| En Mallorca
de 48 urbanizaciones que todavía no disponen de red de alcantarillado,
algunas tan relevantes como la de Son Vida, en Palma. Los ayuntamientos
tenían un plazo que concluía el verano del pasado año
para dotar de estos servicios de saneamiento, pero para evitar un bloqueo
en la concesión de licencias, el Parlament acordó fijar una
prórroga.
Si el ayuntamiento
quería evitar verse afectado por una paralización a la hora
de dar licencias para construir nuevos chalés, para los finales
de obra, de primera ocupación y cédulas de habitabilidad
en las citadas urbanizaciones, debían aprobar un acuerdo plenario
comprometiéndose a dotar esos núcleos de ese alcantarillado
y redactar el proyecto en el plazo de un año.
El problema
radica en que ese nuevo plazo acaba el próximo 20 de agosto y solo
nueve ayuntamientos mallorquines han adoptado el citado acuerdo en Pleno,
según los datos que éstos han remitido a la patronal de constructores.
Y para los que no cumplan con esa primera fecha límite, se acabó
el poder dar licencias para levantar viviendas unifamiliares en esas zonas.
La directora
de la asociación de constructores de Balears, Sandra Verger, señala
que los municipios de Alcúdia, Artà, Campanet, Campos, Capdepera,
Esporles, Llucmajor, Marratxí y Escorca han superado el trámite
del acuerdo plenario. Como referencia, señalar que en Menorca todos
los ayuntamientos han dado ese paso, y en Eivissa solo Santa Eulària
des Riu.
Pero eso no
significa tampoco que vayan a llegar a tiempo para poder contar con el
proyecto de dotación de alcantarillado el 20 de agosto. Porque según
la información facilitada por la patronal, Llucmajor les ha comunicado
que ya está tramitando ese proyecto, pero Campanet y Esporles han
advertido a los constructores de que no van a poder cumplir con ese plazo
en la redacción y han pedido una prórroga, que según
Verger se les ha denegado.
Hay casos,
como Calvià o Inca, en los que la respuesta ha sido que no disponen
en su término de urbanizaciones sin alcantarillado. Pero del resto
no hay noticias, con algún caso de especial relevancia: Palma no
ha llegado ni siquiera al punto de la aprobación en Pleno. Manacor
tampoco lo ha hecho.
La prórroga
concedida por el Parlament fija más plazos: en 2019 deben estar
adjudicadas las obras, en 2021 ya realizadas, y en 2022 recepcionadas por
el Ayuntamiento, pero si no se cumple el primer plazo, los demás
saltan por los aires.
Eso explica
la alarma y el fuerte malestar que existe ya entre las empresas constructoras,
que ven cómo se ponen en peligro inversiones millonarias en un momento
en el que su actividad está centrada en la vivienda unifamiliar.
Hay que recordar que en este momento se proyectan en la isla más
chalés que residencias en edificios plurifamiliares.
El incumplimiento
generalizado deja a puerta abierta a que a partir de finales del próximo
mes no se pueda autorizar ni una nueva edificación en la mayor parte
de las urbanizaciones de la isla que aun no disponen de red de saneamiento.
Pero Sandra
Verger subraya también el daño que se ocasiona a los particulares.
Hay que recordar que el bloqueo en la concesión de nuevas licencias
no se limita a las de construcción, sino que también incluye
las de fin de obra y las cédulas de habitabilidad. Eso hace que
el riesgo sea mayor, y pueda llegar a suponer que chalés que se
han comenzado a construir antes de que entrara en vigor este plan, ahora
no puedan legalizarse de forma definitiva, con el correspondiente riesgo
de que los afectados reclamen indemnizaciones, según se subraya
desde la citada patronal.
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