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30 de octubre de 2014
 
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¿POR QUÉ DEBE EL TRIBUNAL DE CUENTAS VOLVER A REVISAR LOS SOBRECOSTES DE LA OBRA PÚBLICA?
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com de la obra pública. Algo se ha hecho mal o no se ha hecho cuando el Congreso ha pedido al Tribunal de Cuentas que revise los sobrecostes de todos los AVE de España. Si se acredita que esta nueva revisión que no se ha auditado adecuadamente, cabría preguntarse sobre las posibles responsabilidades supervisoras y la limitada capacidad del Tribunal de Cuentas para obligar a las administraciones a seguir criterios contables adecuados, por ejemplo los presupuestos municipales. En el caso de la obra pública es normal que un desfase de un 230% en la línea entre Madrid y Barcelona haya levantado sospechas. 
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La comisión  pide igualmente al Tribunal de Cuentas que efectúe un diagnósticos de las causas que pudieron llevaron a ese sobrecoste, con el objetivo que no se vuelva a repetir en futuros proyectos. El Congreso también pide que se investigue por qué ninguna de las instituciones públicas implicadas (Fomento, Hacienda o ADIF entre otras) atendieron las advertencias lanzadas en n primero momento por el Tribunal de Cuentas.

La obra del AVE que une Madrid y Barcelona es un ejemplo de gestión con desvíos de 2.144 millones sobre lo adjudicado

El proyecto en la estación de La Sagrera que investiga la Fiscalía es solo uno de los 2.095 contratos que se llegaron a formalizar en el magno proyecto, sin contar los de obras complementarias y de emergencia. La media de desvío es del 31% sobre el precio de adjudicación, según un duro informe aprobado el pasado año por el Tribunal de Cuentas.   

El Estado presupuestó 7.550 millones de euros, pero se adjudicó por 6.822 millones. Tras seis años de obras, el coste final fue de 8.966 millones. Es decir, un sobrecoste de  2.144 millones sobre lo adjudicado y de 1.416 millones sobre lo que el Estado estaba dispuesto inicialmente a pagar. 

El Tribunal de Cuentas no menciona en su informe irregularidades de tipo penal, pero sí un cúmulo de actuaciones en Adif y otras instituciones públicas impropias de una gestión moderna. En su opinión, se produjeron modificaciones por parte de las constructoras que el Ministerio de Fomento aceptó como si fueran "necesidades nuevas o causas imprevistas" cuando eran "cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras y que eran debidas a vicios o indefiniciones del proyecto u omisiones, o al venir originadas las modificaciones por una defectuosa ejecución en la construcción".

También reprocha que Adif ignorara advertencias previas del propio Tribunal sobre "debilidades" del proyecto y su nada realista previsión del coste de las expropiaciones de terrenos. En su opinión y, para futuras obras del AVE, será necesario "destinar más recursos a las labores de investigación previa durante la fase de redacción de los proyectos constructivos con el objetivo de evitar la utilización generalizada de las modificaciones de los contratos y las suspensiones temporales de obras".

En una obra que iba a costar ya 10,9 millones el kilómetro y ha terminado suponiendo 14,4 millones, es necesaria una revisión a fondo de todos los contratos y la consiguiente depuración de responsabilidades. Los contribuyentes están realizando un enorme esfuerzo en la decisión política de contar con una de las redes de alta velocidad más extendidas proporcionalmente del mundo y es inadmisible que se les burle.

Para evitar que la situación se repita en futuros proyectos, el Congreso insta también al Tribunal de Cuentas a “efectuar un diagnóstico de las causas” que han derivado en “una estimación tan deficiente de la demanda de transporte”. Pero la comisión va más allá de este AVE. De hecho, la resolución anima a identificar los motivos de “la inadecuada planificación, en general, de las inversiones públicas tanto en lo que se refiere a la línea férrea Madrid-Barcelona, como en otras Infraestructuras recientes de transporte”, lo que invita a pensar en las autopistas radiales en quiebra, en aeropuertos no estrenados y en otras conexiones de alta velocidad infrautilizadas.

La comisión reclama un “análisis de las inversiones en infraestructuras de la última década desde el punto de vista de su contribución al crecimiento económico, al empleo, a la sostenibilidad del gasto público y a la sostenibilidad medioambiental”. Y con las conclusiones pide un sistema que permita medir la relación entre coste y rentabilidad en las futuras infraestructuras para no dilapidar los fondos públicos.

El informe recuerda que “muchas modificaciones no se debieron a la existencia de necesidades nuevas o causas imprevistas”, tal y como estipula la ley, “sino que respondían a deficiencias del proyecto o a una ejecución defectuosa”. También denuncia que se tramitaron 336 ampliaciones de plazo sin más argumento que el de “evitar parar las obras”.

Otro caso que conviene mencionar es el municipal, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, considera preocupante el excesivo número de entidades locales que trabajan con presupuestos prorrogados, un 88 por ciento en 2011 y un 87 por ciento en 2012, algo que achaca a "una cultura de la gestión municipal no escrupulosa con el cumplimiento de los principios y normas".

Así lo ha plasmado este martes el máximo responsable del órgano fiscalizador durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, durante la que ha presentado los informes de fiscalización del sector público local correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.  El informe advierte de que la generalización del uso de la prórroga presupuestaria "evidencia" una "inadecuada planificación presupuestaria y económica" que "impide que el presupuesto de cada ejercicio ejerza una de sus principales funciones, ser el instrumento clave para llevar a cabo una gestión municipal ordenada y transparente".

Álvarez de Miranda ha reconocido que esta práctica, que afecta a casi nueve de cada diez entidades locales, es "preocupante". Y ha recordado que hace tres años, como consecuencia de una advertencia en el mismo sentido, el alcalde de una capital de provincia reconoció que era más fácil gestionar un consistorio con el presupuesto prorrogado en "tiempos de crisis"."Tiene mucho que ver con una determinada cultura de la gestión municipal no escrupulosa con el cumplimiento de principios y normas", ha lamentado el presidente del Tribunal de Cuentas señalando además la responsabilidad de las Diputaciones Provinciales, a las que ha atribuido la responsabilidad de asistir a las administraciones locales en sus responsabilidades.

El informe presentado por Álvarez de Miranda también alerta del retraso de las entidades locales en presentar sus cuentas ante el órgano fiscalizador, ya que apenas el 40 por ciento de los organismos fiscalizados cumplieron la normativa en 2011 y el 65 por ciento un año más tarde.

Pese a estas cifras, el presidente del Tribunal de Cuentas ha reconocido que supone un notable avance respecto a ejercicios anteriores y lo ha achacado, entre otros aspectos, a la implantación de un servicio telemático de rendición de cuentas.

 


 

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