20 de septiembre
de 2013
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA
EDUCATIVO inmoley.com
DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © |
|
E-learning. Campus vitual. |
URBANISMO.
EXPROPIACIONES URBANÍSTICAS EN CÁCERES.
Convertir conocimiento en
valor añadido:
Guía práctica inmoley.com de las Expropiaciones urbanísticas
en Cáceres. Expropiaciones urbanísticas en Cáceres.
Herramienta práctica
> Guías prácticas:
urbanismo.
El Tribunal Supremo cuantifica en
3.755.887 euros el justiprecio que debe pagar el ayuntamiento por 3.032
metros cuadrados de una parcela que está en terrenos destinados
a una futura ampliación del parque del Príncipe. Lo que hace
el tribunal en su sentencia es validar el justiprecio que el Jurado Autonómico
de Valoraciones, órgano dependiente de la Consejería de Economía,
dio a esta parcela en junio del 2009. La resolución del Supremo
incrementa en 12.606 euros el coste que el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) dio al suelo en una sentencia del mes de julio del año 2010,
en la que se estableció un justiprecio por el terreno de 3.743.281
euros.
"Por razones de congruencia con
la resolución del Jurado Autonómico de Valoraciones de Extremadura
se mantiene el justiprecio determinado por la misma en 3.755.887 euros",
según se concluye en la sentencia del Tribunal Supremo, que es del
23 de julio y que impone el pago de las costas del proceso al consistorio
"por no haber lugar al recurso de casación" que el ayuntamiento
presentó en 2010 contra el fallo del TSJ, recurso que se desestima
ahora por el Supremo.
En la sentencia del Supremo también
se afirma que el Tribunal Superior "no incurrió en ninguna contradicción"
cuando decidió el aprovechamiento aplicable al terreno, que es el
principal motivo que explica la razón de un justiprecio de 3,7 millones
para 3.032 metros cuadrados.
Esta parcela es parte de las 8 hectáreas
que en el plan general de urbanismo que se aprobó hace tres décadas
quedaron como un suelo urbano destinado para uso público (reservado
para una futura ampliación del parque del Príncipe).
Este terreno no se adscribió
entonces a ninguna zona de futuro desarrollo de la ciudad con aprovechamiento
lucrativo, por tanto la única manera que tenía el ayuntamiento
de conseguirlo era con la expropiación. Los primeros años
no se tramitó ningún expediente y se desaprovechó
el plan de 1999 para cambiar la fórmula de consecución del
suelo. A partir de ese momento se tramitó el primer proceso de expropiación
de suelo en esta zona. La Ley de Régimen del Suelo y de Valoraciones
de 1998 establecía que el precio del suelo sería el resultado
de la media del aprovechamiento para edificar en el polígono fiscal
en el que estuviera el suelo a expropiar.
Por el polígono donde está
este terreno, donde predominan las unifamiliares, con un aprovechamiento
edificatorio menor, el consistorio estableció para ese primer proceso
un valor de aprovechamiento de 0,67 metros cuadrados edificables por cada
metro cuadrado de superficie.
Promeimsa, la empresa que promovía
este proceso, no estuvo conforme y se decidió acudir a un arbitraje,
a un laudo que se encargó a la Gerencia de Urbanismo de Madrid,
que estableció un aprovechamiento de 1,317 metros cuadrados edificables
por cada metro cuadrado de superficie, un laudo que aceptó el ayuntamiento,
que sentó un precedente para esta zona y que es la razón,
junto al boom inmobiliario y al incremento del valor del suelo que se produjo
en la pasada década, de que las expropiaciones de los terrenos reservados
para la ampliación del parque del Príncipe se disparasen.
En la sentencia del Tribunal Superior
de julio del año 2010 se admitió el precio que el ayuntamiento
dio a cada metro cuadrado (892,82 euros) de los 3.020 de la parcela, pero,
a diferencia del criterio del ayuntamiento, el TSJ aplicó el aprovechamiento
que el consistorio había aceptado unos años antes en el primer
proceso de expropiación en la zona y en el laudo.
El resultado fue que 892,82 euros
multiplicado por 3.993 metros cuadrados de aprovechamiento (la superficie
de 3.020 metros cuadrados por 1,317) dio un justiprecio de 3.565.030 euros,
que con el 5% de afección suma los 3.743.281 euros de la sentencia
del TSJ del 2010, que ahora el Tribunal Supremo incrementa en 12.606 euros
más.
Este proceso no es un caso aislado.
Es el tercero en la misma zona y queda un cuarto, por el que el ayuntamiento
tendrá que pagar otros 3 millones de euros, justiprecio fijado por
el TSJ en una sentencia del 28 de febrero del 2013 y que no se recurrió
al Supremo.
LOS DOS PRIMEROS
En los dos primeros procesos el
ayuntamiento ya ha pagado por el terreno (14,9 millones en el primero --coste
de los terrenos que se permutaron para viviendas en el Rodeo, el Perú
y junto a la estación-- y 6,4 en el segundo tras sentencias del
Supremo y el TSJ). En ambos los dueños del terreno no eran los propietarios
del suelo a los que hace tres décadas se les reclasificó
un terreno en el que se podía edificar y que quedó como zona
verde, sino empresas que lo compraron después. Los dos procesos
que quedan los promueven los que eran propietarios hace 30 años
o herederos.
El ayuntamiento tiene reconocida
la deuda por la expropiación de los 3.020 metros cuadrados de la
sentencia del Supremo. Al cierre del ejercicio del 2012 se reconocía
un débito por este terreno de 3.743.281 euros, que es el importe
que se fijó por el TSJ.
Esta deuda está reconocida,
aunque no aplicada a los presupuestos del ayuntamiento. Es la expropiación
de mayor importe de las que todavía quedan por pagarse. En la misma
situación (deuda reconocida sin aplicar al presupuesto y que no
se ha pagado) había otros expedientes al cierre del 2012 por 6.680.787
euros, que junto a los 3.743.281 de la parcela de 3.020 metros dan 10.424.068
euros.
Esta es parte de la deuda que quedaría
por expropiaciones, debido a que al menos hay otras dos operaciones que
suman otros 3 millones, por lo que la deuda total rondaría los 15
millones de euros. No obstante, el plan de urbanismo de 2010 frenó
los procesos de expropiaciones al adscribir los terrenos a conseguir a
sectores residenciales. Lo que queda pendiente se inició antes de
la aprobación del plan del 2010.
Las dos operaciones de más
importe que quedan por abonar de planes anteriores son las dos de la ampliación
del parque de Príncipe (6,7 millones), además hay otras dos
en la Ribera (2,5 millones) que cuentan con sentencias del Supremo dictada
el último año.
|