| 1. Normativa
europea de auditorías energéticas, sistemas de acreditación
para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos
y la promoción de la eficiencia energética en los procesos
de producción y uso del calor y del frío.
La eficiencia
energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para
un crecimiento sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más
rentables para reforzar la seguridad del abastecimiento energético
y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras
sustancias contaminantes.
Este es el
motivo por el que la Unión Europea se ha fijado como objetivo para
2020 aumentar en un 20 por ciento la eficiencia energética, objetivo
que, de momento, no lleva camino de cumplirse.
Las conclusiones
del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, reconocían que no se
estaba avanzando hacia el objetivo de eficiencia energética de la
Unión y que se requerían actuaciones para aprovechar el considerable
potencial de incremento del ahorro de energía en los edificios,
los transportes y los procesos de producción y manufacturación.
El 8 de marzo
de 2011, la Comisión adoptó su Comunicación relativa
a un Plan de Eficiencia Energética 2011. En la misma, se confirmaba
que la Unión Europea no alcanzaría su objetivo de eficiencia
energética, a pesar de los progresos en las políticas nacionales
de eficiencia energética expuestos en los primeros Planes nacionales
de acción para la eficiencia energética, presentados por
los Estados miembros para dar cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia
del uso final de la energía y los servicios energéticos.
En este contexto
ha sido necesario actualizar el marco legal de la Unión Europea
en materia de eficiencia energética para alcanzar el objetivo general
consistente en lograr en 2020 un ahorro del 20 por ciento en el consumo
de energía primaria de la Unión Europea, y conseguir nuevas
mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020.
Con este fin,
la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que
se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan
las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para
fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea
y establece acciones concretas que lleven a la práctica alguna de
las propuestas incluidas en el Plan de Eficiencia Energética 2011,
y con ello, a alcanzar el considerable potencial de ahorro de energía
no realizado.
La finalidad
de este real decreto será el impulso y la promoción de un
conjunto de actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo energético
que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria
consumida, así como a optimizar la demanda energética de
la instalación, equipos o sistemas consumidores de energía,
además de disponer de un número suficiente de profesionales
competentes y fiables a fin de asegurar la aplicación efectiva y
oportuna de la citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012. En este sentido se trata también
de profundizar en el desarrollo del mercado de los servicios energéticos
a fin de asegurar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta
de dichos servicios.
En consecuencia,
este real decreto transpone parcialmente la citada directiva, principalmente
en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación
para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos
y la promoción de la eficiencia energética en los procesos
de producción y uso del calor y del frío.
2. Las auditorías
energéticas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero.
El real decreto
consta de catorce artículos, agrupados en cinco capítulos,
cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, siete
disposiciones finales y cinco anexos.
El capítulo
I, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», establece
el objeto y la finalidad de este real decreto, así como las definiciones
necesarias para la correcta interpretación del texto.
El capítulo
II, «Auditorías energéticas», contiene el ámbito
de aplicación y la regulación de éstas, como su alcance,
criterios mínimos que deben cumplir y requisitos que deben cumplir
para alcanzar la cualificación de auditor energético. También
se recoge en este capítulo la creación del registro administrativo
de auditorías energéticas y el procedimiento para la inspección
de su realización.
Las auditorías
energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones conocer
su situación respecto al uso de energía y que, por el hecho
de realizarse de forma distinta según los sectores, las empresas
y los países, requieren de una normalización que permita
hacer comparables los resultados obtenidos.
Estas auditorías
permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden contribuir
al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así
como para optimizar la demanda energética de la instalación.
Asimismo, se refieren al uso y la diversificación de las fuentes
energéticas, incluyendo la optimización por cambio de combustible.
La información
requerida para la auditoría energética de una empresa es
similar a la necesaria para evaluar la huella de carbono de la organización,
que requiere el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea
el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción
de dióxido de carbono, que es de carácter voluntario, por
lo que dicha similitud puede permitir acceder a los incentivos incluidos
en dicho real decreto y participar en los esquemas de compensación
establecidos en este marco.
Este real decreto
establece la obligación de llevar a cabo una auditoría energética
en las empresas que no sean PYMES, de acuerdo con lo establecido en el
título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas, sobre las actividades que gestiona
la empresa.
Esta auditoría
energética debe realizarse cada cuatro años a partir de la
fecha de la auditoría energética anterior. También
se establecen los requisitos que debe cumplir dicha auditoría, se
crea en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro
Administrativo de Auditorías Energéticas y se establece un
sistema de inspección de las mismas.
a.
Ámbito de aplicación de las auditorías energéticas.
Será
de aplicación a aquellas empresas que tengan la consideración
de grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen al menos
a 250 personas como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un
volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance
general que exceda de 43 millones de euros.
Quedan excluidas
del ámbito de aplicación, las microempresas, pequeñas
y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con el título I del anexo
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo
de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas.
Las grandes
empresas deberán someterse a una auditoría energética
cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética
anterior, que cubra, al menos, el 85 por ciento del consumo total de energía
final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional
que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicios
que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad
económica.
Con posterioridad
a la entrada en vigor de este real decreto, aquellas empresas que, durante
al menos dos ejercicios consecutivos cumplan con la condición de
gran empresa, deberán someterse a la primera auditoría energética
en el plazo de nueve meses, siempre que no hayan realizado previamente
una en un plazo inferior a cuatro años.
b. Opción
de auditoría energética o sistema de gestión energética
o ambiental.
Las empresas
o grupos de sociedades obligados podrán utilizar algunas de las
dos alternativas siguientes:
a)
Realizar una auditoría energética que cumpla las directrices
mínimas.
b) Aplicar
un sistema de gestión energética o ambiental, certificado
por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales
correspondientes, siempre que el sistema de gestión de que se trate
incluya una auditoría energética realizada conforme a las
directrices mínimas que se indican en el apartado 3.
Cuando la empresa
o grupo de sociedades disponga de un certificado de eficiencia energética
en vigor, obtenido de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril,
por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación
de la eficiencia energética de los edificios, éste podrá
formar parte de la auditoría energética con relación
a la parte edificatoria cubierta por el certificado de eficiencia energética,
siempre y cuando dicho certificado incluya recomendaciones para la mejora
de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética.
3. Directrices
de las auditorías energéticas.
Las auditorías
energéticas se atendrán a las siguientes directrices:
a)
Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables,
de consumo de energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles
de carga siempre que se disponga de ellos.
b) Abarcarán
un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los
edificios o grupos de edificios, de una instalación u operación
industrial o comercial, o de un servicio privado o público, con
inclusión del transporte dentro de las instalaciones o, en su caso,
flotas de vehículos.
c) Se fundamentarán,
siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis
del coste del ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización,
a fin de tener en cuenta el ahorro a largo plazo, los valores residuales
de las inversiones a largo plazo y las tasas de descuento.
d) Deberán
ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda
trazar una imagen fiable del rendimiento energético global, y se
puedan determinar de manera fiable las oportunidades de mejora más
significativa.
En las
auditorías energéticas se reflejarán los cálculos
detallados y validados para las medidas propuestas, facilitando así
una información clara sobre el potencial de ahorro.
Los datos empleados
en las auditorías energéticas deberán poderse almacenar
para fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento
energético.
Las empresas
y grupos de sociedades obligados deben conservar la auditoría energética
en vigor y ponerla a disposición de las autoridades competentes
para inspección o cualquier otro requerimiento.
Las empresas
y grupos de sociedades obligados serán responsables de actualizar
la información contenida en sus auditorías, conforme a las
condiciones que establezca el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, para proceder a la actualización de la información
contenida en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
Las auditorías
energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir
las conclusiones de la auditoría a los proveedores de servicios
energéticos cualificados o acreditados, a condición de que
el cliente no se oponga, y en todo caso, respetando la confidencialidad
de la información.
4. Auditores
energéticos.
Las auditorías
energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos
debidamente cualificados.
La auditoría
energética de una empresa podrá ser realizada por técnicos
cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación
directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de
control interno de dicha empresa.
a.
Requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedor de
servicios energéticos-
Para
el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos
se deberán cumplir los siguientes requisitos y disponer de la documentación
que así lo acredite:
a)
Disponer de la documentación que identifique al prestador, que en
el caso de ser persona jurídica, deberá estar constituida
legalmente e incluir en su objeto social las actividades propias de la
prestación de servicios energéticos o de mejora de la eficiencia
energética en las instalaciones o locales de un usuario, y en el
caso de ser persona física estar dado de alta en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores en alguno de los grupos de las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a las actividades
económicas de prestación de servicios energéticos.
b) Acreditar
una cualificación técnica adecuada.
i.
En el caso de una persona física, acredita dicha cualificación
cumplir alguna de las siguientes condiciones:
1.ª Estar
en posesión de una titulación universitaria u otras licenciaturas,
Grados o Máster universitarios en los que se impartan conocimientos
en materia energética.
2.ª Tener
los conocimientos teóricos y prácticos sobre energía,
entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten
alguna de las siguientes situaciones:
1.ª)
Disponer de un título de formación profesional o un certificado
de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales cuyo ámbito competencial incluya materias relativas
a la energía.
2.ª) Tener
reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral,
de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio,
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, en materia de energía.
ii.
En el caso de una persona jurídica, se entenderá acreditada
la cualificación cuando al menos uno de los titulares de la empresa
cumpla con alguna de las condiciones anteriormente descritas o la empresa
cuente entre el personal laboral contratado con, al menos, una persona
que cumpla con alguna de ellas, que será quien se responsabilice,
con su firma, de todos los documentos de carácter técnico
que deba emitir la empresa.
c) Estar en disposición
de contar con los medios técnicos apropiados para proveer los servicios
energéticos en el área de actividad en el que la empresa
actúe, en el momento de la actuación concreta.
d) Estar dados
de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, o
profesional correspondiente, y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
frente a la Seguridad Social, para lo cual el titular podrá autorizar
al órgano competente para recabar la información relativa
al cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
e) En caso
de que no sean ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea
ni de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
y residan en España, cumplir las previsiones establecidas en la
normativa española vigente en materia de extranjería e inmigración.
f) Tener suscrito
seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra
los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones, por una cuantía
mínima de 150.000 euros, de acuerdo con el artículo 76 de
la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
El importe
establecido se actualizará por orden del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno de Asuntos Económicos, siempre que sea necesario para
mantener la equivalencia económica de la garantía.
g) En el caso
de empresas que presten servicios que incluyan labores de instalación
y/o mantenimiento, cumplir los requisitos establecidos para las empresas
instaladoras y/o mantenedoras en el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio.
Cuando los servicios
energéticos sean prestados por una Unión Temporal de Empresas
(UTE), será suficiente con que entre sus miembros se cumplan los
requisitos establecidos en el citado Reglamento.
b. Requisitos
para el ejercicio de la actividad profesional de auditor energético.
Las personas
físicas que deseen ejercer la actividad profesional de auditor energético
deberán cumplir alguna de las siguientes condiciones:
a)
Estar en posesión de una titulación universitaria oficial
u otras licenciaturas, Grados o Máster universitarios en los que
se impartan conocimientos básicos de energía, instalaciones
de los edificios, procesos industriales, contabilidad energética,
equipos de medida y toma de datos y técnicas de ahorro energético,
o bien;
b) Tener los
conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías
energéticas, entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas
que acrediten alguna de las siguientes situaciones:
1.ª
Disponer de un título de formación profesional o un certificado
de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales cuyo ámbito competencial incluya materias relativas
a las auditorías energéticas.
2.ª Tener
reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral,
de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio,
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, en materia de auditorías energéticas.
En cualquiera
de las anteriores situaciones a las que se refiere el párrafo b),
haber recibido y superado un curso teórico y práctico de
conocimientos específicos de auditorías energéticas,
impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de
la comunidad autónoma, con el contenido indicado en el anexo V.
La realización de este curso, tendrá eficacia en todo el
territorio nacional, sin necesidad de trámites o requisitos adicionales.
A los efectos
de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo,
se aceptarán los documentos procedentes de otro Estado miembro de
los que se desprenda que se cumplen tales requisitos, en los términos
previstos en el artículo 17.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
c. Habilitación
y declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos
de proveedor de servicios energéticos.
Las personas
físicas o jurídicas que deseen establecerse como proveedores
de servicios energéticos, deberán presentar, previamente
al inicio de la actividad, y ante el órgano competente en materia
de eficiencia energética de la comunidad autónoma o ciudad
de Ceuta o Melilla correspondiente, una declaración responsable.
La presentación
de la declaración responsable habilita para el ejercicio de la actividad,
desde el momento de su presentación, en todo el territorio español
por tiempo indefinido, sin perjuicio de las posteriores comprobaciones
que pueda realizar la Administración competente.
La información
contenida en las declaraciones responsables presentadas, se incluirán
en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.
5. Inspección
de la realización de las auditorías energéticas.
El órgano
de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla competente
en materia de eficiencia energética llevará a cabo, establecerá
y aplicará un sistema de inspección de la realización
de las auditorías energéticas independiente, para lo cual
podrá realizar cuantas inspecciones considere necesarias con el
fin de vigilar el cumplimiento de la obligación de realización
de auditorías energéticas, en aquellas empresas a las que
le sea de aplicación este real decreto, así como garantizar
y comprobar su calidad.
La inspección
se realizará sobre una selección anual al azar de al menos
una proporción estadísticamente significativa de las auditorías
energéticas realizadas en cada periodo de cuatro años.
La inspección
se realizará por personal funcionario del órgano competente
de la comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta o Melilla, sin
perjuicio de que las actuaciones materiales o auxiliares a la función
inspectora que no impliquen el ejercicio de potestades públicas
puedan ser realizadas por personal no funcionario, o, cuando ésta
así lo determine, por técnicos independientes cualificados
para realizar estas funciones o bien por otras entidades u organismos a
los que la Administración competente encomiende esta función.
Los órganos
competentes de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta
o Melilla informarán anualmente, al menos, del número de
inspecciones realizadas y del resultado de este control al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. A estos efectos, se podrá establecer
un modelo de envío de información por Resolución de
la Dirección General de Política Energética y Minas,
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La inspección
tendrá como finalidad verificar si se ha realizado la auditoría
energética y, comprobar si ésta cumple con todos los requisitos
exigibles.
6. Registro
Administrativo de Auditorías Energéticas.
Con objeto
de disponer de la información que permita cumplir con el anexo XIV
de la citada Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2012, se crea, en el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas,
de carácter público y gratuito, en el que quedará
reflejada la información comunicada por aquellas grandes empresas
sujetas al ámbito de aplicación del artículo 2, así
como, de manera voluntaria, las comunicadas por el resto de empresas, en
relación con las auditorías llevadas a cabo.
El registro
contendrá la información necesaria que permita identificar
a las empresas obligadas a la realización de las auditorías
energéticas con el fin de facilitar a la Administración competente
la realización de la inspección y otra información
que se considere necesaria a efectos estadísticos y de clasificación
sectorial o energética de las empresas.
Las empresas
obligadas a la realización de las auditorías energéticas,
y de manera voluntaria, el resto de empresas, deben remitir al órgano
de la comunidad autónoma competente en materia de eficiencia energética
donde se encuentre las instalaciones que han sido objeto de la auditoría
energética en un plazo máximo de tres meses desde que
la citada auditoría fue realizada.
El citado órgano
competente remitirá dicha comunicación a la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en el plazo máximo de un mes,
a efectos de proceder con la correspondiente inscripción en el registro.
ANTECEDENTES
16 de marzo
de 2016
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS OBLIGATORIAS
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del auditor energético
y certificación energética. El Real Decreto 56/2016,
por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa a eficiencia energética en lo referente
a auditorías energéticas, acreditación de proveedores
de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia
del suministro de energía obligada a someterse a auditoría
energética cada cuatro años las empresas que ocupen al menos
a 250 personas, o que tengan un volumen de negocio superior a 50 millones
de euros y a la par un balance general que exceda de los 43 millones,
o los grupos de sociedades que de forma agregada cumplan los requisitos
de gran empresa.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Disponen
de nueve meses para someterse a la primera auditoría energética
las empresas que durante al menos dos ejercicios consecutivos cumplan
la condición de gran empresa, siempre que no hayan realizado previamente
una en el plazo inferior a cuatro años.
El Real
Decreto regula un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas,
un sistema de inspección, la acreditación de proveedores
de servicios y auditorías energéticas y el correspondiente
régimen sancionador.
Dadas las
condiciones establecidas en el real decreto que traspone una directiva
del 2012, se estima que finalmente afecta a unas 3.800 empresas de toda
España que tienen cerca de 27.000 establecimientos. Quedan fuera
de la obligatoriedad de la normativa las microempresas y las pymes, de
acuerdo con una recomendación de la Comisión Europea.
Las auditorías,
que deberán realizarse cada cuatro años, tienen por objeto
determinar el potencial de ahorro energético en procesos y mejoras
para ahorrar costes en este apartado.
El Real
Decreto establece los criterios mínimos y requisitos que deben cumplir
las auditorías energéticas, así como las condiciones
que hay que cumplir para poder llevarlas a cabo.
Podrán
ser tanto compañías especializadas en realizar este tipo
de estudios, que deberán estar inscritas en un registro administrativo,
como "personal interno cualificado" de las empresas que tengan que llevarlas
a cabo.
Este tipo
de estudios permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que
pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria
consumida, así como para optimizar la demanda energética
de las instalaciones estudiadas. También se incluyen análisis
como la optimización por cambio de combustible.
PRECIO
El precio
variará ya que las auditorías energéticas deberán
adaptarse a la configuración propia de cada organización.
Lo normal es que con la implantación de algunas de las medidas energéticas
recomendadas, el coste de la auditoría se vea más que compensado.
LAS EMPRESAS
OBLIGADAS
Quedan
excluidas del ámbito de aplicación, las microempresas, y
pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Las empresas
que sí están obligadas son aquellas que cumplan al menos
dos ejercicios consecutivos con la condición de gran empresa, es
decir, aquellas que “ocupen al menos a 250 personas o las que, aun sin
cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de 50
millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones
de euros”. También es obligatorio para los grupos de sociedades,
definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código
de Comercio.
¿AUDITORES
ENERGÉTICOS INTERNOS O EXTERNOS?
Para realizar
las auditorías, las compañías podrán contratar
a auditores energéticos externos debidamente cualificados o determinar
realizarlo con técnicos cualificados de la propia empresa, “siempre
que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan
a un departamento de control interno”. En cualquier caso, el técnico
deberá haber recibido y superado un curso teórico y práctico
de conocimientos específicos de auditorías energéticas
impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de
la comunidad autónoma.
ANTECEDENTES
4 de diciembre
de 2015
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
AUDITORÍA
ENERGÉTICA DE LOS INMUEBLES DE LAS GRANDES EMPRESAS
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del auditor energético,
certificación energética. Está muy avanzado el proyecto
de Real Decreto que recoge la transposición completa de la normativa
española de la directiva europea que obliga a las grandes empresas
a realizar una auditoría energética de sus inmuebles y a
repetirla con una periodicidad de cuatro años. Se trata de
la Directiva Europea de Eficiencia Energética (2012/27/UE) que debía
haberse transpuesto el 5 de junio de 2014 y España sólo ha
llevado a cabo la transposición parcial de alguno de los artículos.
El proyecto de RD dice que tendrán que ser auditadas las instalaciones
correspondientes al 85 por ciento de los consumos dentro de cada Comunidad
Autónoma y permite la sustitución parcial de la auditoría
si la empresa dispone de un Certificado Energético del Edificio.
Para ello, la empresa tendrá que realizar una auditoría energética
siguiendo unas directrices mínimas (incluidas en el anexo VI de
la Directiva): conforme a las normas UNE 216501:2009 y UNE EN 16247. Estas
auditorías tendrán que realizarse antes del 5 de diciembre
de 2015, con una periodicidad de 4 años y tendrán que estar
inscritas, tres meses después de realizarse, en un registro administrativo
creado para tal fin, que solo recogerá información sobre
la empresa, resultados de inspecciones y otros datos a efectos estadísticos.
Asimismo, se establece un sistema de inspección para vigilar que
la empresas cuenten con la auditoría y se establecen multas que
pueden ir desde los 600.000 euros hasta los 60 millones de euros según
el tipo de infracción.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
RESUMEN
DEL ENCUENTRO INMOBILIARIO: “AUDITORÍA ENERGÉTICA: VALOR
Y APLICACIÓN PRÁCTICA”, ORGANIZADO JUNTO CON OBSERVATORIO
INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN
Una inversión
de 100 euros en eficiencia energética se traduce en un ahorro medio
de 437 euros/año. Estas son las cifras medias que arroja el análisis
de 1.000 auditorías energéticas realizadas en los últimos
años por la firma de sostenibilidad Lavola y que su director de
Energía, Daniel Satué, ha presentado hoy en el transcurso
del Encuentro Inmobiliario “Auditoría energética: valor y
aplicación práctica”, organizado por Tinsa en colaboración
con Observatorio Inmobiliario y de la Construcción.
Tinsa y
Lavola mantienen un acuerdo de colaboración en la realización
de auditorías energéticas en España, una actividad
que ha adquirido protagonismo ante la inminente transposición a
la normativa española de la directiva europea que obliga a las grandes
empresas a realizar una auditoría energética de sus inmuebles
y a repetirla con una periodicidad de cuatro años. “En Tinsa ya
estamos analizando la forma de trasladar la eficiencia energética
como nuevo factor en el proceso de formación de valor”, afirmó
Marta García, directora de Consultoría Técnica y Energética
de Tinsa.
Durante
la jornada se analizó el papel y la rentabilidad de la eficiencia
en el mercado inmobiliario. “La eficiencia energética de edificios
ya es rentable. La Agencia Internacional de la Energía acaba de
publicar un informe en el que afirma que de cada 300 dólares invertidos
en eficiencia se recuperan 1.300?, afirmó Javier García Breva,
presidente de N2E (Nuevo Modelo de Negocio Energético) y ex director
general del IDAE.
Este consultor,
que destacó que la calificación energética se ha convertido
en un elemento diferencial que está posicionando los inmuebles en
el mercado, alertó de que las agencias de rating ya están
empezando a considerar el impacto de la sostenibilidad en sus valoraciones
de riesgo. “Standard & Poors apunta que algunas empresas tendrán
que depreciar sus activos en función de riesgos ambientales que
actualmente no están considerando”, señaló el presidente
de N2E.
Por su
parte, Marta García defendió el papel de la eficiencia energética
como nuevo factor en la generación de valor. “Gran parte de las
tasaciones del producto residencial realizadas acuerdo a la Orden ECO/805
del Banco de España implican establecer el valor de mercado por
el método de comparación. Si el mercado actualmente no está
recogiendo un aumento de precio directamente imputable a este tema, nosotros
no podemos adelantarnos y reflejarlo en nuestras tasaciones. Pero sí
podemos estar preparados, y de hecho lo estamos, para que a medida que
el mercado vaya asimilando el valor eficiencia energética lo vayamos
trasladando a la valoración de los inmuebles”, afirma García.
La directora
de Consultoría Técnica y Energética de Tinsa, líder
en certificaciones energéticas en España a través
de su filial Tinsa Certify, aseguró que el reconocimiento del valor
de la eficiencia en las tasaciones permitirá acelerar el cambio
de cultura y favorecerá políticas de financiación
más ventajosas para la rehabilitación y la compra de inmuebles
eficientes. También señaló que en este contexto las
entidades financieras tendrán que reconocer en la concesión
de crédito un menor nivel de riesgo a los inmuebles eficientes,
ya que sus propietarios contarán con más ingresos para pagar
sus compromisos financieros al tener una factura energética más
reducida.
Daniel
Satué, director del área de Energía de Lavola, apuntó
que de acuerdo al último borrador de Real Decreto para la
trasposición de la directiva europea la obligación de realizar
una auditoría energética afectaría a unas 14.000 empresas
en España. El balance de las auditorías realizadas hasta
la fecha por Lavola refleja un ahorro medio de consumo del 13,4%.
Satué,
que puso casos prácticos del ahorro económico alcanzado en
un hospital, un edificio de oficinas y una instalación industrial
tras el proceso de auditoría, destacó que un porcentaje muy
elevado de ahorro es alcanzable con cambios de hábitos o inversiones
reducidas. “La apuesta por la eficiencia energética tiene un efecto
positivo en la competitividad de la empresa, al rebajar sus costes, permite
revalorizar los activos inmobiliarios y, además, permite a las compañía
proyectar una imagen de responsabilidad social”, concluyó Satué.
Tim Nalder,
General Manager de la gestora Invesco Real Estate España, aportó
la visión de la eficiencia en el terreno de la inversión
inmobiliaria. Nalder apuntó que las nuevas aportaciones de los fondos
de pensiones para invertir en activos inmobiliarios están descartando
adquisiciones de inmuebles con calificación energética inferior
a la letra D. “En España hay pocos edificios con buena calificación.
Es un punto diferencial”, afirmó
Nalder
asegura que la gestión de activos inmobiliarios se enfrenta a un
gran cambio cultural y a una revolución en la forma de utilizar
los edificios. “Los organismos que generan rankings internacionales de
gestoras de inmuebles están otorgando una gran importancia a las
políticas de sostenibilidad y a la monitorización periódica”,
afirmó Nalder, que asegura que la nueva normativa sobre auditorías
energéticas obligará a gestoras como la suya a tener una
relación más cercana y constante con los arrendatarios. “Multinacionales
punteras, como Microsoft, Google o PWC, no consideran alquilar edificios
con baja calificación. En un futuro, un propietario puede tener
dificultades para arrendar su edificio, aunque esté en el Paseo
de la Castellana de Madrid”, afirma.
Nalder
echa en falta que se clarifique el modelo de reparto de las inversiones
para mejorar la calificación energética de un edificio. “Actualmente
yo hago la inversión, pero es el inquilino el que ahorra en costes”,
apunta Nalder, que señala que su gestora está explorando
fórmulas para vincular las inversiones de mejora con los requerimientos
de renta de los inquilinos. “Se trata de alcanzar un win-win”.
ANTECEDENTES
FEBRERO 2015
Directiva
Europea de Eficiencia Energética (2012/27/UE)
El 5 de
junio de 2014, finalizó el plazo para que todos los Estados miembros
de la UE hubieran llevado a cabo una transposición completa de esta
Directiva y España sólo ha llevado a cabo la transposición
parcial de alguno de esos artículos.
Actualmente,
se encuentra en el Consejo de Estado un proyecto de Real Decreto de eficiencia
energética en lo relativo a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos,
promoción de la eficiencia energética y contabilización
de consumos energéticos, que supondría la transposición
de la Directiva en estos conceptos, pero que aún no ha sido aprobado,
aunque el sector confía que estará listo el próximo
mes de marzo.
Con el
objetivo de arrojar un punto de luz a este respecto, la Cámara de
Comercio de Madrid en colaboración con Epson, organizó el
12 de febrero de 2015 una jornada donde se intentó dar respuesta
a todas las dudas que plantea la implementación de la Directiva
de Eficiencia Energética en el caso de las grandes empresas.
Una de
las mesas redondas más atractivas, moderada por Elvira Carles, directora
de la Fundación Empresa y Clima, fue la que congregó a los
responsables de las áreas de sostenibilidad y energía de
diez grandes empresas de diferentes sectores -BBVA, Epson, McDonald´s,
Técnicas Reunidas, Eroski, Endesa, Hotel Intercontinental, Repsol,
Leche Pascual para contar al público asistente sus planes energéticos
y donde siete de ellas reconocieron que, actualmente, sus empresas no cumplirían
con la Directiva de Eficiencia.
Lo cierto
es que parte del contenido de este Real Decreto afecta de lleno a estas
grandes empresas y, aunque en líneas generales, muchas de ellas
llevan varios años involucradas en la implantación de medidas
para reducir sus consumos energéticos y ahorrar en costes, el retraso
de este Real Decreto les está causando gran incertidumbre respecto
a las obligaciones que deberán asumir, la necesidad de llevar a
cabo auditorías energéticas, o el sistema de acreditación
para proveedores de energía, entre otros aspectos.
Declan
Keegan, representante de Medio Ambiente de la Epson, habló del programa
Environmental Vision 2050, un programa que se ha marcado como objetivos
reducir en un 90 por ciento las emisiones de CO2 durante el ciclo de vida
de los productos y soluciones de la marca, fomentar el reciclaje de estos
productos, así como llevar a cabo colaboraciones con las comunidades
locales para promover la conservación de la biodiversidad?.
Luis Miguel
Vicente, coordinador nacional de Construcción de McDonald´s,
explicó que en los últimos cinco años están
usando la domótica en muchos de sus restaurantes, así como
electrodomésticos eficientes para sus productos.
Por su
parte, el subdirector de Proyectos de Gestión Regulatoria de Repsol,
JavierArnal, comentó que se han propuesto reducir un 22 por ciento
las emisiones de gases de efecto en invernadero en sus complejos industriales
en 2016 y que en 2013 consiguieron 18 millones de kilovatios hora de ahorro
en 600 estaciones de servicio.
La asociada
senior del área de Medio Ambiente de Gómez Acebo & Pombo
Abogados, Mª José Rovira, explicó cuáles son
las implicaciones de la Directiva a las grandes empresas. En el caso de
las auditorías energéticas -procedimiento para conocer el
perfil de consumo de energía existente de un edificio, instalación
o servicio y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía
a un coste eficiente-, serán de obligado cumplimiento para las grandes
empresas de más de 250 personas, cuyo volumen de negocios anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43
millones de euros.
El proyecto
de RD dispone que tendrán que ser auditadas las instalaciones correspondientes
al 85 por ciento de los consumos dentro de cada Comunidad Autónoma
y permite la sustitución parcial de la auditoría si la empresa
dispone de un Certificado Energético del Edificio. Para ello, la
empresa tendrá que realizar una auditoría energética
siguiendo unas directrices mínimas (incluidas en el anexo VI de
la Directiva): conforme a las normas UNE 216501:2009 y UNE EN 16247.
Estas auditorías
tendrán que realizarse antes del 5 de diciembre de 2015, con una
periodicidad de 4 años y tendrán que estar inscritas, tres
meses después de realizarse, en un registro administrativo creado
para tal fin, que solo recogerá información sobre la empresa,
resultados de inspecciones y otros datos a efectos estadísticos.
Asimismo, se establece un sistema de inspección para vigilar que
la empresas cuenten con la auditoría y se establecen multas que
pueden ir desde los 600.000 euros hasta los 60 millones de euros según
el tipo de infracción.
Según
el proyecto de RD, estarán habilitados para realizar estas auditorías
ingenieros o arquitectos aunque no tengan formación en eficiencia
energética, personas que hayan sido acreditadas sólo por
hacer un curso y el personal de la propia empresa.
Manuel
Sayagués, presidente de A3e -Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética- y que también actuó como ponente, calificó
de parche algunas de estas medidas, ya que la transposición de la
Directiva de Eficiencia Energética debería considerarse como
?una oportunidad para que las empresas sean más competitivas y que
el país reduzca su dependencia energética del exterior y
no como una medida para cumplir el expediente?. El problema, según
Sayagués, “es que hemos perdido mucho tiempo y cuando tengamos que
ponernos manos a la obra vamos a tener tal avalancha de trabajo que las
cosas no se van a hacer con la rigurosidad necesaria”.
La Directiva
contempla que las auditorías energéticas pueden ser sustituidas
por un Sistema de Gestión Energética conforme a los normas
ISO 50001. En este caso, y ante las dudas que les surgen a muchas empresas
sobre cuál de los dos sistemas elegir, el presidente de A3e recomendó
a las empresas multipunto (con varias sucursales) que elijan este segundo
sistema, “porque supone la implantación de una política energéticamente
real que obliga a las empresas a ir mejorando todos los años”. En
el caso de las auditorías energéticas, Sayagués consideró
que “son más apropiadas para grandes centros de consumo con el fin
de conocer en profundidad qué medidas implantar para mejorar”.
En julio
del 2014 el Gobierno aprobó el RDL 8/2014 en el que, entre otros
asuntos, creaba el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y un
sistema de obligaciones de ahorro de energía en virtud del cual
las comercializadoras de electricidad y gas, operadores de productos petrolíferos
y de gases licuados de petróleo al por mayor, quedan obligadas a
alcanzaren 2020 un objetivo de ahorro de casi 16 millones de toneladas
equivalentes de petróleo (teps) mediante la consecución anual
de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas finales anuales de energía.
|
