| EDITORIAL
DE EL PAÍS
El mercado
del alquiler necesita con cierta urgencia clarificar la definición
de lo que es un piso turístico, con el fin de que pueda ser regulado
como actividad económica; y sin duda es necesario coordinar las
múltiples legislaciones autonómicas, porque el desorden legislativo
favorece casi siempre la infracción y la evasión tributaria.
Nada hay que oponer a la iniciativa declarada tanto desde Fomento como
desde Industria de poner coto a los desmanes de los pisos turísticos,
cuya explosión de precios está identificada como una de las
principales causas del encarecimiento, casi especulativo (en torno al 18%
en 2017), de los alquileres en España. Dado que el alquiler es hoy
la forma más asequible de acceso a la vivienda de trabajadores y
profesionales castigados por la crisis y también un resorte de seguridad
para evitar una burbuja inmobiliaria, la intención del Gobierno
está plenamente justificada.
Pero la presión
actual de los precios de alquiler no puede corregirse tan solo con actuaciones
parciales, por muy correctas que sean, tal como la ampliación de
los períodos de los contratos. El problema es de fondo: la demanda
de alquileres crece a mayor ritmo que la oferta, y esa tensión solo
puede resolverse aumentando de forma sustantiva el volumen de pisos que
pueden alquilarse en el mercado. Dicho con más precisión:
la oferta privada de pisos en alquiler tiene que ser completada con un
aumento de la oferta de vivienda pública para alquilar. Porque se
trata no solo de enfriar los precios mediante un aumento de la oferta sino
también de ofrecer alquileres más bajos que puedan competir
con la presión especulativa de quienes acumulan vivienda para arrendarla
confiando en un aumento persistente del precio.
El mercado
de la vivienda pide pues una acción coordinada en varias direcciones.
Y una negociación política a varias bandas que no será
sencilla.
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