| La construcción
de una nueva carretera deberá estar avalada por un estudio previo
de su retorno social y económico. Además, la nueva Ley de
Carreteras establece que las nuevas construcciones de vías deberán
someterse a "un análisis previo de eficiencia e intermodalidad.
Será obligatorio la aprobación de un plan técnico
que certifiquen la necesidad y la viabilidad del proyecto, algo que no
cumplieron los proyectos de carreteras radiales que entraron en concurso
de acreedores.
Asimismo, y
con el fin de evitar especulaciones con los terrenos en los que se prevea
la construcción de una carretera, la nueva Ley permitirá
suspender temporalmente de forma cautelar las recalificaciones urbanísticas
que puedan afectar a la planificación viaria para evitar posibles
actuaciones especulativas. De igual forma, el Gobierno podrá declarar
"nulas de pleno derecho" las decisiones urbanísticas que se adopten
sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras.
La nueva ley
de Carreteras contempla la suspensión cautelar de todas las recalificaciones
urbanísticas desde el momento en que se proyecte una nueva vía.
La ministra de Fomento, Ana Pastor , explicó que la normativa declarará
nula de pleno derecho toda modificación urbanística que se
ejecute durante estudio de una nueva carretera.
La nueva Ley
también habilitará al Gobierno a declarar "nulas de pleno
derecho" todas decisiones urbanísticas que se adopten sin considerar
las necesidades de la gestión de las carreteras.
"Hay una suspensión
cautelar de cualquier recalificación urbanística que pueda
afectar a la planificación de una vía" desde el momento en
que ésta se proyecte, ha asegurado Pastor, que ha especificado que
"desde que se pide el estudio informativo no se puede hacer ningún
tipo de modificación" porque "se estaría interfiriendo en
el precio de los terrenos que circundan a una nueva carretera".
Además,
la nueva Ley de Carreteras no permitirá que los conductores encuentren
tres gasolineras seguidas de un mismo operador a lo largo de una carretera.
Con esta medida,
el Gobierno persigue que los viajeros encuentren en una carretera distintos
suministradores de carburante "para que puedan elegir" y el con fin último
de fomentar la competencia. Para ello, además, se permitirá
la iniciativa privada en la aprobación de nuevas áreas de
servicio
El proyecto
que ahora se remite a las Cortes Generales recoge también la eliminación
de elementos publicitarios que puedan afectar a la seguridad viaria y la
actualización de las sanciones a las concesionarias de autopistas
de peajes que están en vigor desde 1973.
En este sentido,
Pastor ha destacado el incremento de las cuantías de las sanciones
en las autopistas de peaje en caso de incumplimiento, con multas que pasan
de los 300 euros de algunos casos hasta los 15.000 euros.
EL PROYECTO
DE LEY DE CARRETERAS
El nuevo texto
adecua la legislación a la evolución de la red desde la puesta
en marcha de la Ley de 1988.
El Consejo
de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del
Proyecto de Ley de Carreteras. Se trata de un texto que adecua la legislación
a la evolución de la red viaria desde la puesta en marcha de la
Ley vigente de 1988 y, entre las novedades, destaca la imposibilidad temporal
de recalificaciones de suelos por parte de las administraciones autonómicas
o locales durante el proceso de planificación de una carretera.
La nueva Ley
articula, además, medidas para la mejora de la seguridad vial, imponiendo
la obligación de evaluaciones de impacto sobre la seguridad vial
en la planificación de nuevas carreteras, al igual que auditorías
de seguridad viaria en la fase previa a la puesta en servicio y durante
la explotación.
Se introducen,
asimismo, medidas más eficaces de protección del patrimonio
público viario; se permite la promoción de las áreas
de servicio mediante iniciativa privada; se establece la necesidad de facilitar
aparcamientos seguros y se incluye entre las competencias del Ministerio
de Fomento el establecimiento de determinados equipamientos, como los sistemas
inteligentes de transporte.
Además,
la nueva Ley de Carreteras incrementa las cuantías de las sanciones
establecidas en la normativa de autopistas de 1973 en los casos de incumplimiento
en la prestación del servicio viario, que fija la cuantía
de la sanción máxima en quince mil euros, lo que permitirá
un cumplimiento más eficaz de las obligaciones por el concesionario.
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