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26
de marzo de 2015
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EVALUACIÓN
PERICIAL DE LA INCIDENCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MARINA
ISLA DE VALDECAÑAS
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conocimiento en valor añadido:
guía práctica inmoley.com del impacto medioambiental y guía
del urbanismo de Extremadura. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
ha notificado a la Junta su decisión de aplazar la orden de demolición
del complejo de Valdecañas hasta disponer de un nuevo informe pericial
encargado por la propia Sala al respecto, según ha informado el
Gobierno regional en una nota de prensa. El Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura acuerda que se lleve a cabo una evaluación pericial
de la incidencia que la construcción del Complejo Marina Isla de
Valdecañas ha tenido sobre el hábitat protegido para, entre
otras cuestiones, poder determinar si esos efectos han sido perjudiciales,
neutros o beneficiosos para el hábitat protegido, y cuáles
serían las consecuencias ambientales de una posible demolición.
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El informe
pericial también debe definir por un lado si existía justificación
para que el espacio ocupado por la urbanización MIV fuera incluido
en la zona de especial protección de aves (ZEPA) por ser hábitat
de reproducción y conservación de alguna especie de avifauna
amenazada de extinción; y, por otra parte, si los estudios y criterios
técnicos que sirvieron de base a la declaración de impacto
ambiental reflejaron fielmente los efectos sobre el ecosistema del Proyecto.
El Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, tras consultar a todas las partes
del procedimiento, ha encargado la redacción de la evaluación
pericial a una institución pública de reconocido prestigio
internacional, la Estación Biológica de Doñana, perteneciente
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que había
sido propuesta por las Asociaciones Ecologistas demandantes ( ADENEX y
Ecologistas en Acción). En caso de no aceptarse, la entidad encargada
sería el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
La decisión
de dejar en suspenso la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2014,
que confirmaba el derribo del complejo como ya había fallado en
primera instancia por el propio TSJEx en marzo de 2011 con el objetivo
de devolver la zona a su condición natural, ha sido comunicada este
martes por el TSJEx, que admite así la petición del Gobierno
extremeño que preside José Antonio Monago, quien desde el
primer momento se opuso a la sentencia.
En la zona
se habían construido 180 villas turísticas, un hotel, un
campo de golf de 18 hoyos o un puerto deportivo con 76 atraques, entre
otros servicios, como una playa. La Junta de Extremadura aprobó
en el año 2007 el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina
de Isla de Valdecañas, con el que se recalificaban los terrenos
para permitir la construcción de este complejo turístico
de lujo, que llevó a la promotora del complejo, Marina Isla Valdecañas
S.A., tras las sentencias judiciales, a padecer una deuda que que ronda
los 31,5 millones de euros y a entrar en concurso voluntario de acreedores.
El informe
pericial también debe definir por un lado si existía justificación
para que el espacio ocupado por la urbanización fuera incluido en
la zona de especial protección de aves (ZEPA) por ser hábitat
de reproducción y conservación de alguna especie de avifauna
amenazada de extinción; y, por otra parte, si los estudios y criterios
técnicos que sirvieron de base a la declaración de impacto
ambiental reflejaron fielmente los efectos sobre el ecosistema del proyecto.
Los servicios
jurídicos del Gobierno de Extremadura formularon ante el tribunal
extremeño, que es el encargado de la ejecución de la sentencia,
un incidente, término legal donde se venía a expresar "la
imposibilidad de ejecución", según el gobierno regional.
Dicha imposibilidad
se fundamentaba tanto en cuestiones legales como en cuestiones materiales.
Las legales responden a que, tras la aprobación del PIR, se han
producido diversas modificaciones legislativas que avalarían actualmente
la construcción del complejo urbanístico. Las causas materiales
son, a juicio de la Junta, en primer lugar, que la construcción
del Complejo Marina Isla de Valdecañas "en modo alguno ha supuesto
daños para el medio ambiente y particularmente para la población
avifaunística que justificó la inclusión de los terrenos
en RED NATURA 2000. La demolición, sin embargo, podría causar
daños más graves y mayores al medio ambiente", según
los argumentos del Gobierno regional.
Esta petición
fue argumentada con la aportación de informes que acreditaban que
esa población avifaunística presente en el embalse de Valdecañas,
"lejos de verse comprometida o disminuida, se ha incrementado de forma
exponencial, dada la mayor vigilancia a que la zona ha sido sometida, evitando
actividades molestas para las especies y el furtivismo en la isla, además
de que la vegetación existente con anterioridad (fundamentalmente
eucaliptos) se ha visto sustituida por otra de carácter autóctono,
menos nociva para el territorio y que compromete mayor cantidad de aporte
alimenticio a las aves objeto de protección".
Del mismo modo,
el escrito del Ejecutivo extremeño en el que se indicaba la imposibilidad
de ejecución de la sentencia defendía que si el entorno de
Valdecañas tiene valor como zona de nidificación y alimento
de aves, ello se debía, según este argumento, precisamente,
a la actividad humana, es decir, "a la construcción en los años
60 del embalse, lo que lleva a considerar que no toda actividad constructiva
es necesariamente y por definición perjudicial para el hábitat
de las especies protegidas".
Finalmente
los Servicios Jurídicos del Gobierno de Extremadura ponían
de manifiesto la necesidad de que se efectuara una evaluación independiente
de esa incidencia medioambiental del complejo, cuestión que ahora
se ve atendida.
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