NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

JORNADAS SOBRE TRATAMIENTO URBANÍSTICO DEL SUELO RURAL DE GALICIA
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com del urbanismo de Galicia. Jornadas organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el Tratamiento urbanístico del espacio rural en Galicia. Se han tratado los grandes cambios a que está sometido en los últimos años el paisaje agrario gallego, por presiones urbanísticas e intensificación agraria y forestal, cambios de usos del suelo, deterioro del patrimonio tradicional y abandono por despoblamiento, entre otros factores.
Herramienta práctica > Guías prácticas

El director del Instituto de Estudos do Territorio de la Xunta de Galicia, Manuel Borobio Sanchiz, el arquitecto Juan Caridad, la ingeniera técnica agrícola, Fe Álvarez, el regidor de Rodeiro, Luis López, y el representante de la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), Higinio Mougán, coincidieron en la integración del urbanismo en el ámbito rural mediante la armonización de la normativa urbanística con las especialidades técnicas y poblacional del ámbito rural.

El subdirector del Agader, el lalinense Javier Blanco, abogó por reforzar el papel de las entidades locales en el ámbito urbanístico, por normas flexibles y por su sectorización para conjugar la aplicación de la legislación urbanística con la realidad de la gestión de la propiedad en el rural. Analizó la relación entre el urbanismo y la gestión de la propiedad en el rural. Blanco destacó los principales escollos que se presentan en este campo, que pasan por el desconocimiento del público en general de las distintas clasificaciones urbanísticas, así como, la percepción de la normativa, considerada muy estricta. En este sentido sintetizó que "la clasificación urbanística del suelo en Galicia debe ser una guía útil pero no un obstáculo inútil". Apuntó también que la Lei de Mellora da Estructura Territorial de Galicia (Metaga) permitirá realizar, por primera vez en Europa, una ordenación productiva del suelo coordinada con una ordenación de la propiedad. De nuevo, la nueva Lei do Solo volvió a saltar a la palestra y Blanco destacó que ésta servirá para equilibrar la balanza entre los usos y la ordenación.

Blanco Carballal explicó que normalmente los vecinos del rural no tienen conocimiento de las distintas clasificaciones urbanísticas y también se percibe un problema de coordinación de las distintas normas existentes; otro caballo de batalla, apuntó, es la percepción que se tiene de las normas, al considerarlas demasiado estrictas.

«A clasificación urbanística do solo en Galicia debe ser unha guía útil, pero non un atranco inútil», subrayó. En ese sentido manifestó que la Lei de Mellora da Estrutura Territorial de Galicia permitirá hacer por primera vez en Europa una ordenación productiva del suelo coordinada con una ordenación de la propiedad que introduce la figura del terreno de vocación agraria; esto es, que se tengan en cuenta los terrenos o parcelas, con independencia de su clasificación urbanística. Dijo que la nueva Lei do Solo ayuda a equilibrar la balanza entre los usos y la ordenación, ya que solo ordenará la gestión estrictamente urbanística de la propiedad, pero no los usos.

Javier Blanco defendió además «ir pensando unha norma de fiscalidade rural», y en el refuerzo del papel de delimitación y control de las entidades locales, por las peculiarides de cada una.

Otro de los puntos a tratar fue la importancia de la delimitación y el control de las entidades locales, que establezcan normas que puedan ser flexibles. La apuesta debe trasladarse a una sectorización de la normativa e incluso perfiló la necesidad de definir una norma de fiscalidad rural.

El urbanista Alfredo Cerezales se encargó de la última ponencia de la jornada en la que abogó por la necesidad de un entendimiento político entre los partidos para evitar una confrontación electoral basada en la restauración de la legalidad. También insistió, de nuevo, sobre la necesidad de dotar a los ayuntamientos de autonomía y medios para ejercer las competencias legales asignadas.