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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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14 de abril de 2016
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LA EXCUSA URBANÍSTICA DE LOS AYUNTAMIENTOS: NO TENEMOS MEDIOS.
¿Qué aprendo?
Se analiza en las guías prácticas inmoley.com del urbanismo. Cuando un ciudadano pide información urbanística, en muchos casos no sólo se encuentra con que el ayuntamiento no cumple con la ley de transparencia, sino que además se niega a contestar: silencio absoluto. Cuando el ciudadano lo denuncia ante la Comunidad Autónoma, puede que obtenga el mismo silencio o a veces que se le informe indirectamente, ya que el ayuntamiento sí suelo contestar a las demandas de información autonómicas. Por supuesto, las Comunidades Autónomas no sancionan en estos casos y se toman medidas al respecto. Por eso es tan importante seguir la reacción de la fiscalía ante la denuncia del Defensor del Pueblo por el incumplimiento  por 18 ayuntamientos de su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo con el que  llevan, a día de hoy, más de 100 días sin contestar los requerimientos de la Institución. Así que si no contestan al Defensor del Pueblo, imagínese al resto.
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La página web del Defensor del Pueblo (www.defensordelpueblo.es) actualiza diariamente el listado de administraciones que no responden y que son consideradas por la Institución como “no colaboradoras”, tras haberles enviado requerimientos en tres ocasiones.

El Defensor del Pueblo no ha recibido respuesta de los consistorios castellano-manchegos de Yeste (Albacete); Mestanza (Ciudad Real); El Viso de San Juan (Toledo) y Gerindote (Toledo). Este último lleva sin responder 368 días, en una queja presentada por un ciudadano a quien dicho Ayuntamiento no contestó a su solicitud de información por la posible concesión irregular de una licencia urbanística.

Yeste, por su parte, recibió el tercer requerimiento de información hace 323 días, en relación a una queja en la que la interesada denunciaba que el consistorio no le había prestado los servicios acordados como contraprestación por la compra de unos terrenos en los que el ayuntamiento quería construir un camping de turismo.

En la misma situación se encuentran los ayuntamientos castellano leoneses de La Pola de Gordón y Santa María del Páramo (León); Barruelo de Santullán (Palencia) y Montemayor del Río (Salamanca). El Defensor del Pueblo espera desde hace 522 días la respuesta del consistorio palentino, por un asunto relacionado con el mal estado de una carretera local.

Los ayuntamientos andaluces de Macael (Almería); Molvizar (Granada) y Nerja (Málaga) llevan también más de un centenar de días sin responder a la Institución. Y lo mismo ocurre con los ayuntamientos murcianos de La Unión, Mazarrón y Totana.

Molvizar recibió el último requerimiento de información en junio de 2015, hace 308 días, en el trámite de una queja presentada por un ciudadano que denunció unas obras y al que el Ayuntamiento no atendió.

En Cataluña, los ayuntamientos de Arenys de Mar (Barcelona) y de Cadaqués (Girona) no contestan al Defensor del Pueblo desde hace 427 días y 215 días, respectivamente.

El Defensor del Pueblo decidió a principios de año trasladar a la Fiscalía General del Estado la actitud no colaboradora del Ayuntamiento barcelonés,  debido a que, después de tres requerimientos por escrito, en los que se le recordaba al alcalde su obligación de contestar y de tres llamadas telefónicas, en la última de ellas, personal del gabinete de la alcaldía comunicó a esta institución que “el alcalde no tiene intención de contestar la sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo”.

El Defensor del Pueblo, a raíz de la queja presentada por un ciudadano, formuló una sugerencia dirigida al alcalde de Arenys de Mar el 30 de abril de 2014, para que se cumpliese en todos los edificios y establecimientos dependientes de ese Ayuntamiento lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 39/1981, sobre el uso de la bandera de España y otras banderas y enseñas.

El Ayuntamiento madrileño de Colmenar de Oreja no contesta desde hace 258 días y en el Principado de Asturias, ocurre lo mismo con el consistorio de Pola de Allande, que suma 216 días sin contestar al último requerimiento de información enviado por la Institución.

La Administración General del Estado no tiene, a fecha de hoy, ningún departamento no colaborador.

El Defensor del Pueblo recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle la información solicitada.

En caso de no colaborar, el Defensor del Pueblo puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece la Ley Orgánica que regula la Institución.
 


 
 
 
 
 

 

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