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13 de agosto de 2018
 
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LA FUTURA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA QUEDARÁ PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Aunque no se anticipasen las elecciones y se celebrasen en mayo del próximo año, es prácticamente imposible aprobar esta importante ley en la presente legislatura. A día de hoy, tras el período de consulta pública, el documento se encuentra en estos momentos en la Secretaría General Técnica de la Consejería y posteriormente tendrá que pasar por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Consultivo para, finalmente, llegar de nuevo al Consejo de Gobierno, que lo remitirá al Parlamento. 
La futura ley del suelo de Andalucía persigue tres objetivos: la simplificación y agilización de los trámites administrativos. Entre las principales novedades que incorpora el texto, ha destacado la fusión de los trámites ambientales y urbanísticos en la regulación del procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, “lo que ha permitido eliminar trámites, como el de ratificación de informes”. Otra medida, que puede contribuir a la eliminación de trabas burocráticas; una de las tradicionales demandas del sector, es la división del actual PGOU en dos instrumentos: el Plan de Ordenación Estructural y el Plan de Ordenación Urbana.


Destaca la creación del Plan Básico de Ordenación Urbana, un instrumento pensado para los municipios menores de 5.000 habitantes que no están enclavados en un entorno metropolitano ni en el litoral. “Hasta este momento, estos municipios tienen que aprobar un documento con las mismas determinaciones y siguiendo el mismo procedimiento que grandes ciudades, como Sevilla y Málaga. 

El régimen transitorio de la nueva Ley es respetuoso con los planes ya aprobados y los que se encuentran en tramitación. Los planes ya aprobados mantienen su vigencia y ejecutividad, y aquellos que se encuentren en tramitación podrán continuar según la regulación actual, siempre que su aprobación se produzca antes de tres años tras la entrada en vigor de la nueva Ley. 

Hay cambios que se incorporan en lo relativo la iniciativa y el procedimiento para la delimitación de los ámbitos de transformación urbanística, cómo se aborda la vivienda protegida, o el silencio positivo para los proyectos de urbanización y reparcelación, y también para las licencias en consonancia con la legislación estatal.

 
ANTECEDENTES 26 de junio de 2018 
 
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¿DARÁ TIEMPO A REFORMAR LA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA?
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Esta es la pregunta que planteó un promotor inmobiliario al consejero de urbanismo de Andalucía ante el posible adelanto electoral. La respuesta fue positiva pero es cuestionable en caso de suspensión del parlamento andaluz por nuevas elecciones. Según varias fuentes, el plan era presentar la reforma de la ley del suelo de Andalucía a principios de este año pero los ayuntamientos lo han frenado.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha expuesto las principales novedades del Anteproyecto de Ley de Urbanismo en un almuerzo informativo con la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Según ha dicho, "se quiere elaborar un texto que cuente con un amplio respaldo político y social y que sirva para dar una mejor respuesta a las principales asignaturas pendientes que la práctica urbanística tiene en la región". Sobre el estado de tramitación del texto, Fiscal ha explicado que, tras el período de consulta pública, el documento se encuentra en estos momentos en la Secretaría General Técnica de la Consejería y posteriormente tendrá que pasar por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Consultivo para, finalmente, llegar de nuevo al Consejo de Gobierno, que lo remitirá al Parlamento.

El titular de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha afirmado que el texto persigue tres objetivos: la simplificación y agilización de los trámites administrativos, el desarrollo económico de la comunidad autónoma, de la mano de la sostenibilidad "como garantía de un progreso firme y duradero". Entre las principales novedades que incorpora el texto, ha destacado la fusión de los trámites ambientales y urbanísticos en la regulación del procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, "lo que ha permitido eliminar trámites, como el de ratificación de informes". Otra medida, que puede contribuir a la eliminación de trabas burocráticas; una de las tradicionales demandas del sector, es la división del actual PGOU en dos instrumentos: el Plan de Ordenación Estructural y el Plan de Ordenación Urbana. 
El consejero también se ha referido a la creación del Plan Básico de Ordenación Urbana, un instrumento pensado para los municipios menores de 5.000 habitantes que no están enclavados en un entorno metropolitano ni en el litoral. "Hasta este momento, estos municipios tienen que aprobar un documento con las mismas determinaciones y siguiendo el mismo procedimiento que grandes ciudades, como Sevilla y Málaga. En la Consejería hemos entendido que no es justo prestar el mismo tratamiento a todos los municipios, sino que debemos legislar pensando en la heterogeneidad de la planta municipal de Andalucía", ha indicado. Asimismo, el titular de Medio Ambiente ha destacado que el régimen transitorio de la nueva Ley es respetuoso con los planes ya aprobados y los que se encuentran en tramitación. "Los planes ya aprobados mantienen su vigencia y ejecutividad, y aquellos que se encuentren en tramitación podrán continuar según la regulación actual, siempre que su aprobación se produzca antes de tres años tras la entrada en vigor de la nueva Ley", ha informado. Entre otras cuestiones, también ha abordado los cambios que se incorporan en lo relativo la iniciativa y el procedimiento para la delimitación de los ámbitos de transformación urbanística, cómo se aborda la vivienda protegida, o el silencio positivo para los proyectos de urbanización y reparcelación, y también para las licencias en consonancia con la legislación estatal. 

Entre las principales novedades que incorpora el texto, ha destacado la fusión de los trámites ambientales y urbanísticos en la regulación del procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, “lo que ha permitido eliminar trámites, como el de ratificación de informes”. Otra medida, que puede contribuir a la eliminación de trabas burocráticas; una de las tradicionales demandas del sector, es la división del actual PGOU en dos instrumentos: el Plan de Ordenación Estructural y el Plan de Ordenación Urbana.

El consejero también se ha referido a la creación del Plan Básico de Ordenación Urbana, un instrumento pensado para los municipios menores de 5.000 habitantes que no están enclavados en un entorno metropolitano ni en el litoral. “Hasta este momento, estos municipios tienen que aprobar un documento con las mismas determinaciones y siguiendo el mismo procedimiento que grandes ciudades, como Sevilla y Málaga. En la Consejería hemos entendido que no es justo prestar el mismo tratamiento a todos los municipios, sino que debemos legislar pensando en la heterogeneidad de la planta municipal de Andalucía”, ha indicado.

Asimismo, el titular de Medio Ambiente ha destacado que el régimen transitorio de la nueva Ley es respetuoso con los planes ya aprobados y los que se encuentran en tramitación. “Los planes ya aprobados mantienen su vigencia y ejecutividad, y aquellos que se encuentren en tramitación podrán continuar según la regulación actual, siempre que su aprobación se produzca antes de tres años tras la entrada en vigor de la nueva Ley”, ha informado. Entre otras cuestiones, también ha abordado los cambios que se incorporan en lo relativo la iniciativa y el procedimiento para la delimitación de los ámbitos de transformación urbanística, cómo se aborda la vivienda protegida, o el silencio positivo para los proyectos de urbanización y reparcelación, y también para las licencias en consonancia con la legislación estatal.

El consejero ha reconocido la colaboración y la lealtad institucional que durante toda la tramitación de la futura Ley han mostrado la CEA y Fadeco. Asimismo, ha subrayado que “es un texto normativo que constituye uno de los principales proyectos de legislatura de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pero también es un proyecto prioritario para el Gobierno andaluz, por su interés, su calado social, y su proyección de futuro”.

Sobre el estado de tramitación del texto, José Fiscal ha explicado que, tras el período de consulta pública, el documento se encuentra en estos momentos en la Secretaría General Técnica de la Consejería y posteriormente tendrá que pasar por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Consultivo para, finalmente, llegar de nuevo al Consejo de Gobierno, que lo remitirá al Parlamento.  

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