NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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27 de febrero de 2015
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©

EL AVAL DEL ESTADO QUE FINANCIÓ LAS RADIALES
Convertir conocimiento en valor añadido: Guía práctica inmoley.com de financiación de infraestructuras. Hay padres que avalan a sus hijos al comprar un piso y acaban pagando el piso. Esto es lo que puede suceder al estado por haber avalado a las concesionarias de las autopistas. El problema que tiene Fomento es que, si liquidan las concesionarias de las autopistas, el Estado tendría que afrontar la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), con lo que tendría un problema con Europa ya que 4.000 millones de euros (como mínimo) se contabilizarían como deuda pública. Fomento no consigue convencer a Hacienda y el asunto sigue encallado. Por otra parte, Ferrovial, OHL y Abertis están en contra de la liquidación porque causaría una mala imagen en el exterior para el sector. Los grandes acreedores, que son bancos especialmente con los extranjeros (ING, BES o Credit Agricole), no quieren ni hablar de quitas y prefieren pleitear y recuperar todo lo prestado. Fomento, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) firmó un convenio que incluía quitas excesivas, así que los acreedores contrarios fueron al juez y ya tienen un auto que en la práctica hace imposible una solución extrajudicial.
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El Gobierno aprobó el año pasado una reducción de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en aquellas concesiones de autopistas en las que Fomento se vea obligado por los tribunales a pagar expropiaciones por la insolvencia de las concesionarias. La ministra, Ana Pastor, explicó tras al Consejo de Ministros que se trata de "no pagar dos veces la compra de suelo".

El sobreprecio por las expropiaciones, la caída del tráfico y la construcción de vías paralelas gratuitas son los factores que han contribuido a la quiebra de las autopistas. Los propietarios de los terrenos ganaron ante los tribunales justiprecios que disparaban los costes inicialmente previstos.

La RPA es un derecho de cobro en caso de liquidación de los contratos concesionales. Los beneficiarios son los accionistas de las concesionarias, pero pignoraron la propia RPA como garantía para obtener los créditos que sirvieron para construir las autopistas. Por tanto, los destinatarios finales son los bancos que financiaron los proyectos, entre ellos el Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Popular y Sabadell.

La responsabilidad patrimonial de Fomento en caso de liquidación de las nueve autopistas en concurso supera los 4.000 millones de euros. El Gobierno también se plantea restar a la RPA los créditos participativos y cuentas de compensación. Con estas decisiones, el Gobierno reduciría la factura a 2.000 millones si las nueve autopistas acaban en liquidación.

El juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid ha dictado un auto contra el convenio diseñado por Seittsa para evitar la liquidación de la concesionaria Accesos de Madrid (Radial 3 y 5). El problema es que incluye quitas de deuda de entre el 50% y el 100%, para crear una empresa nacional de autopistas. El auto concede a Fomento dos meses para subsanar graves errores y exige que se acredite que el Consejo de Ministros autoriza la financiación de la propuesta para adquirir en concesión las ocho autopistas en crisis. En detalle, autorización del máximo órgano de decisión del Gobierno o por el Ministerio de Hacienda para emitir deuda a 30 años destinada a reestructurar el pasivo de las sociedades concesionarias. En la práctica el gobierno buscará la solución más barata que conlleva no liquidar, sin embargo la banca internacional acreedora prefiere liquidar y trasladar el problema de la responsabilidad al Estado
Seittsa que presente autorización del Consejo de Ministros

El juez también obliga a rectificar la quita sobre el 100% de la deuda de los acreedores subordinados/accionistas (Abertis, ACS, Sacyr y Bankia), que asciende a 57 millones, y la abone íntegramente.

Se requiere a Fomento a subsanar nueve defectos de su propuesta, lo que pone de manifiesto la precipitación y el trabajo incompleto del Gobierno a la hora de presentar su propuesta de convenio a finales de noviembre de 2014.

La resolución, que es recurrible por la Abogacía del Estado, indica que el Gobierno debe ser más claro a la hora de fijar el instrumento (bono a 30 años) con el que va a pagar a los acreedores determinando “su valor nominal, nacionalidad, rendimiento”.
 

ANTECEDENTES

15 de enero de 2015 

NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©

JORNADAS inmoley.com SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN (RPA) EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE. 
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com de la obra pública y guía de expropiaciones urbanísticas. La responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en las autopistas de peaje afecta a los supuestos en los que el Estado se vea obligado a hacerse cargo del pago de las expropiaciones de las autopistas de peaje por el impago de la concesionaria en concurso. 
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El sobrecoste de las expropiaciones, la crisis y la existencia en muchas ocasiones de carreteras gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a varias autopistas de peaje al concurso de acreedores.

Es el caso de las cuatro autopistas radiales de Madrid (R2, R3, R4 y R5), del Eje Aeropuerto; de la AP41, que conecta Madrid y Toledo; la AP36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); y la Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).

Fomento negocia desde hace tiempo con constructoras, concesionarias y entidades financieras la creación de una entidad similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Inicialmente, el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase el 20 % del capital de la empresa, en tanto que el 80 % restante sería controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).

Los sobrecostes en las expropiaciones y las compensaciones por la caída del tráfico suman 1.260 millones y si se imputa directamente al RPA afecta al déficit público, ya que al ser un desembolso del Estado computa frente a Bruselas.

La solución pasa por los bancos acreedores ya que los accionistas de las empresas cedieron los derechos de cobro a las entidades en garantía por los préstamos con los que construyeron las carreteras. 

El Ministerio de Fomento sigue sin dar una solución al problema de las autopistas en quiebra y 2014 ha concluido sin acuerdo. 

Estando el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la secretaría de Estado de Infraestructuras se planteó la quita del 50% sobre los casi 5.000 millones de euros de deuda que arrastran las autopistas y negociar el tipo de interés que debe fijarse para devolver la deuda en 30 años. El interés que devengará esta deuda se sitúa entre el 1,1% que está dispuesto a reconocer Fomento y el 2% que como mínimo reclaman los bancos extranjeros. 

El problema que tiene Fomento es que, si dejan quebrar las autopistas, el Estado tendría que afrontar la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), con lo que los 4.000 millones de euros se contabilizarían como deuda pública. 

Ferrovial, OHL y Abertis, tres de las constructoras implicadas, se han mostrado totalmente en contra de la liquidación, ya que consideran que sería una decisión que aportaría una mala imagen para el sector. Máxime cuando todas las empresas afectadas están presentes en el extranjero y gestionan otras autopistas en Canadá, EEUU, Latinoamérica y Europa donde, en ningún caso, se ha producido una situación similar. 

Ahora Fomento quiere unificar la solución, pero ninguna de las autopistas tiene la misma deuda, tampoco el mismo tráfico e incluso la financiación extranjera es diferente. 

El caso es que esta fórmula permite unificar todos los concursos de acreedores de las ocho autopistas de peaje en un solo juzgado de Madrid y al tener que votarse las propuestas de convenio a la vez, es posible que los concursos de acreedores se retrasen hasta 2016.

A finales de 2014, el Ministerio de Fomento comunicó por escrito el rechazo a la última propuesta realizada por la banca acreedora que, a cambio de aceptar una quita y de reestructurar la deuda actual en bonos, pedía una remuneración equivalente al bono español a 30 años, actualmente situada por debajo del 3%. La oferta del Ministerio de Hacienda limitaba la rentabilidad al 1%. Los bancos internacionales, entre los que figuran ING, BES o Credit Agricole, se niegan a aceptar un descuento tan grande e igual para todos. La principal garantía de estas entidades es la RPA en caso de que el activo entre en liquidación. 

Si no hay acuerdo, y se inicia una liquidación ordenada de los activos, responsabilidad estatal podría ascender 5.700 millones. Esta cantidad sale de la suma de las garantías contractuales (Responsabilidad Patrimonial de la Administración) y de sucesivas medidas de apoyo que el Gobierno aprobó por ley (préstamos participativos y cuentas de compensación).


 


 

 

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