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1 de abril de 2015
 
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DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PREVARICACIÓN URBANÍSTICA EN CÁDIZ
Convertir conocimiento en valor añadido: Guía práctica inmoley.com de delitos urbanísticos. El equipo del Área de Medio Ambiente y Urbanismo de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma en Cádiz ha instruido diligencias por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística y ha imputado a un total de 63 personas por una serie de construcciones ilegales detectadas en la localidad de El Puerto de Santa María. La Junta explica que las investigaciones se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Cádiz como consecuencia de una denuncia presentada por la organización Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María, lugar en el que, presuntamente, se habían cometido las irregularidades.
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Esta denuncia es una recopilación de varias que fueron formuladas por la organización ecologista entre los años 2008 a 2012, todas relacionadas con construcciones que, presuntamente, vulneraban la legalidad urbanística por estar levantadas sobre suelo no urbano ni urbanizable, "sin que los responsables municipales del Ayuntamiento con competencias en la materia actuaran disciplinariamente contra las mismas", según destacaban los denunciantes.

Las denuncias de esta organización iban inicialmente dirigidas contra el Ayuntamiento de El Puerto por la "laxitud y pasividad del mismo", al no utilizar los medios legales que existen a su alcance para impedir las construcciones, al no haber actuado con la diligencia debida al permitir la continuación de las obras, al no haber instado al restablecimiento de la realidad física alterada en los casos que procedieran y al no actuar disciplinariamente, con incumplimiento de la ley, lo que permitió la proliferación de las construcciones ilegales en la zona.

Las primeras investigaciones por esta cuestión provocaron la apertura de varias diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción numero 2 de El Puerto de Santa María, que fue el que encargó al Área de Urbanismo y Medio Ambiente de la Unidad Policial Adscrita a la Junta de Andalucía en Cádiz las oportunas investigaciones y la instrucción del correspondiente atestado.

Los agentes identificaron a todos y cada uno de los propietarios de las construcciones ilegales, que fueron citados en sede policial, y se imputó a un total de 63 personas por dichas construcciones que habían sido realizadas "sin ningún tipo de permiso o licencia". Muchas de las parcelas en las que se habían realizado las construcciones habían sido transmitidas mediante documentos privados o entre familiares, por lo que fue necesario determinar quiénes eran los propietarios reales de las parcelas, ya que "no constaban en ningún tipo de registro público".

Las zonas en las que se detectan las construcciones ilegales, muchas de ellas viviendas, son conocidas como Pago Buenavista, Laguna Chica y Pago Machete, todas ellas catalogadas como suelo no urbanizable de especial protección, ya que están incluidas dentro del denominado Corredor Verde.

Destaca que, de hecho, el Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz incluye por planificación territorial suelos de El Puerto de Santa María en la Red de Espacios Libres de la Bahía de Cádiz desde el año 2004.

Las diligencias policiales ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María.

Explica la Junta que este equipo especializado en medio ambiente de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma ha puesto a disposición judicial a cuatro personas y ha denunciado a 320 por presuntos delitos cometidos en este ámbito en la provincia de Cádiz durante 2014.

Del total de las personas puestas a disposición judicial, tres estaban relacionadas con delitos contra la ordenación del territorio y una con incendios forestales. La mayoría de las denuncias recon sobre individuos implicados en vertidos ilegales (119), incendios forestales (112), acampadas ilegales (42), delitos contra la protección de especies y recursos (29), delitos contra la ordenación del territorio (13) y cinco contra los aprovechamientos forestales.

Los agentes de la Unidad han esclarecido cuatro de los siete incendios forestales que investigó durante el pasado año en Cádiz, según el balance de las actuaciones de este cuerpo dependiente de la Consejería de Justicia e Interior.

En la lucha contra los siniestros forestales, este equipo policial de medio ambiente ha realizado, además, un total de 50 inspecciones y ha elaborado 20 informes relacionados con estas actuaciones para la protección del patrimonio forestal andaluz.

Además, el equipo de medio ambiente de la Policía lleva a cabo otras tareas para la conservación del patrimonio natural de Cádiz, como son la preservación de la flora y la fauna protegida, la vigilancia de un correcto aprovechamiento de los recursos forestales y la persecución de los vertidos u otro tipo de episodios contaminantes.

Para llevar a cabo todas estas labores de seguridad, investigación, prevención y protección del medio ambiente gaditano, los agentes recorrieron el pasado año más de 65.464 kilómetros, identificaron a 1.589 personas y controlaron 1.163 vehículos en la provincia de Cádiz.

 


 


 
 
 
 
 

 

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