| Los actores
involucrados en la Operación Chamartín (Fomento, Comunidad,
Consistorio y Distrito Castellana Norte, sociedad formada por el BBVA y
la constructora San José) tienen sobre la mesa un borrador de acuerdo,
al que ha tenido acceso EL PAÍS, que podría firmarse en los
próximos días. El nuevo proyecto reduciría en un 36%
la edificabilidad global con respecto al diseño anterior. El uso
residencial global también disminuiría, hasta un 36% (muy
por debajo de la última oferta de DCN, que proponía un 20%),
gracias a que se excluyen los terrenos de vías ferroviarias, que
no se transforman.
El área
afectada llegaría así a los 2 millones de metros cuadrados
—el anterior era de 3,2— y se distribuiría en cuatro ámbitos
con desarrollos distintos y equilibrados a cada necesidad. La densidad
de las viviendas y del uso terciario se moldearía según cada
barrio: más residencial al norte de la M-30 y menos al sur. Los
cuatro ámbitos (Fuencarral-Tres Olivos; Fuencarral Malmea; Las Tablas
y el distrito de Negocios) tendrían coeficientes de edificabilidad
independientes.
UN PROYECTO
DE FUTURO EN LA CAPITAL
Estación
y comercios. Chamartín se convierte en el corazón del proyecto,
pasando de ser un lugar de paso a un lugar de encuentro. Tendrá
dos vestíbulos (norte y sur) que contarán con áreas
comerciales y accesos para usuarios.
Zona verde.
La prolongación de la Castellana generará un eje verde que
pretende unir El Prado con El Pardo. Se dará la prioridad al peatón.
Edificabilidad.
La superficie total se reduce un 36%, pasando de los 3,1 millones de metros
cuadrados del anterior plan a los 2 millones actuales.
Viviendas.
También las viviendas caerán un 39%, hasta las 10.860. En
el anterior proyecto, el uso residencial alcanzaba las 17.740 viviendas.
Cuatro ámbitos.
La actuación se desarrollará en cuatro ámbitos independientes:
Fuencarral-Tres Olivos; Fuencarral Malmea; Las Tablas y el Distrito de
Negocios. Se asigna un coeficiente de edificabilidad propio a cada uno
de los cuatro ámbitos previstos.
En cuanto a
la iniciativa del proyecto, la gestión del plan pasaría de
manos privadas a públicas, permitiendo al Ayuntamiento decidir los
tiempos y las prioridades en cada actuación.
Este punto
fue defendido por el gobierno local, cuyos técnicos se encargarían
de la reforma a través de una modificación del Plan General
y ordenaciones concretas.
De cerrarse
el acuerdo, la estación de Chamartín se convertiría
en el centro neurálgico de la zona. Su remodelación transformaría
la terminal, que tendrá dos vestíbulos (norte y sur) y zonas
comerciales, en uno de los nudos ferroaeroportuarios más importante
de España. A 15 minutos del aeropuerto Madrid-Barajas, la nueva
estación se ubicará en el corazón de un nuevo barrio
de servicios.
El nuevo distrito
empresarial dispondrá de una superficie de 740.000 metros cuadrados,
de los que un 80% será para uso público (dividido en 30%
de zonas verdes; un 50% para equipamientos, y un 20% de suelo residencial
y de ocio).
Eso tendría,
además, efectos en el empleo. Las estimaciones hablan de unos 200.000
nuevos puestos de trabajo para la fase de construcción de toda la
Operación Chamartín. Las infraestructuras, como por ejemplo
el nudo norte, estarían a cargo del Ayuntamiento, mientras que otras
obras, como las estaciones de metro, se financiarían a través
de la inversión público-privada.
ANTECEDENTES
19 de junio de 2017
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
VÍDEO
DE LAS CLAVES DE LA OPERACIÓN CHAMARTÍN: REDUCCIÓN
DE LAS VIVIENDAS A EDIFICAR Y CONTROL MUNICIPAL.
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo Madrid
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Los alumnos
deberán remitir a su tutor un análisis sobre la necesaria
modificación del plan parcial y el PGOU.
La edificabilidad
del ámbito (metros cuadrados edificables respecto al bruto de metros
cuadrados) se reduce de 1,05 m2 a 0,98 m2 y la mayor parte de las viviendas
se situarán en la zona sur, en el área más cercana
a la estación donde puede que haya torres de viviendas junto al
centro de negocios (últimos flecos de la negociación ya que
DCN insiste en que esa zona de negocios debe ser de uso mixto, es decir,
que incluya no solo torres de oficinas, sino un área con viviendas,
restaurantes y tiendas, además de contar con grandes inmuebles que
permitan albergar grandes sedes corporativas). Más al norte, se
reduce la elevación de los edificios, que previsiblemente tendrán
entre cinco y siete plantas. El acuerdo final incluye la rebaja en el número
de viviendas inicialmente propuesto por la empresa, un 20% menor, lo que
supondrán entre 13.000 y 14.000 viviendas. En el proyecto original
para ese ámbito se preveían 17.000 casas y en el proyecto
municipal Madrid Puerta propusieron 4.000 unidades. A pesar de que se reduce
la edificabilidad se mantienen todas las infraestructuras previstas por
DCN en el anterior proyecto, desde las estaciones de Metro (una condición
básica para la Comunidad de Madrid) como carreteras, dotaciones
o puentes y pasarelas entre el este y oeste de esa zona del norte. Con
una excepción, el nudo Norte reducirá su capacidad por petición
municipal.
Otro aspecto
relacionado, pero que tampoco está cerrado, es la movilidad. Aunque
está claro que se quiere reducir la necesidad del transporte privado,
aún hay que desarrollar esta idea. El proyecto estipula amplias
zonas verdes y peatonales, algo que también contenta al Gobierno
porque se enmarca en su plan de una ciudad más accesible y sin coches.
Esta reforma
requiere de una modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) debido a una rebaja de la edificabilidad prevista anteriormente
y debido a que el nuevo proyecto pasará de ser una actuación
privada, actualmente bajo el promotor DCN (Distrito Castellana Norte, controlada
en un 75% por BBVA y en un 25% por Grupo San José), a la iniciativa
pública.
DCN cede
la iniciativa al Ayuntamiento, que será a partir de ahora quien
tenga que desarrollar el proyecto, con la base del diseño que termina
de consensuar con el equipo de Simon Smithson, arquitecto británico
en quien la empresa ha delegado la negociación.
Esta modificación
legislativa puede dilatarse más de un año, ya que requiere
modificar el PGOU y el plan parcial del proyecto, lo que conlleva el visto
bueno de la Comunidad de Madrid.
La junta
de Gobierno municipal debe dar una aprobación inicial del nuevo
plan parcial, una decisión que se puede retrasar hasta diciembre.
A partir de ahí, se prevé unos trámites de varios
meses, ya que el Consistorio debe presentar antes numerosos informes favorables
de distintos organismos, pasar el periodo público de alegaciones
y el visto bueno de los partidos políticos en el Pleno municipal.
Después se trasladaría para que el consejo de Gobierno de
la Comunidad otorgue el permiso definitivo.
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