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21 de enero
de 2014
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URBANISMO.
OBRAS ILEGALES EN GALICIA
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urbanismo.
El Consello Executivo de la Axencia
de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha autorizado
el gasto para proceder a la demolición de un edificio de 74 viviendas
a medio construir en Padrón y otras dos edificaciones para servicios
hoteleros en Muros. También ha puesto sanciones por infracciones
muy graves a una construcción de viviendas unifamiliares en Fisterra,
que ha pedido que se derriben. En primer lugar, la APLU destinará
un importe de 327.685 euros a la demolición de la estructura de
un edificio compuesto por semisotano, bajo, dos pisos altos y bajo cubierta
para 74 vivienda, en el lugar de Pedreira, en el término municipal
de Padrón.
La edificación carece de
licencia, no se adapta al entorno existente y no cuenta con la autorización
autonómica exigible en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural de
Galicia, ya que se sitúa en el ámbito de protección
del Convento de los Dominicos, un bien valor artístico y cultural.
Por su parte, la APLU ha autorizado el gasto de 145.000 euros para proceder
a la demolición de dos edificaciones para servicios hoteleros en
el lugar de Pendente, Esteiro, en el municipio coruñés de
Muros.
Estas edificaciones, que carecen
de licencia municipal y de autorización autonómica, cuentan
con una orden de demolición de 2003, confirmada por el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2007 e inadmisión de recurso
de casación en 2009, que declara firme la orden de demolición.
Por otra parte, el Consello Executivo de la Axencia de Protección
da Legalidade Urbanística ha acordado imponer sanciones por infracciones
urbanísticas muy graves, por una parcelación y construcción
de viviendas unifamiliares paralelas, situadas en el lugar de Mar de Fora,
en el municipio de Fisterra.
El importe de la sanción
se eleva a 400.000 euros, que se rebajarían en un 80% si los interesados
dan cumplimiento a la orden de demolición. Se trata de unas obras
realizadas sin licencia y sin autorización autonómica en
suelo rústico de protección de costas, que cuentan con una
orden de demolición de octubre de 2010, confirmada en vía
judicial.
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