16 de diciembre
de
2013
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URBANISMO.
CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO SANTA BRÍGIDA DE GRAN CANARIA
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de Canarias. Centro comercial y de ocio Santa Brígida de Gran Canaria
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urbanismo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la primera
reclamación patrimonial de la UTE Santa Brígida, adjudicataria
de las obras del centro comercial y de ocio del casco de la villa, que
solicitaba casi diez millones de euros al ayuntamiento satauteño
por el lucro cesante. Las obras, que comenzaron hace diez años,
están actualmente paralizadas tras múltiples vicisitudes
judiciales, políticas y económicas. El plazo de ejecución
era de 20 meses.
El alcalde de Santa Brígida
valoró positivamente esta sentencia. "En primer lugar, como toda
sentencia favorable a los intereses municipales, mostramos nuestra satisfacción
puesto que se demuestra el buen proceder del ayuntamiento en este tema
sobre lo reclamado por la UTE".
La oposición municipal, tras
una sentencia anterior que decretó la nulidad de la licencia urbanística
del centro comercial, pidió al alcalde que rescindiera el contrato
y recuperara para el municipio la propiedad donde se asienta la estructura
del centro comercial, amparándose en el fallo judicial.
Sin embargo, Bravo de Laguna, lo
ve de otra manera. "Dicho eso, esta sentencia no tiene nada que ver con
la situación contractual entre la UTE y el ayuntamiento, y desde
la alcaldía estamos a la espera de los informes y valoraciones solicitados
a los técnicos y servicios jurídicos municipales para tomar
la mejor decisión posible para el municipio, con el visto bueno
siempre de la mayoría de la corporación". El PP cuenta con
mayoría absoluta.
La UTE Santa Brígida está
compuesta por las empresas Saramema, Cura Riviera, Estaciones y Servicios
y FCC, aunque ésta última es la que controla actualmente
la unión temporal. La UTE promovió en diciembre de 2007 una
reclamación por "los daños y perjuicios que los incumplimientos
de las obligaciones contractuales esenciales asumidas" por la corporación
municipal, según la demanda.
La demandante solicitaba al ayuntamiento
una indemnización de 5,5 millones de euros. El concepto más
importante es la suma de 4.180.396,50 euros por "pérdida de la explotación
del edificio objeto de concesión en el período comprendido
entre el 10 de abril de 2005 y el 30 de noviembre de 2007", según
señalaba la UTE en la demanda.
Posteriormente la UTE ha seguido
demandando al ayuntamiento, al que le reclama actualmente 57 millones de
euros. La oposición ha anunciado que presentará una denuncia
ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias si
el consistorio no acata la sentencia judicial que decretó la caducidad
de la licencia, según manifestó la líder de la oposición
municipal y portavoz de Cambio por Sataute (CxS), Guadalupe del Río.
El portavoz de Nueva Canarias, José Luis Álamo, ha solicitado
lo mismo.
Del Río, que denunció
la opacidad municipal en este caso y pidió que se reconociera la
sentencia para resolver el contrato y recuperar la propiedad para el municipio,
se quejó de que el alcalde, Lucas Bravo de Laguna, no le contesta
a sus peticiones. La entidad concesionaria reclama al ayuntamiento 57.599.564
euros "en concepto de daños".
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