"Es un instrumento
muy potente, positivo y ambicioso que permitirá solucionar buena
parte de los problemas urbanísticos de Galicia", sostuvo Feijóo.
Sustituirá a las normas subsidiarias y complementarias provinciales
del año 1991 que todavía están en vigor para los municipios
que carecen de planes municipales de ordenación, lo "que evitará
la comisión de disparates" y dará seguridad jurídica
para que no se paralice un concello sin PXOM, según el presidente
de la Xunta tras la reunión semanal del Consello.
Este planeamiento
urbanístico genérico está pensado para aplicarse directamente
en 38 ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que se rigen por normas
subsidiarias de 1991 y, de forma complementaria, para otros 177 concellos
que están sujetos a normas subsidiarias o planes de ordenación
obsoletos sin adecuar a la Lei do Solo. Durante su tramitación,
el documento recibió un millar de alegaciones y se aceptaron cerca
de 700.
Una de las
ventajas derivadas de este Plan Básico Autonómico es que
permitió identificar la totalidad de los núcleos de población
que existen en Galicia, que ahora son "39.000 largos", en palabras del
presidente de la Xunta, superando ampliamente las cifras oficiales conocidas
hasta ahora. "Empezamos con 29.000, luego pasamos a 30.000, después
a 32.000 y ahora tenemos más de 39.000 núcleos cartografiados",
indicó Feijóo al término del Consello.
Galicia será
la "única comunidad que tiene un Plan Básico Autonómico",
con el que ofrece, "información, transparencia y agilidad" a las
cuestiones urbanísticas, delimitando los "diferentes usos del suelo"
y marcando líneas de edificación, entre otros fines, lo que
supondrá beneficios en materia urbana para todos los núcleos
de población de Galicia, explicó el presidente.
Este plan básico
puede servir además de guía a los alcaldes cuando se pongan
a redactar el suyo porque pretende ser "un modelo para construir lugares
mejores" y porque recoge "toda las afecciones de las diferentes normas
sectoriales que afectan al territorio: costas, aguas, infraestructuras"
y ya se adapta a las últimas reformas normativas (directrices del
territorio).
Entre los criterios
generales que se fijan para la actividad constructora destacan una altura
máxima de dos pisos en los edificios de nueva construcción.
En las zonas del rural gallego solo se permitirán viviendas de planta
baja, con un primer piso y posibilidad de habilitar el bajo cubierta. También
se prohíben las buhardillas, usar piezas cerámicas en el
revestimientos de los muros del cierre, donde se aconseja emplear granito,
las cubiertas de las viviendas deben ser de teja, losa, cobre o zinc y
no se permitirá "prolongar en el tiempo situaciones provisionales
como paredes sin revestir o pintar ni edificios de plantas altas sobre
una planta baja sin cerrar".
Las nuevas
calles con un largo superior a 10 metros tendrá arbolado. Las fincas
edificadas podrán tener cierres para proteger su intimidad, pero
la altura máxima será de 1,5 metros, y a partir de ahí,
si se desea mayor protección se podrá elevar un metro más
a cuenta de árboles o mallas metálicas.
EFECTOS
El Gobierno
gallego se encargará de elaborar el plan urbanístico de aquellos
municipios de menos de 5.000 que lo soliciten. Además, la Administración
autonómica pone a disposición de los ayuntamientos que no
tengan PGOM una serie de ordenanzas orientadas a cubrir las normas provisionales
no adaptadas a la Ley del Suelo y que, hasta este momento, estaban sujetas
a las disposiciones provinciales vigentes desde 1991.
De ello ha
dado cuenta el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
al término de la reunión semanal de su ejecutivo, que ha
aprobado definitivamente la norma una vez superado el plazo de exposición
pública en el que fueron atendidas "el 70 por ciento" de las 1.000
alegaciones presentadas.
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