28 de noviembre
de
2013
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URBANISMO.
SUELO EXPROPIADO A ORTIZ EN BENIDORM
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y del urbanismo de la C. Valenciana. suelo expropiado a Ortiz en Benidorm
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El Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado un auto mediante el cual exige
al Ayuntamiento de Benidorm una fianza de 5.890.397,32 euros como garantía
del pago del suelo expropiado al promotor Enrique Ortiz en la partida de
El Moralet.
La cifra responde a la tasación
del terreno de acuerdo a la valoración por parte del Jurado Provincial
de Expropiación de Alicante, menos el precio que el Consistorio
puso al suelo, 72.773,97 euros. La sala señala que esta última
cantidad debe ser entregada al dueño de la parcela sin necesidad
de fianza.
La resolución del alto tribunal,
recogida en un auto de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
dictado el pasado día 4 de este mes, responde a un recurso presentado
por el expropiado. En su demanda, el empresario alicantino planteaba que
la sala adoptara «la medida cautelar positiva de la ejecución
del acuerdo del Jurado que ha sido recurrido, a fin de asegurar la efectividad
de la sentencia».
El auto del TSJ señala que
concurren los fundamentos jurídico necesarios para determinar «la
conveniencia de acceder a la medida positiva solicitada de pago de la cantidad
concurrente, entendiendo ésta como la ofrecida por el Ayuntamiento
en la hoja de aprecio, pero previa la constitución de la fianza
respecto al resto [la tasación del Jurado Provincial], porque es
evidente que de no adoptarse tal garantía se perturbarían
los intereses públicos en el caso de que la sentencia que se dicte
fuera a favor de la Administración expropiante, que también
es recurrente».
«La fianza», añade
el auto, «consistirá en caución en cualquiera de las
formas admitidas en derecho por la cantidad de 5.890.397,32 euros».
El Ayuntamiento de Benidorm, a través
del concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, del Centro Democrático
Liberal (CDL), aseguró que, de momento, no ha decidido si
recurrirá el auto del TSJ. El Consistorio dispone de un plazo de
cinco días para realizar este trámite (un recurso de súplica
ante la misma sala). «Los servicios jurídicos municipales
están estudiando el auto del TSJ y, en función de su dictamen,
decidiremos», explicó el edil.
Respecto al abono al promotor de
la cifra en la que tasó el Consistorio el terreno, el máximo
responsable del área de Urbanismo de Benidorm, afirmó que
el presupuesto de 2014 se consignará esa cantidad, «pero sólo
la parte proporcional a los metros cuadrados que el Ayuntamiento cree que
son propiedad de la mercantil», precisó. «Ya que hay
una parte, unos 45.000 metros cuadrados, que la no ha acreditado su propiedad»,
añadió Ivorra.
La resolución del Jurado
Provincial de Expropiación para resolver las diferencias entre el
Ayuntamiento y el empresario Ortiz acerca del valor de la parcela de El
Moralet se dictó el 15 marzo de 2013.
El Jurado Provincial inició
los trámites el 20 de diciembre de 2012, a instancia del titular
de la finca objeto de expropiación. Más adelante, la Corporación
remitió el expediente completo. El máximo órgano público
de tasación de la provincia valoró el terreno en 5.963.13,
29 euros, frente a los 50.139.743,69 euros que reclamaba el promotor y
los 72.773,97 en los que el Consistorio valoró la parcela.
Ortiz consideraba que la superficie
del solar era de 348.683 y aportó planos en los que incluía
tres parcelas. Por su parte, el Ayuntamiento mantuvo que la superficie
es de 332.894,06 metros cuadrados. El Jurado se decantó por fijar
la cantidad del Ayuntamiento como la superficie a expropiar.
El Consistorio, por su parte, también
comenzó el expediente a raíz de una petición del propietario
en la que solicita la expropiación forzosa de la finca «al
haber transcurrido el tiempo previsto y cumplido los requisitos legales
para ello».
Ortiz alegaba que el suelo se encuentra
clasificado en el PGOU como no urbanizable y calificado como sistemas generales,
«en su mayoría espacios libres, parque urbano, sin que por
parte del Ayuntamiento se haya efectuado actuación alguna en orden
a su adquisición o compensación».
El Jurado Provincial de Expropiación
de Alicante calificó el terreno como suelo rural. Y en base a esta
clasificación y a la aplicación del máximo coeficiente
autorizado en el factor de localización, extremo que duplicó
el valor del metro cuadrado, de 8,53 a 17,06 euros, fijo su tasación
definitiva. Este coeficiente máximo fue propuesto por la empresa
externa que realizó la tasación para el Ayuntamiento, la
mercantil Valmesa.
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