| "¿Sabe
usted, señor De la Torre cuantos expedientes han caducado y cuantos
han prescrito", le ha preguntado el socialista Daniel Pérez al alcalde.
"Si no sabemos cual es la situación, no podremos actuar", ha añadido.
Y ha dudado de que no puedan darse datos exactos en estos momentos, "si
se ha dado una información exhaustiva sobre las licencias, ¿porqué
no se ha podido dar sobre los expedientes?", se ha preguntado. Pérez
ha vaticinado que en este asunto "se ha podido cometer delito y el culpable
de ello sería el alcalde".
"Queremos saber
las cifras y los porqués", ha dicho la portavoz de Málaga
Ahora, Ysabel Torralbo. "Pedimos eficacia y eficiencia", ha añadido
Alejandro Carballo de parte de Ciudadanos, refiriéndos etambién
a la tardanza en la concesión d elas licencias de obras. "Esta situación
no pueden justificarla apelando a problemas de hace 20 años, como
pretende el alcalde", en palabras del concejal no adscrito Juan José
Espinosa. Por último, el portavoz de IU Málaga para la Gente,
Eduardo Zorrilla calificó el tema de "muy grave" por lo que "es
necesario una información detallada de los casos".
El concejal
de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares ha recordado que
se está elaborando un plan de inspección sobre este asunto
y se ha comprometido a la realización "de un infome sobre el estado
de todos los expedientes" y pese a no ofrecer datos que lo respalden ha
asegurado que en la Gerencia de Urbanismo "no consta que haya habido prescripciones
intencionadas".
AUDITORÍA
URBANÍSTICA
La iniciativa
también aprobada recogía la solicitud a la Secretaría
General y a la Asesoría Jurídica de un informe sobre el resultado
de esta investigación para determinar si puede haberse incurrido
en negligencia o presunto delito. La moción socialista se sumó
a otra presentada por Ciudadanos, también aprobada por unanimidad,
y que demandaba instaurar un sistema de reparto de trabajo que permita
que se cumpla los plazos legales estipulados en el estudio de las licencias
de obra o primera ocupación presentadas; poner todas los recursos
materiales y humanos para respetar los plazos legales estipulados en la
LOUA.
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