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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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7 de septiembre de 2017
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©

EL LÁPIZ URBANIZADOR: EL NEGOCIO DE LAS RECALIFICACIONES URBANÍSTICAS
¿Qué aprendo?
  • Se analiza en las guías prácticas inmoley.com de Urbanismo
Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
  • Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las precauciones en el proceso de recalificación urbanística.
El lápiz urbanizador puede convertir en millonarios a unos propietarios y arruinar a otros. Todo depende del curso que siga en el plano. A veces el lápiz urbanizador no sigue la línea recta en un páramo sino que va dando curvas en función de intereses económicos. El lápiz urbanizador es la causa final del excesivo sobrecoste del suelo que posteriormente los promotores deben repercutir en la vivienda. A veces el lápiz urbanizador se paraliza por razones políticas y se produce una escasez artificial de viviendas. En todos los casos hay un exceso de política en una materia que debe ser técnica. Hay un exceso de intervención urbanística local que no es adecuadamente supervisada o dirigida desde entidades autonómicas. España mantiene un sistema urbanístico que no se corresponde con el nuevo urbanismo europeo. El resultado es que el precio del suelo finalista es tan especulativo que ya no hay promotores nacionales que puedan competir en las zonas de expansión de las principales ciudades españolas. Desde inmoley.com proponemos un urbanismo más práctico, no tan teórico ni tan judicializado, un modelo que se compare a nivel nacional con las soluciones de países de nuestro entorno en los que no se producen escándalos como el que describimos en esta noticia.


Según informa el diario el País, el promotor inmobiliario Enrique Ortiz habría ganado más de 42 millones de euros con el amaño del Plan General de Alicante. Un informe municipal cifra en esa cantidad las plusvalías del constructor por la recalificación de suelo.

Según el periódico este es el beneficio que, según el ayuntamiento de Alicante, se habría embolsado el promotor inmobiliario Enrique Ortiz con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que los exalcaldes alicantinos diseñaron supuestamente a su medida. El constructor, procesado junto a ambos políticos y otras siete personas en esta rama judicial del caso Brugal, no logró esas plusvalías millonarias porque el nuevo alcalde desistió de la tramitación del plan ante la Generalitat en febrero de 2015, tres meses después de que su antecesora dimitiera al verse acorralada por este caso de presunta corrupción.

En su informe, presentado ante el juzgado de Instrucción 5 de Alicante, la jefa del servicio municipal de Gestión Urbanística analiza el valor de mercado de 31 parcelas catastrales propiedad de Ortiz en cinco sectores urbanísticos: Lomas del Garbinet, Fondo de Piqueres, Saladar, Fontcalent y La Condomina. Un suelo que pasó de no urbanizable, según el PGOU vigente, de 1987, a generar aprovechamientos urbanísticos después de su recalificación o su adscripción a unidades destinadas a parques naturales.

Esas 31 parcelas tenían un valor en el mercado de 8.407.677 euros, según el precio medio del metro cuadrado de cultivo en el mercado. A principios de 2011, su nueva catalogación derivada de la revisión del plan general aprobada por el consistorio, disparó el valor total del suelo a 50.508.589 euros, una vez descontados los costes del propietario para convertir los terrenos en solares edificables.

El informe técnico ha sido elaborado a petición del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, y remitido el pasado mes al juzgado por el ayuntamiento, que ejerce la acusación particular en esta causa. Sus conclusiones desmienten la versión exculpatoria que siempre ha esgrimido la exalcaldesa y ex edil de Urbanismo, Sonia Castedo, según la cual Ortiz no se había visto beneficiado de ninguna manera con el nuevo PGOU. El juez Tejada atribuye a Castedo, Díaz Alperi, Ortiz y los otros siete sospechosos la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada. El magistrado sostiene que los políticos y el empresario conformaban una "trama organizada" al servicio de este último para favorecer sus intereses en el nuevo diseño urbanístico de la ciudad.

El auto de procesamiento dictado a principios de año por el instructor está pendiente aún de ratificación en la Audiencia Provincial de Alicante, por lo que el juicio no se celebrará, al menos, hasta el año próximo. Según el magistrado, los exalcaldes percibieron supuestamente varias dádivas de Ortiz a cambio de sus favores. Hay indicios que apuntan a que el constructor, que ha confesado su contribución a la financiación ilegal del PP a través de la Gürtel, entregó sobornos en metálico a Díaz Alperi, pagó las hipotecas de sus hijos y le financió un viaje en jet privado a la isla de Creta. Por su parte, Castedo habría disfrutado presuntamente de unas vacaciones en Andorra e Ibiza y un coche.

A cambio, los políticos le facilitaron información secreta sobre el futuro planeamiento para que maniobrara y comprara terrenos que iban a ser recalificados o ejercieron su influencia sobre el arquitecto encargado del plan, el también investigado Jesús Quesada, para adecuar el documento a los intereses del empresario, según la investigación judicial.
 


 
 
 
 
 

 

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