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URBANISMO. EL JUZGADO ORDENA  EL DESALOJO DE LAS VIVIENDAS ILEGALES EN LA ISLA DE TABARCA EN ALICANTE 
Convertir conocimiento en valor añadido:  Guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y viviendas ilegales, y del urbanismo de la C. Valenciana. El juzgado deberá ordenar el desalojo de las viviendas ilegales en la isla de Tabarca en Alicante. La Conselleria de Infraestructuras prevé iniciar el derribo de los bungalós ubicados en zona de protección del dominio marítimo-terrestre de la isla de Tabarca en enero. Es el tiempo que estima que tardará el juzgado que ordenó la demolición de las viviendas en concederle el permiso definitivo para entrar en las viviendas y derribarlas. También es el plazo que se les ha concedido a los propietarios de las mismas para que las abandonen y se lleven todos los muebles o enseres que quieran salvar del derribo, el 15 de enero. Este es el último paso que queda en un largo proceso administrativo y judicial, que comenzó en 1999 cuando se concedió la licencia para la construcción de estos bungalós. Hace diez años, en 2003, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emitía la primera sentencia que obligaba al derribo.
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Recientemente, la Conselleria adjudicaba a Obrascón Huarte y Lain las obras, por un presupuesto de 375.000 euros. Está obligada a ejecutar esta demolición por sentencia del Tribunal Supremo de 2009, que ratificaba una del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2003, en la que se declaraba nula la resolución del director general de Obras Públicas de la Generalitat del 17 de junio de 1999 que autorizaba la construcción de los adosados. El motivo es que consideraba justificado que se habían edificado en suelo de servidumbre de paso o, lo que es lo mismo, en un área de protección en la que está prohibido levantar viviendas. En concreto, las viviendas unifamiliares están situadas entre las calles Bergantín, Torreón y En Proyecto. Una zona calificada como urbana y edificable, según el Ayuntamiento, cuando concedió su licencia municipal al promotor, pero en la que, según los tribunales, no se puede construir por tener que reservarse para el paso, por lo que obligan a la demolición y restitución del suelo a su estado original.

Mientras, los juzgados de lo contencioso administrativo dirimen qué indemnizaciones tendrá que asumir el Consell por haber concedido inicialmente la licencia para las edificaciones. Los propietarios presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana varias demandas contencioso-administrativas para exigir a la Generalitat indemnizaciones como responsable de que tengan que ser derribados.

La sentencia no anulaba la licencia municipal para la construcción de los bungalós, por lo que el Ayuntamiento no es responsable de la ilegalidad de la construcción ni de las correspondientes indemnizaciones para aquellos a los que se concedió la licencia. No obstante, el Ayuntamiento se ha personado en la causa para recibir información sobre las decisiones judiciales.

Los representantes legales de los afectados por este complejo conflicto urbanístico han presentado de forma individual los contenciosos, por los que se piden indemnizaciones de entre 420.000 y 468.000 euros por vivienda. Esto es, entre 2,5 y 2,7 millones de euros en total por los seis bungalós.

ACTUALIDAD

“La Justicia debe ser para todos, que tiren todas las viviendas ilegales y no solo éstas”, espetó la esposa del exalcalde del PP en Santa Pola, Pascual Orts, afectada por el derribo de seis chalés ilegales en la isla de Tabarca que se construyeron en una zona de servidumbre de protección en la isla de Tabarca.

Se trata de las primeras viviendas que caen en la picota, pero según la Consejería de Infraestructuras hay “más expedientes similares pendientes”, aunque no saben cuantificar el número. Los primeros afectados por este derribo recordaron que otras viviendas en la isla de Tabarca se encuentran en una situación similar de “ilegalidad”.

Tres técnicos de la Consejería de Infraestructuras, arropados por dos agentes de la Policía Nacional y otro de la Policía Local de Santa Pola, se personaron en estos seis bungalós, construidos en primera línea de costa, para ejecutar la orden judicial de derribo. Sin embargo, los dueños no les dejaron entrar ni les entregaron las llaves de sus viviendas hasta que no tuvieran una orden judicial de desalojo de sus viviendas. Una de estas viviendas ya estaba desocupada, sin puertas ni ventanas, y en otra había unos operarios sacando todos los enseres.

Fuentes de la Consejería de Infraestructuras informaron de que los técnicos de Territorio se personaron a las 13 horas en estos chalés situados junto a la cala Birros para tratar de acceder al interior de las viviendas, aunque no tuvieron éxito ya sea por la ausencia de los propietarios o bien por la negativa de éstos a permitir la entrada o la entrega de las llaves. A la espera de la decisión judicial para ejecutar definitivamente el derribo, los técnicos levantaron acta de lo sucedido. Al mismo tiempo, solicitaron al juzgado de Alicante que, en la medida de lo posible, “acelere el proceso” para proceder a la ejecución de la sentencia.

Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, que estuvo presente en el acto aseguró que los seis propietarios afectados denunciaron que en la isla hay otras 17 viviendas que están “en una situación similar” porque se construyeron en el linde de la zona de servidumbre protegida.

El derribo de estas viviendas llega tarde y con cinco años de retraso, desde que el Tribunal Supremo, en 2009, confirmara una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia de 2003 que anulaba la autorización sectorial costera otorgada al exalcalde de Santa Pola Pascual Orts (PP) para la construcción de seis viviendas unifamiliares entre las calles Bergantín, Torreón y Proyecto.

Los afectados recordaron que hay más viviendas en situación similar
El pasado 15 de noviembre, la consejería inició las medidas para cumplir con el fallo aunque se necesita un nuevo permiso judicial para hacerse cargo de las llaves y proceder a la demolición.

El Ayuntamiento de Alicante, presidido por Luis Díaz Alperi, otorgó en 1999 licencias para la construcción de estas seis viviendas, previa autorización de la entonces consejería de Obras Públicas, ocupando una zona de servidumbre, es decir, una zona protegida por estar a pocos metros del mar. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente recurrió la resolución y, en 2003, el TSJCV dictó sentencia anulando la autorización de las obras, lo que confirmó el Supremo seis años después.

Arribas, de Ecologistas en Acción, valoró “positivamente” el cumplimiento de esta sentencia que “llega con retraso, pero se ejecuta”. El representante de la organización conservacionista destacó que se trata de una demolición “ejemplar en una isla de gran valor paisajístico y medioambiental”.

Tabarca, reserva marina y la única isla habitada, por 44 personas censadas, de toda la Comunidad Valenciana, albergaba también una escombrera que durante las últimas semanas está siendo limpiada por los técnicos de Tragsa. Arribas, pese a su satisfacción por la ejecución de la sentencia, reconoció las “dificultades técnicas” para poder derribar estas casas ilegales, ya que en la isla no hay maquinaria pesada y otro problema será la gran cantidad de escombros que puede generar este derribo.