Por otro lado, este colectivo de urbanistas también demanda para la reducción de los «actuales e inaceptables» plazos de aprobación de las actuaciones urbanísticas «una modificación de las actuales estructuras de la administración autonómica y municipal», y que el personal encargado de tramitar estos asuntos esté en permanente formación. Para la Asociación Teatinos, en caso de no variarse el borrador planteado por la Junta, la nueva ley supondrá un recorte de las competencias de los ayuntamientos a favor de la administración regional.

También son especialmente críticos en sus alegaciones con la regulación prevista para el suelo rústico, respecto al que exigen una mayor flexibilidad a la hora de encajar las diferentes realidades sociales y económicas que alberga. Asimismo, piden una racionalización de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica que se exigen para determinados proyectos porque ello deriva en «situaciones absurdas» y demora los procesos. Igualmente, llaman la atención sobre la preferencia «absoluta» que otorga la LUSA a las operaciones de regeneración de la ciudad existente frente a los nuevos crecimientos urbanos que, según la Asociación Teatinos, «en realidad los imposibilita prácticamente». «Estamos de acuerdo con que debe terminarse la ciudad existente y reordenarse en su caso antes que seguir ocupando el territorio con nuevos crecimientos, pero no tan radicalmente dispuesto y reglamentado desde la propia ley», manifiestan, al tiempo que subrayan en las alegaciones que «no se puede ni se debe pretender un modelo urbano único e idéntico para todos los municipios».

 
ANTECEDENTES
2 de enero de 2018 
 
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ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE ANDALUCÍA
¿Qué aprendo?
• Se analiza en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Andalucía
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• Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las ventajas para los promotores con la nueva ley del suelo de Andalucía.
La principal ventaja para los promotores inmobiliarios con la nueva ley del suelo de Andalucía será que se reducirá a la mitad el tiempo de tramitación del planeamiento general. El anteproyecto de la norma reorganiza las figuras de planificación, introduce medidas de sostenibilidad y refuerza la protección de los suelos rústicos. El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley Urbanística para un Urbanismo Sostenible en Andalucía, que sustituirá a la vigente sobre esta materia desde 2003. Entre sus principales novedades, destaca la reorganización del sistema de instrumentos urbanísticos para reforzar la sostenibilidad y la protección del suelo rústico, contribuir a la reactivación económica y agilizar y simplificar los procedimientos. De este modo, el tiempo medio de tramitación del planeamiento general podrá reducirse de los 8-10 años actuales a los 3-4. La nueva configuración de la planificación urbanística se basará en dos figuras, creadas a partir la división del actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en función de las competencias. 
 
 
El primero de estos instrumentos es el Plan General de Ordenación Estructural (PGOE), que deberá ser aprobado por la Administración autonómica y en el que se define el modelo de ciudad a medio y largo plazo, además de establecer las clases y categorías de suelo, zonas y usos y edificabilidades globales; los sistemas generales; las previsiones de vivienda protegida, y los elementos de especial protección. 
Las previsiones del PGOE se concretarán en la segunda de las figuras, el Plan Municipal de Ordenación Urbana (PMOU), de atribución exclusiva de las corporaciones locales, que organizará la programación detallada del suelo urbano a corto y medio plazo.
En cuanto al resto del sistema, se crea el Estudio de Ordenación, destinado a modificaciones de parcelas concretas, y se mantienen los planes Parcial y Especial; el Estudio de Detalle; el Catalogo; las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización, y las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística. 
En el procedimiento de planificación, la principal medida de agilización es la de trasladar al principio del proceso los trámites de petición de información a las administraciones públicas y de incorporación de las sugerencias de la ciudadanía, que pasan a formar parte del material con el que se elabora el borrador inicial del plan Ordenación Estructural.
Respecto a la sostenibilidad, el anteproyecto incorpora nuevos principios básicos que deberán aplicarse en el desarrollo de cualquier actividad urbanística e integrarse en todos los instrumentos de planeamiento. Destaca así la especial atención que se presta a la preservación del suelo rústico, que pasa a englobar las anteriores categorías de no urbanizable: hábitat rural diseminado; común, y especialmente protegido. A esta última, vinculada valores paisajísticos, culturales y naturales, se le da un mayor protagonismo que en la actual ley. Además, se promueve la continuidad entre espacios y zonas verdes de interconexión con las zonas periurbanas, como huertos urbanos. 
En la misma línea, se introduce en el planeamiento el concepto de espacio verde urbano vinculado al papel que los enclaves arbolados de la ciudad pueden desempeñar en la absorción del dióxido de carbono. En este sentido, la planificación urbana establecerá las medidas necesarias para alcanzar un mínimo de 10 metros cuadrados por habitante, calculado sobre el total de población prevista en el PGOE. Asimismo, la superficie de espacio verde urbano será de al menos un 20% de la total del espacio público urbano en los diferentes ámbitos de suelo urbano y urbanizable. 
En la categoría de los suelos urbanos, el anteproyecto define con mayor claridad su condición frente a los pendientes de consolidar, mientras que los urbanizables se conciben como zonas potenciales de crecimiento a las que municipio recurrirá sólo cuando no pueda dar respuesta a sus necesidades en la ciudad ya existente, a cuyo aprovechamiento se otorga prioridad.
En la comparación con la actual ley, el nuevo texto resta complejidad en la regulación y también se adecua a últimas modificaciones de las normas estatales y autonómicas que inciden sobre la actividad urbanística. Entre las primeras destaca el Texto Refundido de la Ley del Suelo, en vigor desde octubre de 2015, que incorpora la nueva legislación de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas aprobada en 2013. En relación con la normativa de la comunidad autónoma, la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ha sido modificada en más de diez ocasiones desde su entrada en vigor en 2003. El cambio más relevante, que se traslada al anteproyecto, fue el aprobado por el Parlamento andaluz en 2016 para introducir medidas de simplificación y unificación normativa. También se recogen las modificaciones que se produjeron en relación con las edificaciones irregulares en suelo no urbanizable.
Igualmente, el borrador presentado  al Consejo se adapta al documento de compromiso con la reactivación económica y el crecimiento sostenible suscrito en diciembre de 2016 con los agentes sociales, los colegios profesionales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y en el que se incluye un decálogo de medidas para agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos.
El anteproyecto de ley ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio después de las preceptivas consultas públicas y de un periodo de participación pública para la revisión de la actual LOUA,  que ha contado con la participación de ayuntamientos, colegios de profesionales, partidos políticos, empresarios, sindicatos y consumidores y usuarios, entre otros agentes.
LA FUTURA LEY URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA OBLIGARÁ A QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN 10 METROS CUADRADOS DE ARBOLADO POR HABITANTE
El anteproyecto para la Ley de Urbanismo Sostenible, que sustituirá a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) vigente desde 2003 y supondrá una reorganización de los sistemas, la simplificación de los procedimientos y una apuesta por la sostenibilidad, entre otras cosas haciendo obligatorio que los nuevos planeamientos incluyan un mínimo de 10 metros cuadrados de arbolado por habitante. 
El portavoz del Gobierno de Andalucía, Juan Carlos Blanco, ha avanzado las líneas generales de esta norma, que nace con la vocación de reducir a la mitad el tiempo que se tarda en aprobar un planeamiento, entre 8 y 10 años. "Se pretende que no supere los cuatro", ha dicho, en referencia a lo que  se conoce como PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). 
Esta última figura quedará redefinida por la creación de dos nuevas. La primera será el plan general de ordenación estructural, que deberá aprobar la Junta de Andalucía para definir el modelo de ciudad a medio y largo plazo, y en el mismo se establecerán las clases de suelo y sus usos, los sistemas generales etéctera. La segunda será el plan municipal de ordenación urbana, de atribución exclusiva de las corporaciones locales y que deberá definir la programación a corto y medio plazo. 
El portavoz ha destacado que el proyecto "presta especial atención al suelo rústico" y su condición de no urbanizable. De este modo, de cara a garantizar la sostenibilidad, se introduce en el planeamiento el concepto de espacio verde urbano para destacar el papel de los enclaves arbolados en las poblaciones. Es en este punto donde la planificación deberá incluir las medidas necesarias para lograr los citados 10 metros cuadrados por habitantes de arbolado y deberá ser por lo menos un 20% del suelo público.  
 
ANTECEDENTES DICIEMBRE 2017
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha anunciado  que el Consejo de Gobierno dará luz verde "en breve" al inicio de los trámites administrativos del anteproyecto de la nueva Ley Urbanística de Andalucía, que "ayudará" a la reactivación económica.
Fiscal ha hecho este anuncio en el acto de inauguración de unas jornadas informativas en Sevilla sobre el citado anteproyecto, en las que participan 250 profesionales relacionados con esta disciplina, según informa un comunicado de la Junta.
Ha explicado que los objetivos principales de este nuevo texto legal son la simplificación y agilización de la tramitación administrativa, la sostenibilidad urbanística y poder contribuir desde el urbanismo a la reactivación de la economía de los municipios andaluces.
Con respecto a la agilización de los trámites, el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha recordado que con el actual marco normativo la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana se prolonga entre 8 y 10 años, algo que es "imprescindible reducir".
Ha expuesto que el segundo objetivo del texto es "sentar las bases" para avanzar en el principio de sostenibilidad, lo que se aborda como un compromiso ético y democrático.
En la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se entiende el suelo como "un recurso finito y estratégico", y esta convicción "obliga" a entender el urbanismo como una "actividad responsable que debe dar respuesta a las necesidades de la población" teniendo muy presente las necesidades de las generaciones futuras, ha remarcado.
Finalmente, ha resaltado que con la nueva ley se pretende contribuir a la reactivación de la actividad económica "sin cometer errores recientes".
Así, ha subrayado que el urbanismo del futuro debe ser un urbanismo "responsable", que piense en las necesidades futuras y que tenga muy presente los límites del planeta.