Elena Massot,
consejera delegada de Vertix y vicepresidenta de la junta de la asociación,
ha reiterado este jueves en un debate en el Col•legi d'Arquitectes
de Catalunya sobre 'L'Habitage Protegit en Sòl Urbà Consolidat.
El Cas de Barcelona', que la asociación está en contra de
la propuesta del Ayuntamiento. "Y defendemos medidas alternativas", ha
comentado, aunque no ha concretado, antes de recordar que la capital
catalana tiene suelo para llevar a cabo 20.000 viviendas protegidas de
las que 7.000 cuentan con los requerimientos urbanísticos necesarios
para llevarse a cabo de forma inmediata.
Massot ha reconocido
que el valor de la vivienda es elevado en Barcelona pero "en gran parte
se debe a que la burocracia municipal con las licencias es larguísima
y costosa. Hay promotores que pueden hacer vivienda protegida y están
dispuestos a hacerlo", ha comentado. Para los empresarios del sector, la
propuesta del consistorio barcelonés "no resolverá el problema
de la vivienda en la ciudad, si no que tendrá un efecto contrario,
ya que, por una parte, podría provocar una parálisis de la
actividad del sector, y por otra, añadir aún más
presión sobre los precios, debido al desequilibrio que esta medida
generará entre oferta y demanda".
La ofensiva
legal que están dispuestos a acometer los promotores, no impide
al Ayuntamiento barcelonés considerar que el respaldo jurídico
de la medida propuesta es total: "Estamos seguros de que habrán
muchas demandas contra la medida y que tendremos que batallar ante los
tribunales, pero acabará consolidándose", ha explicado en
esas mismas jornadas Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento
de Barcelona.
Según
Burón, la ley del derecho a la vivienda del 2007 ampara la decisión
municipal. También lo hacen actuaciones similares realizadas en
otros municipios españoles. En este sentido, ha recordado la experiencia
de Vitoria-Gastei, población que contaba con 125.000 habitantes
y gracias a una iniciativa similar, en la que se obligó a hacer
hasta un 80% de vivienda protegida, la ciudad duplicó su población.
Burón
ha recordado que la situación del mercado inmobiliario de Barcelona
es alarmante en este momento: solo una de cada 99 viviendas es protegida
y si se cuentan las ayudas, la cifra asciende a dos de cada 90, cuando
el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya exige llegar al
15% de vivienda social en 15 años. Y Todo ello cuando Barcelona
solo tiene capacidad para añadir 35.000 viviendas más. "Es
necesario afrontar el debate de la vivienda social", ha planteado Burón.
En este mismo
sentido se ha expresado Dolors Clavell, responsable de Clavell Consulting,
consultora que ha tenido participación en la elaboración
de la propuesta municipal, quien ha destacado que es imprescindible ir
más allá de "la política asistencial", que se dedica
a cubrir emergencias en los casos más acuciantes, y llevar a cabo
"cambios estructurales más propios de una política de vivienda
del siglo XXI".
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