"El reto es ajustar esa infraestructura a una oferta de carácter equilibrado, así como mejorar la calidad de la gestión, contribuir a un impulso de la oferta turística y asegurar la sostenibilidad económica del sistema portuario andaluz, ha resumido.

Ha destacado también que hay 565 empresas vinculadas directamente a la náutica de recreo, que generan 2.810 puestos directos y unos 300 millones de euros de ingresos anuales.

Por todo ello, ha defendido la necesidad de resolver el "limbo jurídico" en el que se quedarían estas concesiones si la disposición transitoria de la Ley de Costas entra en vigor en próximas fechas.

"Ante esta situación de inseguridad jurídica, queremos ofrecer un solución legislativa", ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que no solucionarlo podría provocar que los concesionarios interpusieran "miles de demandas contra la Administración andaluza, que en caso de ganarlas provocaría un verdadero perjuicio a los bolsillos de los andaluces", que ha cifrado en unos 1.000 millones de euros.

Ha recordado además que la fórmula establecida en la proposición de ley es "idéntica" a la que se aprobó hace un año en Canarias y que ha resuelto el problema, tras lo que ha aclarado que no se pretenden establecer prórrogas indefinidas, sino respetar las concesiones "ya concedidas".