de todas las disposiciones legales ha aumentado
en los últimos cinco años más de un 20%o. Peor aún,
para encontrar una vivienda barata se necesita mucha suerte o mucho dinero
para pagar sobornos.
La ley causó
irritación en las agencias inmobiliarias, pero también entre
los inquilinos. El presidente de la Federación Alemana de Inquilinos,
Franz-Georg Rips, dijo que la medida legal no había funcionado y
calificó la iniciativa del gobierno de “insatisfactoria”. Según
Rips, el cálculo de los precios medios se basa en datos obsoletos,
la posibilidad de tomar acciones legales contra el propietario es complicada
y la descripción de las excepciones permite un alto grado de arbitrariedad.
LONDRES.
Clases medias
expulsadas al extrarradio, escasez de oferta, una generación apodada
Generation Rent porque no pueden comprar y que como inquilinos están
desprotegidos (el contrato de alquiler parte de seis meses y, entre depósito
y otras tasas, se ven obligados a adelantar el equivalente a casi 4.000
euros). Barrios que en pro de la regeneración urbanística
venden el parque público a promotores privados que reducen el número
de viviendas sociales. E incluso familias que, pese a trabajar a jornada
completa, no tienen hogar (según la organización benéfica
Shelter, en Inglaterra hay más de 33.000 familias trabajadoras que
viven en alojamientos temporales o de emergencia, y el 60% de ellas están
en Londres). Son muchos los problemas que han convertido la llamada “crisis
de la vivienda” en uno de los temas que más preocupan a los londinenses.
El alcalde
de la ciudad, el laborista Sadiq Khan, se ha comprometido a poner en marcha
10.000 nuevas viviendas públicas hasta 2022 (en los últimos
siete años, solo se han construido 2.100). Desde que comenzó
su mandato se ha asegurado fondos gubernamentales por valor de 5.300 millones
de euros para promover la creación de 116.000 nuevas viviendas asequibles
y sociales antes de 2022 (tanto para venta como para alquiler). Ha creado
un programa de alquiler para clases medias llamado London Living Rent que
regula el precio máximo de la renta situándolo por debajo
del de mercado y ofrece contratos mínimos de tres años. También
ha lanzado una iniciativa que permite denunciar de forma anónima
a caseros abusivos para acabar con las malas prácticas en el mercado
del alquiler. Además, ha puesto en marcha una medida para dar voz
a los vecinos que se enfrentan a la demolición de sus viviendas
porque la autoridad local se ha aliado con un promotor privado para regenerar
la zona. Se lee como una reacción a casos tan controvertidos como
el de Heygate State, en el área de Elephant & Clastle, donde
se derribaron 1.194 viviendas sociales y solo se ofrecieron 74 para reemplazarlas.
NUEVA YORK.
Bill de Blasio
llegó la alcaldía de Nueva York con la promesa de elevar
el stock de viviendas asequibles (una figura regulada, a medio camino entre
las viviendas sociales y las libres). El plan avanza, pero no tan rápido
como esperaba el demócrata. La ciudad cuenta con cerca de un millón
de viviendas con un alquiler regulado. No hay un tope, pero su precio solo
puede elevarse en pequeños incrementos cada año que se negocia
con los propietarios.
Es el mayor
sistema regulado en Estados Unidos y se ofrece incluso asistencia legal
gratuita a los inquilinos con problemas. Pero estas protecciones no funcionan
como deberían en los vecindarios gentrificados. Hay un intenso debate
político en la ciudad para cambiar las reglas que gobiernan este
tipo de alquileres, porque se corre el peligro de que este tipo de apartamentos
desaparezcan si a los propietarios no les sale a cuenta.
De Blasio destinó
el año pasado el equivalente a 1.400 millones de euros a proyectos
para elevar el número de apartamentos asequible. Pero eso no evitó
que siguiera subiendo el dinero que los neoyorquinos destinan de media
al alquiler (el 65% de sus ingresos, cuando la media nacional no llega
al 30%). El cálculo excluye la vivienda estrictamente pública,
donde el problema es la degradación acelerada del parque.
La crisis de
la vivienda en Nueva York se explica también porque el coste de
las construcciones crece mientras las ayudas federales merman. Eso obliga
al alcalde a movilizar más dinero del previsto a preservar o construir
apartamentos asequibles. Y eso pese a que la economía de la ciudad
es muy robusta y a que las nuevas construcciones por ley deben incluir
una porción de apartamentos asequibles. El problema es, como en
Barcelona, que tampoco hay suelo libre para nuevas promociones.
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