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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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16 de marzo de 2016
 
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AUDITORÍAS ENERGÉTICAS OBLIGATORIAS
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del auditor energético y certificación energética.  El Real Decreto 56/2016, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a eficiencia energética en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía obligada a someterse a auditoría energética cada cuatro años las empresas que ocupen al menos a 250 personas, o que tengan un volumen de negocio superior a 50 millones de euros y a la par un balance general que exceda de los 43 millones,  o los grupos de sociedades que de forma agregada cumplan los requisitos de gran empresa.
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Disponen de nueve meses para someterse a la primera auditoría energética las empresas  que durante al menos dos ejercicios consecutivos cumplan la condición de gran empresa, siempre que no hayan realizado previamente una en el plazo inferior a cuatro años.

El Real Decreto regula un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas, un sistema de inspección, la acreditación de proveedores de servicios y auditorías energéticas y  el correspondiente régimen sancionador.

Dadas las condiciones establecidas en el real decreto que traspone una directiva del 2012, se estima que finalmente afecta a unas 3.800 empresas de toda España que tienen cerca de 27.000 establecimientos. Quedan fuera de la obligatoriedad de la normativa las microempresas y las pymes, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Europea.

Las auditorías, que deberán realizarse cada cuatro años, tienen por objeto determinar el potencial de ahorro energético en procesos y mejoras para ahorrar costes en este apartado. 

El Real Decreto establece los criterios mínimos y requisitos que deben cumplir las auditorías energéticas, así como las condiciones que hay que cumplir para poder llevarlas a cabo. 

Podrán ser tanto compañías especializadas en realizar este tipo de estudios, que deberán estar inscritas en un registro administrativo, como "personal interno cualificado" de las empresas que tengan que llevarlas a cabo.

Este tipo de estudios permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para optimizar la demanda energética de las instalaciones estudiadas. También se incluyen análisis como la optimización por cambio de combustible.

PRECIO

El precio variará ya que las auditorías energéticas deberán adaptarse a la configuración propia de cada organización. Lo normal es que con la implantación de algunas de las medidas energéticas recomendadas, el coste de la auditoría se vea más que compensado.

LAS EMPRESAS OBLIGADAS

Quedan excluidas del ámbito de aplicación, las microempresas, y pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Las empresas que sí están obligadas son aquellas que cumplan al menos dos ejercicios consecutivos con la condición de gran empresa, es decir, aquellas que “ocupen al menos a 250 personas o las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros”. También es obligatorio para los grupos de sociedades, definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

¿AUDITORES ENERGÉTICOS INTERNOS O EXTERNOS?

Para realizar las auditorías, las compañías podrán contratar a auditores energéticos externos debidamente cualificados o determinar realizarlo con técnicos cualificados de la propia empresa, “siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno”. En cualquier caso, el técnico deberá haber recibido y superado un curso teórico y práctico de conocimientos específicos de auditorías energéticas impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la comunidad autónoma.
 

ANTECEDENTES

4 de diciembre de 2015 
 
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AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LOS INMUEBLES DE LAS GRANDES EMPRESAS 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del auditor energético, certificación energética. Está muy avanzado el proyecto de Real Decreto que recoge la transposición completa de la normativa española de la directiva europea que obliga a las grandes empresas a realizar una auditoría energética de sus inmuebles y a repetirla con una periodicidad de cuatro años.  Se trata de la Directiva Europea de Eficiencia Energética (2012/27/UE) que debía haberse transpuesto el 5 de junio de 2014 y España sólo ha llevado a cabo la transposición parcial de alguno de los artículos. El proyecto de RD dice que tendrán que ser auditadas las instalaciones correspondientes al 85 por ciento de los consumos dentro de cada Comunidad Autónoma y permite la sustitución parcial de la auditoría si la empresa dispone de un Certificado Energético del Edificio. Para ello, la empresa tendrá que realizar una auditoría energética siguiendo unas directrices mínimas (incluidas en el anexo VI de la Directiva): conforme a las normas UNE 216501:2009 y UNE EN 16247. Estas auditorías tendrán que realizarse antes del 5 de diciembre de 2015, con una periodicidad de 4 años y tendrán que estar inscritas, tres meses después de realizarse, en un registro administrativo creado para tal fin, que solo recogerá información sobre la empresa, resultados de inspecciones y otros datos a efectos estadísticos. Asimismo, se establece un sistema de inspección para vigilar que la empresas cuenten con la auditoría y se establecen multas que pueden ir desde los 600.000 euros hasta los 60 millones de euros según el tipo de infracción. 
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RESUMEN DEL ENCUENTRO INMOBILIARIO: “AUDITORÍA ENERGÉTICA: VALOR Y APLICACIÓN PRÁCTICA”,  ORGANIZADO JUNTO CON OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN
Una inversión de 100 euros en eficiencia energética se traduce en un ahorro medio de 437 euros/año. Estas son las cifras medias que arroja el análisis de 1.000 auditorías energéticas realizadas en los últimos años por la firma de sostenibilidad Lavola y que su director de Energía, Daniel Satué, ha presentado hoy en el transcurso del Encuentro Inmobiliario “Auditoría energética: valor y aplicación práctica”, organizado por Tinsa en colaboración con Observatorio Inmobiliario y de la Construcción.

Tinsa y Lavola mantienen un acuerdo de colaboración en la realización de auditorías energéticas en España, una actividad que ha adquirido protagonismo ante la inminente transposición a la normativa española de la directiva europea que obliga a las grandes empresas a realizar una auditoría energética de sus inmuebles y a repetirla con una periodicidad de cuatro años. “En Tinsa ya estamos analizando la forma de trasladar la eficiencia energética como nuevo factor en el proceso de formación de valor”, afirmó Marta García, directora de Consultoría Técnica y Energética de Tinsa.

Durante la jornada se analizó el papel y la rentabilidad de la eficiencia en el mercado inmobiliario. “La  eficiencia energética de edificios ya es rentable. La Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar un informe en el que afirma que de cada 300 dólares invertidos en eficiencia se recuperan 1.300?, afirmó Javier García Breva, presidente de N2E (Nuevo Modelo de Negocio Energético) y ex director general del IDAE.

Este consultor, que destacó que la calificación energética se ha convertido en un elemento diferencial que está posicionando los inmuebles en el mercado, alertó de que las agencias de rating ya están empezando a considerar el impacto de la sostenibilidad en sus valoraciones de riesgo. “Standard & Poors apunta que algunas empresas tendrán que depreciar sus activos en función de riesgos ambientales que actualmente no están considerando”, señaló el presidente de N2E.

Por su parte, Marta García defendió el papel de la eficiencia energética como nuevo factor en la generación de valor. “Gran parte de las tasaciones del producto residencial realizadas acuerdo a la Orden ECO/805 del Banco de España implican establecer el valor de mercado por el método de comparación. Si el mercado actualmente no está recogiendo un aumento de precio directamente imputable a este tema, nosotros no podemos adelantarnos y reflejarlo en nuestras tasaciones. Pero sí podemos estar preparados, y de hecho lo estamos, para que a medida que el mercado vaya asimilando el valor eficiencia energética lo vayamos trasladando a la valoración de los inmuebles”, afirma García.

La directora de Consultoría Técnica y Energética de Tinsa, líder en certificaciones energéticas en España a través de su filial Tinsa Certify, aseguró que el reconocimiento del valor de la eficiencia en las tasaciones permitirá acelerar el cambio de cultura y favorecerá políticas de financiación más ventajosas para la rehabilitación y la compra de inmuebles eficientes. También señaló que en este contexto las entidades financieras tendrán que reconocer en la concesión de crédito un menor nivel de riesgo a los inmuebles eficientes, ya que sus propietarios contarán con más ingresos para pagar sus compromisos financieros al tener una factura energética más reducida.

Daniel Satué, director del área de Energía de Lavola, apuntó que de acuerdo al último  borrador de Real Decreto para la trasposición de la directiva europea la obligación de realizar una auditoría energética afectaría a unas 14.000 empresas en España. El balance de las auditorías realizadas hasta la fecha por Lavola refleja un ahorro medio  de consumo del 13,4%.

Satué, que puso casos prácticos del ahorro económico alcanzado en un hospital, un edificio de oficinas y una instalación industrial tras el proceso de auditoría, destacó que un porcentaje muy elevado de ahorro es alcanzable con cambios de hábitos o inversiones reducidas. “La apuesta por la eficiencia energética tiene un efecto positivo en la competitividad de la empresa, al rebajar sus costes, permite revalorizar los activos inmobiliarios y, además, permite a las compañía proyectar una imagen de responsabilidad social”, concluyó Satué.

Tim Nalder, General Manager de la gestora Invesco Real Estate España, aportó la visión de la eficiencia en el terreno de la inversión inmobiliaria. Nalder apuntó que las nuevas aportaciones de los fondos de pensiones para invertir en activos inmobiliarios están descartando adquisiciones de inmuebles con calificación energética inferior a la letra D. “En España hay pocos edificios con buena calificación. Es un punto diferencial”, afirmó

Nalder asegura que la gestión de activos inmobiliarios se enfrenta a un gran cambio cultural y a una revolución en la forma de utilizar los edificios. “Los organismos que generan rankings internacionales de gestoras de inmuebles están otorgando una gran importancia a las políticas de sostenibilidad y a la monitorización periódica”, afirmó Nalder, que asegura que la nueva normativa sobre auditorías energéticas obligará a gestoras como la suya a tener una relación más cercana y constante con los arrendatarios. “Multinacionales punteras, como Microsoft, Google o PWC, no consideran alquilar edificios con baja calificación. En un futuro, un propietario puede tener dificultades para arrendar su edificio, aunque esté en el Paseo de la Castellana de Madrid”, afirma.

Nalder echa en falta que se clarifique el modelo de reparto de las inversiones para mejorar la calificación energética de un edificio. “Actualmente yo hago la inversión, pero es el inquilino el que ahorra en costes”, apunta Nalder, que señala que su gestora está explorando fórmulas para vincular las inversiones de mejora con los requerimientos de renta de los inquilinos. “Se trata de alcanzar un win-win”. 
 

ANTECEDENTES FEBRERO 2015 
Directiva Europea de Eficiencia Energética (2012/27/UE) 

El 5 de junio de 2014, finalizó el plazo para que todos los Estados miembros de la UE hubieran llevado a cabo una transposición completa de esta Directiva y España sólo ha llevado a cabo la transposición parcial de alguno de esos artículos.

Actualmente, se encuentra en el Consejo de Estado un proyecto de Real Decreto de eficiencia energética en lo relativo a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos energéticos, que supondría la transposición de la Directiva en estos conceptos, pero que aún no ha sido aprobado, aunque el sector confía que estará listo el próximo mes de marzo.

Con el objetivo de arrojar un punto de luz a este respecto, la Cámara de Comercio de Madrid en colaboración con Epson, organizó el 12 de febrero de 2015 una jornada donde se intentó dar respuesta a todas las dudas que plantea la implementación de la Directiva de Eficiencia Energética en el caso de las grandes empresas.

Una de las mesas redondas más atractivas, moderada por Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima, fue la que congregó a los responsables de las áreas de sostenibilidad y energía de diez grandes empresas de diferentes sectores -BBVA, Epson, McDonald´s, Técnicas Reunidas, Eroski, Endesa, Hotel Intercontinental, Repsol, Leche Pascual para contar al público asistente sus planes energéticos y donde siete de ellas reconocieron que, actualmente, sus empresas no cumplirían con la Directiva de Eficiencia.

Lo cierto es que parte del contenido de este Real Decreto afecta de lleno a estas grandes empresas y, aunque en líneas generales, muchas de ellas llevan varios años involucradas en la implantación de medidas para reducir sus consumos energéticos y ahorrar en costes, el retraso de este Real Decreto les está causando gran incertidumbre respecto a las obligaciones que deberán asumir, la necesidad de llevar a cabo auditorías energéticas, o el sistema de acreditación para proveedores de energía, entre otros aspectos.

Declan Keegan, representante de Medio Ambiente de la Epson, habló del programa Environmental Vision 2050, un programa que se ha marcado como objetivos reducir en un 90 por ciento las emisiones de CO2 durante el ciclo de vida de los productos y soluciones de la marca, fomentar el reciclaje de estos productos, así como llevar a cabo colaboraciones con las comunidades locales para promover la conservación de la biodiversidad?.

Luis Miguel Vicente, coordinador nacional de Construcción de McDonald´s, explicó que en los últimos cinco años están usando la domótica en muchos de sus restaurantes, así como electrodomésticos eficientes para sus productos.

Por su parte, el subdirector de Proyectos de Gestión Regulatoria de Repsol, JavierArnal, comentó que se han propuesto reducir un 22 por ciento las emisiones de gases de efecto en invernadero en sus complejos industriales en 2016 y que en 2013 consiguieron 18 millones de kilovatios hora de ahorro en 600 estaciones de servicio.

La asociada senior del área de Medio Ambiente de Gómez Acebo & Pombo Abogados, Mª José Rovira, explicó cuáles son las implicaciones de la Directiva a las grandes empresas. En el caso de las auditorías energéticas -procedimiento para conocer el perfil de consumo de energía existente de un edificio, instalación o servicio y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente-, serán de obligado cumplimiento para las grandes empresas de más de 250 personas, cuyo volumen de negocios anual exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.

El proyecto de RD dispone que tendrán que ser auditadas las instalaciones correspondientes al 85 por ciento de los consumos dentro de cada Comunidad Autónoma y permite la sustitución parcial de la auditoría si la empresa dispone de un Certificado Energético del Edificio. Para ello, la empresa tendrá que realizar una auditoría energética siguiendo unas directrices mínimas (incluidas en el anexo VI de la Directiva): conforme a las normas UNE 216501:2009 y UNE EN 16247.

Estas auditorías tendrán que realizarse antes del 5 de diciembre de 2015, con una periodicidad de 4 años y tendrán que estar inscritas, tres meses después de realizarse, en un registro administrativo creado para tal fin, que solo recogerá información sobre la empresa, resultados de inspecciones y otros datos a efectos estadísticos. Asimismo, se establece un sistema de inspección para vigilar que la empresas cuenten con la auditoría y se establecen multas que pueden ir desde los 600.000 euros hasta los 60 millones de euros según el tipo de infracción.

Según el proyecto de RD, estarán habilitados para realizar estas auditorías ingenieros o arquitectos aunque no tengan formación en eficiencia energética, personas que hayan sido acreditadas sólo por hacer un curso y el personal de la propia empresa.

Manuel Sayagués, presidente de A3e -Asociación de Empresas de Eficiencia Energética- y que también actuó como ponente, calificó de parche algunas de estas medidas, ya que la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética debería considerarse como ?una oportunidad para que las empresas sean más competitivas y que el país reduzca su dependencia energética del exterior y no como una medida para cumplir el expediente?. El problema, según Sayagués, “es que hemos perdido mucho tiempo y cuando tengamos que ponernos manos a la obra vamos a tener tal avalancha de trabajo que las cosas no se van a hacer con la rigurosidad necesaria”.

La Directiva contempla que las auditorías energéticas pueden ser sustituidas por un Sistema de Gestión Energética conforme a los normas ISO 50001. En este caso, y ante las dudas que les surgen a muchas empresas sobre cuál de los dos sistemas elegir, el presidente de A3e recomendó a las empresas multipunto (con varias sucursales) que elijan este segundo sistema, “porque supone la implantación de una política energéticamente real que obliga a las empresas a ir mejorando todos los años”. En el caso de las auditorías energéticas, Sayagués consideró que “son más apropiadas para grandes centros de consumo con el fin de conocer en profundidad qué medidas implantar para mejorar”.

En julio del 2014 el Gobierno aprobó el RDL 8/2014 en el que, entre otros asuntos, creaba el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y un sistema de obligaciones de ahorro de energía en virtud del cual las comercializadoras de electricidad y gas, operadores de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo al por mayor, quedan obligadas a alcanzaren 2020 un objetivo de ahorro de casi 16 millones de toneladas equivalentes de petróleo (teps) mediante la consecución anual de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas finales anuales de energía.

 


 
 
 
 
 

 

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