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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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8 de mayo de 2017
 
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VÍDEO URBANÍSTICO. INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS
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  • Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre la responsabilidad patrimonial que exige Martinsa Fadesa al Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria).
La sentencia que resuelva la reclamación derivada del convenio urbanístico de las viviendas del Alto del Cuco con el Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria) va a crear un precedente muy importante en la jurisprudencia de convenios urbanísticos. Los promotores ya no se conforman como antes y están llevando a juicio a los ayuntamientos por incumplimiento de convenios urbanísticos. A modo de ejemplo, la reforma urbanística del litoral valenciano va a ocasionar un considerable número de reclamaciones a los ayuntamientos. Por eso es tan importante el análisis. Lo que Martinsa Fadesa reclama al ayuntamiento es la responsabilidad patrimonial, ya que comenzó las obras con todos los permisos y por ello tendrá que ser indemnizada en una cuantía millonaria. La defensa municipal se basa en que Martinsa Fadesa no se sujetó al convenio urbanístico, pero de haber sido así el ayuntamiento tendría que haber ejercido su deber de vigilancia por disciplina urbanística. Martinsa Fadesa reclama 68 millones a Piélagos como responsable patrimonial por la demolición por orden judicial de 214 viviendas. 

Martinsa Fadesa se encuentra en fase de liquidación, ha judicializado su reclamación ante la "desidia y pasibilidad absoluta" del Ayuntamiento, a quien reprocha "no haber planteado nunca un escenario de negociación" para llegar a un acuerdo "consensuado" que permitiera una "salida satisfactoria para todas las partes implicadas".

La alcaldesa Verónica Samperio dice que "Fadesa engañó al Ayuntamiento porque lo construido no se ajustaba al proyecto de urbanización autorizado". No obstante, reconoce que, si los tribunales atienden la reclamación de la constructora, "será la ruina para el Ayuntamiento, que terminaría siendo intervenido por el Estado".

En 2004, el Ayuntamiento de Piélagos firmó el convenio urbanístico a pesar de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo -un organismo consultivo dependiente del Gobierno de Cantabria- había emitido un informe desfavorable. Al final, el Plan Parcial se aprobó y ARCA lo llevó a juicio con el apoyo de la Comunidad Autónoma.

Tres años más tarde, en marzo de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio la razón a los ecologistas y declaró ilegal la urbanización en una sentencia que no dejó lugar a dudas: "La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquel 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano al que se llega tras una actuación traumática".

Se han derribado 214 viviendas de las 400 previstas
numerosos recursos -hasta una docena- presentados por el Ayuntamiento y Martinsa Fadesa.

La sentencia final llegó en diciembre del 2011: el Tribunal Supremo ratificó el fallo del TSJC, así como el "importante e incontrovertido impacto paisajístico". El complejo quedó entonces a medio construir, inerte, al servicio de los amigos de lo ajeno, que a lo largo de estos años han aprovechado para llevarse el cobre o la fontanería, entre otros materiales. Las obras quedaron paralizadas por orden judicial a la espera de que se resolviesen los
 
 

ANTECEDENTES 26 de julio de 2016 

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EL ALTO DEL CUCO, SÍMBOLO DEL DESCONTROL URBANÍSTICO DE CANTABRIA 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de la inspección urbanística y en la guía del urbanismo de Cantabria. La urbanización del Alto del Cuco, promovida y construida por FADESA, se definió en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria TSJC como "la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno natural rural precisado de protección sobre el que las actuaciones urbanísticas precedentes no han hecho sino contribuir a su progresiva degradación". Las sentencias anulando el Plan Parcial y las posteriores de derribo empezaron en 2007 decretando la anulación del Plan Parcial del Alto del Cuco para construir 395 viviendas. 
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En su origen, el 13 de febrero de 2004 la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria informó desfavorablemente el Plan Parcial del Alto del Cuco en un amplio y extenso informe en el que ponía de manifiesto la ilegalidad del mismo, así como el fuerte impacto paisajístico que la urbanización proyectada provocaría. A la vista de esto, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), el 26 de febrero de 2004 y por unanimidad de los presentes, informó desfavorablemente el citado Plan Parcial.

Hay que decir también que en ese momento el Plan de Ordenación del Litoral (POL) se encontraba en tramitación y el citado ámbito resultaba estar especialmente protegido en la categoría de Área de Interés Paisajístico, impidiendo la urbanización proyectada. A pesar de todo ello, el equipo de gobierno de Partido Popular del Ayuntamiento de Piélagos aprobó definitivamente el Plan Parcial el 23 de marzo de 2004, desoyendo todas y cada una de las ilegalidades puestas de manifiesto en los informes.

En 2007 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estima el recurso planteado por ARCA y anula el Plan Parcial del Alto del Cuco. Posteriormente y a petición del Gobierno de Cantabria se ordena la paralización cautelar de las obras. Más tarde, en febrero de 2008, la misma Sala estima el recurso planteado por el Ejecutivo en los mismos términos que el de ARCA.

LA DEMOLICIÓN

El Gobierno de Cantabria destinará un millón de euros a las obras de demolición de las 214 viviendas con sentencia de derribo en el Alto del Cuco (Piélagos), unos trabajos que está previsto que comiencen en el próximo mes de agosto “tras los acuerdos alcanzados” con el Ayuntamiento de Piélagos.

Así, el Ejecutivo regional ha autorizado, en la última reunión del Consejo de Gobierno, este jueves, el expediente administrativo para que la empresa pública Tragsa ejecute la demolición de las 214 viviendas sobre las que pesa sentencia de derribo en el Alto del Cuco.

El pleno del Ayuntamiento de Piélagos autorizó esta semana la firma del convenio con el Gobierno y la consignación de una partida para los derribos en el presupuesto de 2016.

El plazo de ejecución del derribo será de seis meses y el coste de esta actuación, que también implica la regeneración ambiental de la zona será de 3,7 millones de euros, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

EL CONVENIO

El convenio estipula que la cuantía será adelantada por el Gobierno de Cantabria al Ayuntamiento, y después la administración local devolverá este montante en un plazo de 10 años, a razón de un 10% anual, incluido este mismo año, al Gobierno autonómico, según el acuerdo que firmaron las dos administraciones en octubre de 2013.

El reintegro del anticipo empezará este mismo año y a partir del próximo se irá incrementando las cantidades pendientes con un interés del 1% anual. La devolución

En El Cuco había proyectados distintos tipos de viviendas, unifamiliares y en bloques, en total unas 400, todas ellas declaradas ilegales, de las que se llegaron a construir 214.

La demolición supondrá más de 1 millón de euros, a los que hay que añadir los 2,7 millones previstos para regenerar y restaurar el monte. Tras los trabajos de demolición se iniciarán las tareas de regeneración y restauración del monte sobre el que se levantaron las viviendas ilegales.

RESPONSABILIDADES

El Alto del Cuco es el mayor símbolo de lo que se ha conocido como el ‘ladrillazo’ en la costa de Cantabria durante los años 90, en el que varios ayuntamientos aprobaron planes urbanísticos.

Aquella ordenación municipal, en el inicio de la burbuja inmobiliaria, recibió luz verde del Gobierno de Cantabria (PP-PRC), con el actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla como vicepresidente y consejero de Urbanismo, al frente también de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

La exdirectora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio (2003-2007) explicó años después, en BUENAS TARDES CANTABRIA, que el Alto del Cuco fue “un pulso de poder que perdimos todos“.

Los recursos de la asociación ecologista ARCA a tales actuaciones urbanísticas derivaron en decenas de sentencias judiciales, ratificadas por las más altas instancias de la Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Tribunal Supremo declararon la ilegalidad de las construcciones y las órdenes de derribo de más de 500 viviendas en la comunidad autónoma. Todos los recursos fueron desestimados.

Los primeros derribos de construcciones ilegales en la costa de Cantabria se ejecutaron en la urbanización de la Playa de La Arena, en Arnuero, y en el chiringuito de “Mingo”, en Ajo (Bareyo), para dar cumplimiento a sentencias judiciales que así lo establecieron.

En la Playa de La Arena afectaron a las fases 1 y 2, a 42 de los 144 pisos de la urbanización. Eran viviendas (como las de El Cuco) que no llegaron a terminarse y que no estaban habitadas.

LOS COSTES DE LA DEMOLICIÓN

El actual director general de Urbanismo, Miguel Ángel Palacio (PSOE), cuestionaba desde la oposición parlamentaria (2011-2015) que el Ejecutivo asuma unos costes que corresponderían o bien al Ayuntamiento de Piélagos o bien al PP local, pero no a todos los cántabros.

El Tribunal de Cuentas llegó a cuantificar el precio del descontrol urbanístico en la costa: la adaptación de las normas municipales a la regulación autonómica que intentó compensar la falta de seguridad jurídica, las sentencias de derribo y los planes anulados por los tribunales ha costado 8,5 millones de euros.

EL GOBIERNO “CUMPLE ESCRUPULASAMENTE” LAS SENTENCIAS

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio (PSOE), han rubricado el acuerdo definitivo que articula el reparto de las obligaciones entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos para dar cumplimiento a las sentencias judiciales del Alto del Cuco.

En rueda de prensa, Díaz Tezanos ha destacado este paso que “constituye una muestra más del compromiso del Gobierno regional”, que mantiene el “calendario previsto” proyectado desde un inicio para derribar las 214 viviendas que se construyeron ilegalmente en el Alto del Cuco (Piélagos).

Eva Díaz Tezanos ha enfatizado que el Gobierno de Cantabria “cumple escrupulosamente las sentencias de los tribunales de Justicia”, y de ahí, los pasos dados en los últimos días que permitirán acometer la demolición de las edificaciones y urbanizaciones existentes en El Alto del Cuco.

El Consejo de Gobierno aprobó, el pasado mes de mayo, el gasto plurianual para consignar el montante necesario para abordar las obras de demolición.

Tras los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Piélagos, esta decisión ultima el procedimiento para iniciar los trabajos de demolición a principios del próximo mes de agosto.

“SATISFACCIÓN” EN EL PP POR LA APLICACIÓN DEL PLAN POPULAR.

El portavoz de Urbanismo del Partido Popular, José Manuel Igual, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno de Cantabria de aplicar el plan de derribos “diseñado en la pasada legislatura” por el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego.

“Al césar lo que es del césar, en este caso no podemos menos que felicitar al Gobierno de Cantabria por dar continuidad al proceso iniciado la pasada legislatura”, ha subrayado.

Para Igual, en esta ocasión se ha actuado “con sentido común”, porque el plan es “bueno, beneficia a todos, y sobre todo permite solventar una situación que necesita soluciones inmediatas”.

Para el portavoz del PP en materia urbanística, el plan que se está aplicando para restaurar y ejecutar la sentencia del Alto del Cuco, permite solucionar las principales cuestiones que rodean a una sentencia de derribo.

“Se incide en una importante restauración ambiental para dejar la zona en condiciones, se compensa a los afectados, y se colabora en todo el proceso con el Ayuntamiento de Piélagos, que al no poder hacer frente económicamente al proceso recibe préstamos del Gobierno de Cantabria que irá devolviendo poco a poco”, ha recalcado.

IU DE PIÉLAGOS EXIGE DEPURAR RESPONSABILIDADES

El concejal de Izquierda Unida, Rubén V. Carrillo, ha exigido al equipo de Gobierno de Piélagos (PSOE) que trabaje para “depurar todas responsabilidades patrimoniales, tanto de la empresa que impulsó el proyecto, como de los concejales del Partido Popular que aprobaron el Plan Parcial”.

El Convenio entre el Ayuntamiento de Piélagos y el Gobierno de Cantabria para regular las obligaciones derivadas de las sentencias que anulan el Plan Parcial del ‘Alto del Cuco’ se ha votado esta semana en el pleno municipal.

E Izquierda Unida (IU) se decantó por la abstención, debido a las “numerosas dudas que les genera, entre las que destacan que se deba ejecutar el proyecto de restauración redactado por una empresa contratada en su día por MARTINSA-FADESA, promotora del Alto del Cuco”

Además, esta formación no comparte que la Corporación debe asumir los sobrecostes, que la adjudicataria sea TRAGSA o que el tipo de interés que cobrará el Gobierno sea “tan ventajoso como se ha vendido”.

“Pese a todo ello, desde Izquierda Unida no podíamos votar en contra, pues no olvidamos donde está el origen de esa dentellada que sufrió La Picota, ni que las urgencias que sufrimos ahora vienen derivadas de la dejación de los gobiernos anteriores”, ha explicado Carrillo. 


 
 
 
 
 

 

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