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INGENIERÍA DE DESALADORAS EN CASTELLÓN
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com de ingeniería del agua y guía del impacto medioambiental. Las plantas desaladoras de Oropesa y Moncofa, en Castellón se van a poner en marcha este año para no perder las ayudas europeas recibidas y que suman 35 millones de euros. Se proyectaron con la previsión de que en 2009 estarían a pleno rendimiento para abastecer de agua a una población futura prevista en 225.000 personas. La paralización del sector inmobiliario ha impedido el crecimiento de la población que se estimaba y queda limitado a 90.000 habitantes y que las hacía viables. Ambos proyectos están a la espera de la Autorización Ambiental Integrada (AAI).
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La comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, ha manifestado que esperan que ambas plantas empiecen a funcionar en 2015 para que no haya ninguna repercusión económica para los municipios afectados. La afirmación la hizo el pasado mes de diciembre en respuesta a una pregunta de Jordi Sebastià (Compromís-Equo). En ella explicaba que las desaladoras están a la espera de que la Generalitat valenciana otorgue la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Las obras de la de Moncofa ya han finalizado y Europa ha establecido que estará operativa en el primer trimestre de 2015. La de Oropesa está en fase de pruebas y se espera que esté en funcionamiento en el segundo trimestre del año. La misma previsión la hacen desde Acuamed, el organismo del Ministerio de Medio Ambiente responsable de estos proyectos. Según indicaron, el plazo para activarlas y no tener que devolver los fondos europeos acaba a finales de año, por lo que no habría ningún riesgo.

Desde la Comisión Europea han indicado, por su parte, que el límite es el 31 de marzo de 2017. Si en esa fecha no están en uso, “la Comisión procederá a la recuperación de los fondos”. Son dos años más de margen para resolver el problema al que se enfrentan los cinco Ayuntamientos que en su día firmaron el convenio para abastecerse con el agua desalada: Oropesa, Cabanes, Benicàssim, Moncofa y Xilxes. El ministerio desconoce esta fecha y trabaja con la de 2015. Todos los consistorios deben devolver en 25 años el coste de la obra (104,5 millones las dos plantas) excepto lo subvencionado por Europa, así como el coste de explotación.