11 de diciembre
de 2014
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ANTEPROYECTO DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA EN MADRID
Convertir conocimiento en
valor añadido:
guía práctica inmoley.com del urbanismo de Madrid. Anteproyecto
del contrato de concesión de obra pública para diseño,
construcción, equipamiento y mantenimiento de la Ciudad de la Justicia
(CdJ) durante treinta años a cambio de un canon anual de unos 45
millones, con el que deberá cubrir los 483 millones que costará
erigir los edificios. Al término de este plazo, la Comunidad de
Madrid tomará posesión de la CdJ y decidirá la fórmula
con la que realiza su mantenimiento.
Herramienta práctica
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prácticas
El proceso de contratación
cubrirá el diseño, construcción, equipamiento -excepto
el informático- y mantenimiento de los edificios, los servicios
de seguridad y limpieza.
De los 300.000 metros cuadrados
que se pueden construir en la parcela de Valdebebas, se edificarán
en torno a 206.000 metros cuadrados, muy por encima de los 154.000 metros
cuadrados de la actuales sedes judiciales.
Otros 60.000 metros cuadrados se
emplearán en usos asociados obligatorios según el proyecto
que deberá ofrecer el adjudicatario, como cafeterías y restaurante,
tiendas de reprografía, oficinas de correos, farmacias...
El concurso exigirá que la
cimentación aguante la construcción de una planta nueva en
los edificios proyectados por si fuera necesario ampliar el edificio en
una planta más en caso de falta de espacio.
La adjudicataria podrá tener
penalizaciones por incumplimiento de los servicios prestados -que llegarán
incluso a no pagar el canon en su totalidad- y el plazo de entrega del
complejo será uno de los criterios de adjudicación.
La apertura de la fase de información
pública del anteproyecto, previo a la redacción definitiva,
se produce después de que la Comunidad de Madrid remitiese a Medio
Ambiente el anteproyecto para elaborar el estudio de impacto ambiental.
La Comunidad remitirá el
anteproyecto al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial,
la Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Madrid para
que puedan formular alegaciones.
Tras salir a información
pública durante hasta el 10 de enero, la administración regional
recibirá las alegaciones para la redacción definitiva y abrirá
el concurso a lo largo de febrero para su adjudicación antes de
julio y la ejecución de las obras.
Todos los espacios de la Ciudad
de la Justicia tendrán el mismo diseño para abaratar el coste
y se distribuirán en dos parcelas -una mayor, y otra más
pequeña- separadas por una calle en un área de Valdebebas,
en el noreste de Madrid.
Las empresas deberán redactar
el proyecto agrupando las áreas judiciales en función en
tres zonas, según la jurisdicción.
En la zona más próxima
al andén de la línea de cercanías próxima a
uno de los extremos de la parcela del futuro complejo se ubicará
el área del juzgado de guardia de guardia y el registro civil.
En un primer bloque estarán
los juzgados de lo penal, de menores, el de violencia sobre la mujer, la
Fiscalía unificada en un solo edificio; servicios de notificaciones,
reparto y comunicaciones.
Los juzgados de lo civil, las salas
sociales y laborales, el área mercantil unificada y las salas de
lo contencioso-administrativo se repartirán en un segundo área.
En la tercera zona se ubicará
el Instituto de Medicina Legal, un edificio institucional y posiblemente
alguno administrativo.
Bajo tierra, la Ciudad de Justicia
tendrá dos aparcamientos -uno para empleados públicos y otro
para el resto de ciudadanos- y un archivo único centralizado digitalizado.
Cada juzgado tendrá su propia
sala de vistas -hasta ahora había salas de vistas compartidas, habrá
salas de vistas para declaraciones y habrá más fiscales a
disposición porque se evitarán ir de una sede a otra.
Los 45 millones de euros que supondrá
el canon de la Justicia, que la administración regional comenzará
a pagar cuando entre en los edificios, no se costearán con nuevas
partidas de gasto, sino con el ahorro de los 28 millones de euros de gasto
anual en alquileres y los once en mantenimiento de ascensores, por ejemplo.
La calidad se medirá al detalle,
según la Comunidad, que penalizará “hasta las escaleras mecánicas
paradas por averías”. El Ejecutivo autónomo contempla incluso
el canon cero para garantizar la viabilidad del proyecto, que González
ha retomado tras reconvertirlo en un proyecto en apariencia más
funcional.
La concentración contribuiría
a agilizar “como mínimo un 20% la justicia madrileña, siendo
cautos”, según Victoria. Por ejemplo, cada juzgado tendría
su propia sala de vistas, lo que facilitaría la agenda del juez
de turno.
Hasta el 10 de enero se podrá
revisar el texto y presentar alegaciones al informe, que se remitirá
al Ministerio de Justicia, la Fiscalía del Estado y el Ayuntamiento
de Madrid. González espera que esté adjudicado en el primer
semestre de 2015.
La previsión de la Comunidad
es que el complejo cuente con 25.000 usuarios diarios, de los que 6.500
serían jueces, fiscales y demás personal de la Administración
de Justicia, que tiene 356 órganos judiciales, 554 jueces y magistrados,
202 fiscales y 362 secretarios judiciales. El Colegio de Abogados lo forman
42.000 personas. Y hay 1.719 procuradores en la región.
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