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25 de febrero de 2015
 
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LA CNMC PIDE QUE SE SIMPLIFIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS EN LA OBRA PÚBLICA 
Convertir conocimiento en valor añadido: Guía práctica inmoley.com de obra pública. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que la falta de competencia puede provocar desviaciones medias al alza del 25% en el presupuesto de la contratación pública, lo que representa un coste de 47.500 millones de euros al año en España, cifra equivalente al 4,6% del PIB. El Ministerio de Fomento adjudicó durante 2014 obras por un importe de 1.872,37 millones de euros, cifra que duplica la del ejercicio anterior y supone el primer aumento desde la crisis (2008). Sin embargo, es una décima parte de lo que se invirtió durante aquel año (10. 625 millones de euros).El 57,8% de los contratos están vinculados con la construcción de corredores de tren de alta velocidad (AVE). 
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En total, las adjudicaciones para el gestor de la infraestructura ferroviaria (ADIF) se elevaron a 1.083,2 millones, superando ampliamente a la de Puertos del Estado, la segunda sociedad que agrupa una mayor cuantía (295,83 millones), al elevar un 39% el volumen de adjudicaciones. A más distancia se encuentran AENA, cuyas obras se incrementaron un 37,9% hasta los 65, 45 millones, y Renfe Operadora, que se multiplicaron por seis, aunque el dato final no fue más allá de los 19,5 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que la falta de competencia puede provocar desviaciones medias al alza del 25% en el presupuesto de la contratación pública, lo que representa un coste de 47.500 millones de euros al año en España, cifra equivalente al 4,6% del PIB. Es la conclusión de su documento de análisis de la contratación pública, que refleja que esta actividad supone un porcentaje del 18,5% del PIB español, es decir, alrededor de 194.000 millones de euros anuales, frente a la media de países de nuestro entorno del 15%.

El organismo señala que, pese a las mejoras regulatorias introducidas en España y en Europa, persisten los problemas estructurales en la contratación pública, que “en numerosas ocasiones”, señala, “no permiten garantizar el mantenimiento de la concurrencia efectiva”.

En este sentido, el supervisor añade que “cuando la competencia falla hay invariablemente una pérdida de eficiencia económica y un innecesario desaprovechamiento de recursos públicos, siempre escasos y costosos”.

Es por ello que considera que “el sector público en España debe autoimponerse una contratación pública cada vez más transparente, procompetitiva y económicamente eficiente, en beneficio de los ciudadanos, de las empresas y de las propias Administraciones Públicas”.

En este sentido, ve necesario, dentro de la contratación pública, que se mejore el acceso a la información para los licitadores y que haya más transparencia y publicidad de procedimientos para facilitar un mayor control interno y la comparación de situaciones análogas.

El documento también pide que se evalúe la eficiencia económica y la competencia efectiva, tanto por parte del órgano de contratación –que debe justificar a priori la necesidad de contratar y el procedimiento elegido–, como por parte de un organismo externo especializado.

Además, defiende un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información, por ejemplo, para la obtención y utilización de bases de datos de licitaciones y globales que permitan la supervisión de la eficiencia económica por organismos especializados.

Asimismo, aboga por que haya una mayor cooperación administrativa con el fin de reducir las asimetrías de información presentes en los contratos públicos. La CNMC pide que se simplifiquen los procedimientos en la contratación pública, con el uso de procedimientos electrónicos y con la reducción de la dispersión normativa de la materia.

Entre los aspectos positivos, valora el esfuerzo realizado para consolidar en el ordenamiento jurídico “principios sólidos” como son la igualdad y la transparencia.

A su juicio, esta mejora se ha producido con la implantación de la normativa de transparencia y con la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

La CNMC subraya que la importancia económica de la contratación pública, junto con el carácter limitado de los fondos públicos, “aconsejan una regulación del aprovisionamiento público verdaderamente favorecedora de la competencia”. En su opinión, sólo así podrá mejorar la eficiencia en esta partida de gasto público, que en última instancia redundará en importantes beneficios, tanto para las Administraciones Públicas, como para los ciudadanos y las empresas.
 

 


 

 

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