El gobierno balear se escuda en que el urbanismo ibicenco tiene peculiaridades que no se encuentran en ningún otro sitio como ejemplos de mala praxis» pero que «genera problemas que obliga a abordar».

En esta línea, han señalado los terrenos de Ibiza mencionados se encuentran en un «limbo legal» que se podía resolver de dos modos, otorgando la clasificación de suelo urbano, «dando lo que ya es», o «hacer que se derribe» y pagar indemnizaciones.

En este sentido, han alertado de las elevadas cantidades que podrían suponer dichas indemnizaciones, atendiendo al valor de las edificaciones, que tienen 20 años, y que contaban con licencias municipales.

El gobierno balear ha rechazado que la disposición transitoria tenga repercusiones en otras zonas de Mallorca y Menorca, como había advertido el GOB, puesto que no se cumplen todas las condiciones para acogerse a la disposición. Desde la Conselleria han insistido en que no han encontrado ningún otro caso que pudiera servir para reclasificar o restar protección a terrenos.

Además, se ha destacado el carácter transitorio de esta disposición, que sólo afectará a los terrenos que se encuentren en esta situación en el momento de entrada en vigor de la ley.

Por ello, los terrenos podrán convertirse en urbanos sólo cuando se revise el planeamiento y lo que se construya después será ilegal. 

LA OPOSICIÓN ECOLOGISTA

El grupo ecologista GOB exigió a los partidos del Govern balear (PSIB y Més) que «actúen con responsabilidad» y retiren ya la disposición adicional 14 de la recién aprobada ley de urbanismo al ser un «escándalo mayúsculo» fruto de un «pacto» de los socialistas y del PP. Se trata del punto que permite legalizar terrenos en Platja d´en Bossa (propiedad del Grupo de Empresas Matutes) y en Cala Tarida y que en el último momento se incorporó en la ley a petición del Ayuntamiento de Sant Josep.

Los ecologistas piden que se derogue esa disposición «tan pronto» como entre en vigor esta ley. En un comunicado, el GOB critica que esta norma abre la posibilidad de «saltarse con una ley a la carta» el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que dejaba como rústicos los terrenos de la familia Matutes.

También permite «recuperar» urbanizaciones en suelos desclasificados protegidos por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) por leyes posteriores, aunque el Govern defiende que sólo afectará a Platja d´en Bossa y Cala Tarida.

Por otra parte, «supone premiar» a los ayuntamientos que no disponen de planeamiento adaptado con urbanizaciones que se han desarrollado de manera irregular sin tramitar los correspondientes instrumentos de planificación. El GOB pide al Ejecutivo balear que «no dé continuidad ni ampare una ley que pretende emplear el urbanismo para legalizar la especulación y premiar las malas prácticas urbanísticas».