| Según
informa Mundo Financiero, un vecino, cansado de esperar una solución
que nunca llega, ha optado por llevar el caso a la Generalitat.
Esto es lo
que deberían hacer todas las urbanizaciones que son maltratadas
por los ayuntamientos negándoles información, deben dejar
constancia de los hechos ante la inspección urbanística de
sus Comunidades Autónomas. Somos conscientes de que en muchos casos
se hace pero no sirve de nada. En estos casos, como aparece en el ejemplo
que tratamos, la fiscalía puede encontrar indicios contra las autoridades.
El pasado 1
de febrero presentó un escrito de 62 páginas dirigido a la
Dirección General de Urbanismo pidiendo que tome cartas en el asunto
declarando la nulidad de los proyectos "que lesionan los derechos de los
vecinos" pero además solicitando "que se retiren las competencias
de urbanismo al Ayuntamiento de El Vendrell en el ámbito de esa
Unidad de Actuación urbanística". Pide además que
sea la Generalitat, a través del Instituto Catalán del Suelo,
quién lleve a cabo las obras.
La Generalitat
tiene ahora un mes de plazo para dictar resolución. Si fuera favorable
el Ayuntamiento y las Juntas tendrían que devolver a los vecinos,
casi a partes iguales, 10 millones de euros cobrados de manera irregular.
El denunciante,
Esteban Cabal, asegura que su propuesta es justa, jurídicamente
viable y que serviría para desbloquear la situación de abandono
que sufre la urbanización "por la pasividad negligente de la Administración
local".
Entre los argumentos
esgrimidos por el denunciante se señala, además de su imposible
inscripción en el Registro de la Propiedad, la incompatibilidad
del Proyecto con el Plan General de Ordenación Municipal, la imposibilidad
material de finalizar las obras, el incumplimiento de los requisitos básicos
legalmente exigibles por parte de la Junta de Compensación y del
Ayuntamiento, la deficiente adjudicación de las parcelas, las manipulaciones
y alteraciones introducidas en el Proyecto con posterioridad a su aprobación,
la imposibilidad de hacer efectiva la transmisión al Ayuntamiento
de las zonas de cesión obligatoria, la necesidad de que el Ayuntamiento
devuelva a los vecinos los importes de las obras realizadas en caminos
de titularidad pública y en el encauzamiento de la riera (sistema
hidrológico) y la caducidad imputable a los promotores.
Ya con anterioridad
Esteban Cabal había denunciado al Ayuntamiento ante la fiscalía
por presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal, apropiación
indebida, falsedad documental, ocupación ilegal, y prevaricación,
relacionados con la urbanización, delitos que están siendo
investigados por el Juez de Instrucción Nº 8 de El Vendrell.
Al día
siguiente de presentar su escrito ante Dirección General de Urbanismo,
Cabal se presentó de nuevo ante la Fiscalía, el pasado 2
de febrero, con una segunda denuncia por corrupción urbanística,
porque considera que en su escrito se denuncian numerosos hechos que podrían
ser constitutivos de delito. Pide al Fiscal que los investigue "como pieza
separada" o que los derive al Juzgado Nº 8 de El Vendrell porque los
hechos guardan estrecha relación con su denuncia anterior.
Si prosperase
su denuncia el alcalde actual Martí Carnicer (PSC), el anterior
Benet Jané (CiU) y varios ediles de sus equipos de gobierno podrían
ser investigados por su relación con los hechos.
ANTECEDENTES
11 de enero
de 2016
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
EL URBANISMO
DE LA SIERRA DE MADRID Y LA INSPECCIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA.
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística,
guía de delitos urbanísticos y en la guía del urbanismo
de Madrid. En la sierra norte de Madrid sería necesaria una inspección
urbanística más activa que vigilase de oficio el otorgamiento
de licencias, en especial las relativas a edificaciones móviles
que no se ajustan al Código técnico de la edificación,
y que se están extendiendo por varias urbanizaciones. En algunos
casos, las licencias no se ajustan a las ordenanzas de edificación,
lo que es especialmente perjudicial en municipios sin planeamiento y que
aplican normas subsidiarias. En este caso recogemos un caso puntual pero
que debe advertir de las obligaciones de inspección urbanística
de las Comunidades autónomas, que deben anticipar estas situaciones
y denunciarlas.
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Un juzgado
de Colmenar Viejo ha citado a declarar como imputado al alcalde y a cinco
ediles y seis exconcejales después de que la Fiscalía de
Medioambiente haya denunciado irregularidades en la concesión de
licencias urbanísticas durante los últimos diez años
Según
el Ministerio Público, el gobierno municipal concedió más
de una docena de licencias de primera ocupación haciendo caso omiso
de los informes de los técnicos municipales.
Entre los
llamados a declarar figuran, además del actual regidor, el exalcalde
José María de Federico Corral – bajo cuyo mandato se habrían
cometido la mayoría de las irregularidades denunciadas – junto con
los actuales concejales de obras, medio ambiente, cultura, desarrollo local
y transportes. Junto con ellos también han sido llamados a declarar
varios exconcejales y hasta 8 peritos.
El actual
alcalde, Miguel Ángel Santamaría, además de regidor
de Colmenar Viejo también ocupa un puesto de vocal en el Centro
de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
En su querella,
la Fiscalía describe hasta trece casos ocurridos entre 2005 y 2011
en los que la anterior corporación municipal habría adjudicado
licencias de primera ocupación de forma irregular, haciendo caso
omiso a los informes negativos de los arquitectos y técnicos municipales
y de la administración general: muros de cerramiento que superan
la altura máxima permitida, edificios que no cumplían con
las condiciones de salubridad mínimas exigidas para el aire o un
edificio que se metía en la acera de la calle Pedro López.
En todos
los casos, las actas de la Junta de Gobierno reflejan que la corporación
municipal otorgó estas licencias “vistos informes técnicos
y jurídico desfavorables”, y en varias ocasiones “sin razonar siquiera
sucintamente los motivos” por los que las otorgaban o por los que tramitaban
el asunto por la vía de urgencia. Las licencias de primera ocupación
son aquellas que otorga la administración cuando comprueba que las
obras realizadas han respetado las condiciones de su aprobación,
y que cumplen con la legislación vigente.
En un escrito
del pasado mes de junio, cuando el caso todavía no estaba judicializado,
el entonces Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, explicaba que “aisladamente
consideradas” cada una de las posibles irregularidades urbanísticas
cometidas podrían incluso ser tildadas de “insignificantes”, pero
entiende que “analizadas globalmente podrían ser constitutivas de
delito, evidenciando no sólo la voluntad clara de no dar cumplimiento
a la normativa urbanística, sino además la causación
de un perjuicio económico para el Ayuntamiento” por los expedientes
de Disciplina Urbanística que no fueron tramitados.
El procedimiento
abierto en el juzgado de instrucción nº 3 de Colmenar Viejo
incluye dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid
que acumulan quince tomos de documentación y varias diligencias
abiertas en torno a diversas de estas irregularidades: el magistrado instructor
entiende que podría haberse cometido un delito continuado de prevaricación
urbanística, que en su redacción actual contempla penas de
prisión de año y medio a cuatro años, así como
penas de inhabilitación de hasta quince años.
|
