11 de diciembre
de 2014
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LAS RECALIFICACIONES URBANÍSTICAS
EN OYAMBRE
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guía práctica inmoley.com del urbanismo de Cantabria. Grupos
ecologistas se oponen a la modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Comillas, que trata de ampliar los límites
de suelo urbano en el Parque Natural.
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El representante de los grupos ecologistas
y conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque de Oyambre,
Emilio Carrera, denunciará las recalificaciones urbanísticas
en Oyambre-Comillas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
(TSJC). La denuncia se refiere al acuerdo adoptado por unanimidad de la
Corporación del Ayuntamiento de Comillas que el 3 de diciembre aprobó
una modificación puntual (la número 3) del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) cuyo objetivo es ampliar los límites
de suelo urbano en los núcleos rurales de Trasvía, Rubárcena,
Rioturbio y Araos -pertenecientes al Parque Natural de Oyambre- al calificar
como urbanas varias parcelas rústicas del espacio protegido.
Carrera ha criticado que "aunque
se han podido salvar menos fincas de las que le habría gustado"
a la alcaldesa, Teresa Noceda, supone, dice, avanzar en un proceso de "largo
recorrido" que el Ayuntamiento viene tramitando desde diciembre de 2008,
secundando las peticiones de varios vecinos que quieren que sus parcelas
de suelo rústico se califiquen como urbanas "para poder venderlas
o construir en ellas", para "convertir los terrenos rústicos en
urbanizables de forma indiscriminada en áreas rurales, periferias
urbanas y espacios protegidos sin evaluar los riesgos de una nueva burbuja
inmobiliaria, la desarticulación territorial y los impactos ecológicos
y sociales que pueden traer consigo".
La denuncia presentada por el representante
de los ecologistas será remitida al Ayuntamiento de Comillas, a
la Consejería de Desarrollo Rural y la Dirección del Parque,
así como a la Fiscalía del TSJC al considerar que el acuerdo
no ha recibido el informe preceptivo del Patronato -que sigue sin convocarse
en los términos que la Ley determina y bloquea las leyes y directivas
de participación social en la gestión ambiental-.
La denuncia sostiene que transgrede
los principios del Plan de Ordenación del Litoral y la Ley de Costas;
que no respeta los criterios de protección del paisaje y la excepcionalidad
ambiental de las áreas afectadas -uno de los escenarios más
valiosos y singulares de la costa cantábrica--, y que acentúa
el carácter disperso de las iniciativas urbanizadoras y los asentamientos
residenciales.
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