11 de julio
de 2014
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LA REFORMA MEDIOAMBIENTAL DEL
URBANISMO DE CANARIAS. PROYECTO DE LEY DE ARMONIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS RECURSOS NATURALES
Convertir conocimiento en
valor añadido:
Guía práctica inmoley.com del impacto medioambiental y del
urbanismo de Canarias. La reforma obedece a la nueva regulación
de la evaluación ambiental estatal (Ley 21/2013), para favorecer
la seguridad jurídica de los promotores de instalaciones, obras
o actividades, facilitando así las nuevas inversiones en nuestro
país. Esta norma concedía un año a comunidades autónomas
para adaptar sus leyes a esta norma básica del Estado, que ha unificado
en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente, y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos, y modificaciones posteriores al citado
texto refundido.
Herramienta práctica
> Guías
prácticas
El nuevo marco jurídico pretende,
principalmente, incrementar la seguridad jurídica de los promotores.
La intención de la nueva ley es permitirles conocer de antemano
cuáles serán las exigencias legales de carácter medioambiental
requeridas para la tramitación de un plan, un programa o un proyecto,
con independencia del lugar donde pretenda desarrollarlo. De acuerdo con
estos principios, debe subrayarse que todos los anexos que se incorporan
a la ley son legislación básica y, por tanto, de aplicación
general (y no quedan por tanto al criterio de las comunidades autónomas).
Canarias tiene que reformar la Ley
11/1990, de prevención del impacto ecológico en Canarias
y en alguna medida la Ley de las Directrices de Ordenación General
y del Turismo
El consejero de Política
Territorial, Domingo Berriel, reconoció el fracaso de la normativa
urbanística y medioambiental autonómica para justificar ante
el Parlamento el proyecto de ley de armonización y simplificación
en materia de protección del territorio y de los recursos naturales,
que inicia su trámite en la cámara regional.
Rigideces, trámites innecesarios,
competencias solapadas, retrasos de toda índole, sobrecostes, falta
de credibilidad social, informes exorbitantes, plazos excesivos, judicialización
de procedimientos y desconfianza sobre el contenido de los documentos de
evaluación medioambiental son algunas de las características
de las normas vigentes que se tratan de corregir, según dijo Berriel
en el pleno del Parlamento.
La redacción de este intento
de simplificación normativa y de procedimientos para el planeamiento
ha sido "compleja", explicó el consejero al pleno de la Cámara
que, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno, Nacionalista y
Socialista, rechazó dos enmiendas a la totalidad del PP y de Nueva
Canarias.
El consejero de Política
Territorial, Domingo Berriel, defendió que la nueva norma pretende
introducir más dinamismo en la toma de decisiones, con plazos razonables
en las respuestas administrativas.
Se refuerza la participación
ciudadana, se profesionalizan los equipos redactores del planeamiento,
se reducen los controles de la administración, se estandarizan los
procedimientos de evaluación, se concretan las competencias, se
simplifican las evaluaciones medioambientales y se consigue en definitiva
una mayor equidad y aceptación del planeamiento, dijo el consejero.
A juicio del Colegio de Arquitectos
constituiría un error, pues "prácticamente ninguno de los
preceptos" contenidos en el proyecto de ley "contribuye a solucionar" la
maraña actual. El decano del COAC, Joaquín Mañoso,
explicó que la inversión está directamente relacionada
"con una cierta garantía sobre cuándo va a comenzar a producirse
el retorno" de las cantidades desembolsadas.
A su juicio, con el texto que ha
trabajado el Gobierno de Canarias, ni siquiera es seguro que los proyectos
puedan salir adelante. "Ningún empresario puede realizar un plan
de viabilidad en estas condiciones", señaló, por lo que continuará
ocurriendo que quienes manifiesten interés por invertir terminen
por aburrirse ante la lentitud del proceso de toma de decisiones.
Además, Mañoso resaltó
que los impulsores de la norma la han elaborado "sin contar con los profesionales"
que diseñan el planeamiento o lo tienen por herramienta importante
a la hora de realizar su labor; además de los propios arquitectos,
geógrafos, economistas o abogados, entre otros.
El Colegio Oficial de Arquitectos
de Canarias ha recopilado en su página web (www.coacanarias.org)
toda la documentación relacionada con esta ley de armonización.
Entre los legajos se halla el mencionado informe del Consejo Consultivo
que ya advertía de la improcedencia de algunos de los extremos que
contiene el texto que el Gobierno somete ahora al juicio del Parlamento
regional.
"Se traspasan competencias políticas
a los equipos redactores que, además, tienen que ser homologados,
no se sabe con qué criterio, para intervenir en la materia", destacó
el decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, para quien ese precepto
"es anticonstitucional".
En el plano medioambiental, Joaquín
Mañoso afirmó que la redacción que se ha llevado a
la Cámara regional "disgrega las competencias" entre administraciones.
TEXTO COMPLETO
http://www.gobiernodecanarias.org/citv/docs/Anteproyecto_Ley_Armonizacion_y_Simplificacion_Materia_Prote.pdf
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