| La CNMC ha
notificado a la Junta de Galicia un requerimiento previo contra diversos
artículos del Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se regula
las viviendas turísticas en esta comunidad autónoma. El objetivo
del organismo nacional es evitar interponer un recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Esta normativa
regula de forma diferenciada dos modalidades de alojamientos turísticos.
- Por un lado,
los apartamentos turísticos (cuando todos los apartamentos de la
edificación están destinados al alojamiento turístico)
y las viviendas turísticas (establecimientos unifamiliares aislados
o chalets), a cargo de empresas de alojamiento turístico.
- Por otra,
las viviendas de uso turístico, que se distinguen de las anteriores
porque se permite que particulares las comercialicen y tienen un régimen
jurídico diferente. Estas viviendas se consideraban hasta ahora
como parte de la oferta de alojamiento no reglado y carecían de
regulación específica.
La CNMC considera
que hay diferentes obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva:
- Con respecto
a los apartamentos y viviendas turísticas:
1.- Prohíbe
el alquiler por habitaciones y limita el periodo de alojamiento a tres
meses. Esto es contrario al derecho del empresario de organizar su actividad
y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas.
2.- Subordina
el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable
con características más propias de una autorización
administrativa. Sin embargo, no se justifica la necesidad de esa intervención
administrativa, con el consiguiente coste de recursos públicos.
3.- Presenta
un catálogo exagerado de requisitos técnicos y servicios
mínimos exigidos, que no superan el análisis de necesidad
y proporcionalidad de la regulación. De esta forma, existe una carga
innecesaria para operadores, que incrementa los costes y limita su libertad
de autoorganización. Además, se exige tener un distintivo,
una carga al operador no justificada.
- En relación
con las viviendas de uso turístico:
1.- Permite
que los Ayuntamientos limiten el número de viviendas –o incluso
las prohíba- en determinados edificios o sectores urbanísticos.
Esto supone una restricción discrecional de la oferta de viviendas
en su número y variedad.
2.- Prohíbe
la cesión por habitaciones, de forma que limita el libre ejercicio
de la actividad económica, restringe el número y variedad
de plazas de alojamiento.
3.- Establece
un régimen jurídico diferenciado en función de elementos
temporales (estancia inferior a 30 días o cesión de al menos
dos veces al año) no justificados, que no superan el test de necesidad
ni proporcionalidad.
4.- Régimen
de acceso a la actividad (declaración responsable) muy agravado
con un conjunto de cargas adicionales que no superan el análisis
de necesidad y proporcionalidad: pago de tasas, suscripción de un
seguro de responsabilidad civil e inscripción en un registro.
5.- Catálogo
de requisitos y servicios mínimos abiertamente discrecional que
limita sin justificación la libertad auto-organizativa de los operadores.
Por todo esto,
la CNMC considera que la nueva regulación eleva los costes de entrada
en el mercado de manera injustificada y reduce de manera considerable el
número de competidores y los incentivos a que haya precios más
eficientes y competitivos para los usuarios.
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