30 de octubre
de 2014
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¿POR QUÉ DEBE EL
TRIBUNAL DE CUENTAS VOLVER A REVISAR LOS SOBRECOSTES DE LA OBRA PÚBLICA?
Convertir conocimiento en
valor añadido:
Guía práctica inmoley.com de la obra pública. Algo
se ha hecho mal o no se ha hecho cuando el Congreso ha pedido al Tribunal
de Cuentas que revise los sobrecostes de todos los AVE de España.
Si se acredita que esta nueva revisión que no se ha auditado adecuadamente,
cabría preguntarse sobre las posibles responsabilidades supervisoras
y la limitada capacidad del Tribunal de Cuentas para obligar a las administraciones
a seguir criterios contables adecuados, por ejemplo los presupuestos municipales.
En el caso de la obra pública es normal que un desfase de un 230%
en la línea entre Madrid y Barcelona haya levantado sospechas.
Herramienta práctica
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prácticas
La comisión pide igualmente
al Tribunal de Cuentas que efectúe un diagnósticos de las
causas que pudieron llevaron a ese sobrecoste, con el objetivo que no se
vuelva a repetir en futuros proyectos. El Congreso también pide
que se investigue por qué ninguna de las instituciones públicas
implicadas (Fomento, Hacienda o ADIF entre otras) atendieron las advertencias
lanzadas en n primero momento por el Tribunal de Cuentas.
La obra del AVE que une Madrid y
Barcelona es un ejemplo de gestión con desvíos de 2.144 millones
sobre lo adjudicado
El proyecto en la estación
de La Sagrera que investiga la Fiscalía es solo uno de los 2.095
contratos que se llegaron a formalizar en el magno proyecto, sin contar
los de obras complementarias y de emergencia. La media de desvío
es del 31% sobre el precio de adjudicación, según un duro
informe aprobado el pasado año por el Tribunal de Cuentas.
El Estado presupuestó 7.550
millones de euros, pero se adjudicó por 6.822 millones. Tras seis
años de obras, el coste final fue de 8.966 millones. Es decir, un
sobrecoste de 2.144 millones sobre lo adjudicado y de 1.416 millones
sobre lo que el Estado estaba dispuesto inicialmente a pagar.
El Tribunal de Cuentas no menciona
en su informe irregularidades de tipo penal, pero sí un cúmulo
de actuaciones en Adif y otras instituciones públicas impropias
de una gestión moderna. En su opinión, se produjeron modificaciones
por parte de las constructoras que el Ministerio de Fomento aceptó
como si fueran "necesidades nuevas o causas imprevistas" cuando eran "cuestiones
de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras
y que eran debidas a vicios o indefiniciones del proyecto u omisiones,
o al venir originadas las modificaciones por una defectuosa ejecución
en la construcción".
También reprocha que Adif
ignorara advertencias previas del propio Tribunal sobre "debilidades" del
proyecto y su nada realista previsión del coste de las expropiaciones
de terrenos. En su opinión y, para futuras obras del AVE, será
necesario "destinar más recursos a las labores de investigación
previa durante la fase de redacción de los proyectos constructivos
con el objetivo de evitar la utilización generalizada de las modificaciones
de los contratos y las suspensiones temporales de obras".
En una obra que iba a costar ya
10,9 millones el kilómetro y ha terminado suponiendo 14,4 millones,
es necesaria una revisión a fondo de todos los contratos y la consiguiente
depuración de responsabilidades. Los contribuyentes están
realizando un enorme esfuerzo en la decisión política de
contar con una de las redes de alta velocidad más extendidas proporcionalmente
del mundo y es inadmisible que se les burle.
Para evitar que la situación
se repita en futuros proyectos, el Congreso insta también al Tribunal
de Cuentas a “efectuar un diagnóstico de las causas” que han derivado
en “una estimación tan deficiente de la demanda de transporte”.
Pero la comisión va más allá de este AVE. De hecho,
la resolución anima a identificar los motivos de “la inadecuada
planificación, en general, de las inversiones públicas tanto
en lo que se refiere a la línea férrea Madrid-Barcelona,
como en otras Infraestructuras recientes de transporte”, lo que invita
a pensar en las autopistas radiales en quiebra, en aeropuertos no estrenados
y en otras conexiones de alta velocidad infrautilizadas.
La comisión reclama un “análisis
de las inversiones en infraestructuras de la última década
desde el punto de vista de su contribución al crecimiento económico,
al empleo, a la sostenibilidad del gasto público y a la sostenibilidad
medioambiental”. Y con las conclusiones pide un sistema que permita medir
la relación entre coste y rentabilidad en las futuras infraestructuras
para no dilapidar los fondos públicos.
El informe recuerda que “muchas
modificaciones no se debieron a la existencia de necesidades nuevas o causas
imprevistas”, tal y como estipula la ley, “sino que respondían a
deficiencias del proyecto o a una ejecución defectuosa”. También
denuncia que se tramitaron 336 ampliaciones de plazo sin más argumento
que el de “evitar parar las obras”.
Otro caso que conviene mencionar
es el municipal, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez
de Miranda, considera preocupante el excesivo número de entidades
locales que trabajan con presupuestos prorrogados, un 88 por ciento en
2011 y un 87 por ciento en 2012, algo que achaca a "una cultura de la gestión
municipal no escrupulosa con el cumplimiento de los principios y normas".
Así lo ha plasmado este martes
el máximo responsable del órgano fiscalizador durante su
comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, durante la que ha presentado los informes de
fiscalización del sector público local correspondientes a
los ejercicios 2011 y 2012. El informe advierte de que la generalización
del uso de la prórroga presupuestaria "evidencia" una "inadecuada
planificación presupuestaria y económica" que "impide que
el presupuesto de cada ejercicio ejerza una de sus principales funciones,
ser el instrumento clave para llevar a cabo una gestión municipal
ordenada y transparente".
Álvarez de Miranda ha reconocido
que esta práctica, que afecta a casi nueve de cada diez entidades
locales, es "preocupante". Y ha recordado que hace tres años, como
consecuencia de una advertencia en el mismo sentido, el alcalde de una
capital de provincia reconoció que era más fácil gestionar
un consistorio con el presupuesto prorrogado en "tiempos de crisis"."Tiene
mucho que ver con una determinada cultura de la gestión municipal
no escrupulosa con el cumplimiento de principios y normas", ha lamentado
el presidente del Tribunal de Cuentas señalando además la
responsabilidad de las Diputaciones Provinciales, a las que ha atribuido
la responsabilidad de asistir a las administraciones locales en sus responsabilidades.
El informe presentado por Álvarez
de Miranda también alerta del retraso de las entidades locales en
presentar sus cuentas ante el órgano fiscalizador, ya que apenas
el 40 por ciento de los organismos fiscalizados cumplieron la normativa
en 2011 y el 65 por ciento un año más tarde.
Pese a estas cifras, el presidente
del Tribunal de Cuentas ha reconocido que supone un notable avance respecto
a ejercicios anteriores y lo ha achacado, entre otros aspectos, a la implantación
de un servicio telemático de rendición de cuentas.
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