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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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20 de abril de 2017
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©

LA CLAVE DE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE BALEARES: PONER BAJO VIGILANCIA A LOS AYUNTAMIENTOS
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  • Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre los nuevos controles urbanísticos en la nueva ley del suelo.
En las alegaciones al anteproyecto de la nueva ley del suelo de Baleares (Anteproyecto de la ley de urbanismo de las Islas Baleares), la oposición ha insistido en que se pone bajo control a los ayuntamientos. Lamentablemente no todos los ayuntamientos cuentan con una administración suficiente para atender su desarrollo urbanístico. Esta situación genera problemas de disciplina urbanística que prescriben cuando se quiere actuar. Por esta razón y por el uso abusivo de los convenios urbanísticos es por lo que el gobierno balear ha redactado una nueva norma. El control autonómico preventivo al urbanismo municipal es una necesidad y ya se regula en las últimas leyes del suelo de la Comunidad Valenciana y Galicia. En relación a la prohibición absoluta de los convenios urbanísticos es lógico que surjan matices. La nueva ley del suelo de Baleares prevé varias medidas para luchar contra la especulación: se determina que las plusvalías generadas por los cambios de clasificación, calificación o rentabilidad de usos que resulten superiores a un beneficio razonable deberán repercutir en la administración. Quedan prohibidos los convenios de planeamiento urbanístico que han sido fuente de conflictos y que muchas veces han derivado en indemnizaciones copiosas. Además, debe haber máxima transparencia de todos los procesos: documentos públicos, participación de profesionales acreditados, de sociedades de tasación, etcétera. La conselleria destaca de manera especial la creación de una Junta de Expropiación Autonómica, que estará integrada por profesionales. Por otra parte, la futura Ley refuerza los mecanismos para hacer efectiva la disciplina urbanística. Las medidas se fijan dos procesos: el sancionador y el de restablecimiento de la legalidad y de la realidad física alterada.

Las sanciones por actuaciones ilegales, sin título urbanístico que las  ampare, serán económicas y varía su importe. Para obras e instalaciones ilegales en suelo urbano o urbanizable habrá multas de entre el 50 y el 70 % del valor de la obra ejecutada si el uso es permitido, y multas de entre el 75 y el 100 % del valor de la obra si el uso no es permitido. Para obras e instalaciones en suelo rústico la sanción económica será de hasta el 300 % del valor si es un uso prohibido, y de entre el 150 y el 300 % del valor en uso autorizado. Además, se simplifican las ejecuciones de órdenes de demolición, que quedan exentas de licencia urbanística previa: se presenta el proyecto y si el ayuntamiento no dice nada en un plazo de un mes, se inicia el plazo para ejecutar. Se prevén también multas coercitivas continuadas: del 10 % del valor de la obra ilegal que se irá repitiendo cada mes hasta un año de tope, hasta que el infractor lleve a cabo la demolición y la restitución. El plazo para la ejecución subsidiaria por parte de la administración se amplía hasta los 15 años, siguiendo así los criterios jurisprudenciales. La administración podrá llevar a cabo la ejecución subsidiaria desde el momento en que expira el plazo dado al infractor.

EL PP ALEGA EL ANTEPROYECTO DE LEY DE URBANISMO POR LIMITAR EL DERECHO A LA PROPIEDAD

El PP ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de urbanismo del Govern y lo ha criticado porque considera que limita el derecho de propiedad, crea inseguridad jurídica, resta competencia a los ayuntamientos en favor de los consells y da la espalda a los problemas existentes en ese ámbito.

El PP ha asegurado en un comunicado que el anteproyecto que está en fase de exposición pública no es una ley como tal, sino una modificación de la primera Ley del suelo de la comunidad aprobada la pasada legislatura.

El PP critica que la norma limite el derecho de propiedad al incrementar los supuestos de expropiación forzosa, algo que consideran que generará inseguridad jurídica y aumentará las dificultades para que los municipios puedan desarrollar y aprobar sus planeamientos urbanísticos de la manera más rápida y beneficiosa para sus ciudadanos.

El PP ha defendido la Ley del Suelo aprobada en la pasada legislatura y ha recordado que fue aprobada con un amplio apoyo parlamentario, ya que el grupo socialista solo votó en contra de un 25 % del texto y MÉS se opuso a un 20 % de los 220 artículos y disposiciones del texto.

Aquella ley fue «un primer paso histórico para regular el suelo, sus diferentes usos, dar solución a problemas históricos como los falsos urbanos» y para endurecer las sanciones por indisciplina urbanística, según el partido de oposición.

La presidenta de la comisión de Urbanismo el PP balear, Virtudes Marí, ha pedido una reflexión «sobre la necesidad de tramitar una nueva ley del suelo, más allá de la necesidad política del Govern del Pacte de destruir todo lo que aprobó el PP, aunque la realidad es que asumen gran parte de su contenido».

Según Marí, «no ha dado tiempo a aplicar algunos aspectos de la anterior ley y ahora se quiere cambiar, lo que genera una gran inseguridad jurídica».

Según el PP, de los 234 artículos y disposiciones del anteproyecto ahora presentado, un 55 % reproduce la ley aprobada la pasada legislatura, un 7 % tienen cambios de redacción pero no de fondo, se modifica un 20 % del articulado siguiendo la misma estructura y sólo un 18 % de la norma es nuevo.

Marí considera que el anteproyecto elaborado por el Govern de izquierdas «no soluciona los problemas existentes y crea inseguridad jurídica». Ha criticado que la norma aumenta la dificultad para tramitar el planeamiento por la complejidad de su redacción y la dificultad de su aprobación; además ignora y pone bajo vigilancia a los ayuntamientos y a los funcionarios; dificulta la reordenación del territorio urbano; impide a los ayuntamientos aprobar y desarrollar su planeamiento de la manera más rápida y no prevé herramientas para mejorar los municipios excepto la expropiación.

 
ANTECEDENTES

5 de abril de 2017 
 
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ACLARACIONES DE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE BALEARES
¿Qué aprendo?
• Se analiza en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Baleares
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• Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las novedades de la nueva ley del suelo de Baleares.
El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha aclarado en el pleno del Parlament que el anteproyecto de Ley de Urbanismo de Baleares no fija la parcela mínima en suelo rústico porque es una competencia de los Consells Inslars. Así lo ha señalado en respuesta de una pregunta formulada por el diputado de El Pi Proposta Per Les Illes Balears Josep Melià quien ha mostrado su preocupación ante una posible modificación de la parcela mínima establecida, ya que, según ha dicho, este tipo de informaciones "están provocando un efecto llamada" para los constructores. "Para El Pi es un tema intocable y fundamental", ha remarcado Melià en referencia a no tocar la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados para construir en rústico.
 
Pons ha insistido en que esta posibilidad no se contempla en el anteproyecto de Ley de Urbanismo, porque "en esta Comunidad las competencias en materia de ordenación territorio son de los Consells Insulars".
"Cada Isla hace su camino a partir de Plan Territorial Insular. No se hace desde una ley, porque cada Consells lo determina en función de las características de cada territorio", ha apostillado.
15 de marzo de 2017 
 
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DISCIPLINA URBANÍSTICA EN LA NUEVA LEY DEL SUELO DE BALEARES
¿Qué aprendo?
• Se analiza en la guía práctica inmoley.com del Urbanismo de Baleares.
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• Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las novedades en materia de disciplina urbanística en el nuevo urbanismo balear.
Resumen de la Jornada sobre Disciplina Urbanística en Suelo Rústico de les Illes Balears en el marco de la LOUS y su Reglamento. La disciplina urbanística es la base para vertebrar el urbanismo y preservar el territorio y el medio ambiente de las Illes Balears. Estas Jornadas han abierto un debate sobre la razón por la cual teniendo un marco jurídico, en principio estricto y suficiente, proliferan los casos de indisciplina urbanística y de incumplimiento de los planeamientos urbanísticos municipales. Unas Jornadas en las que se ha escuchado la opinión del Govern Balear, los Consells Insulars y los Ayuntamientos, así como de expertos en la materia y conocedores de la realidad de nuestras islas. El COAIB considera fundamental apostar por las actuaciones de reforma en los edificios existentes, por eso, se pretende orientar los arquitectos más noveles frente un posible encargo profesional en que tendrá que asumir un delicado análisis sobre la situación urbanística del mismo, a los efectos de asegurar la viabilidad del encargo con la suficiente garantía jurídica, básicamente, aprender a distinguir entre las situaciones legales de fuera de ordenación y de inadecuación con el planeamiento vigente, a los efectos de determinar la viabilidad urbanística de las posibles actuaciones. 
 
La decana del Colegio de Arquitectos de Baleares apuesta por la sensibilización en el respeto al entorno en la Jornada organizada para debatir sobre Disciplina Urbanística en Suelo Rústico
 
La decana del Col•legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), Marta Vall•Llossera, ha apostado hoy por la prevención, la educación en valores, y la sensibilización de una actitud de respeto hacia el paisaje y el entorno como ejes de la disciplina urbanística.
Con estas palabras, la decana ha inaugurado, en la sede colegial, la "Jornada sobre Disciplina Urbanística en Suelo Rústico de les Illes Balears en el marco de la LOUS y su Reglamento" con la asistencia de 200 personas, incluidos los arquitectos de las Demarcaciones de Menorca e Eivissa que siguen las ponencias por retransmisión.
La jornada de debate está organizada por el COAIB y la Agrupación Balear de Técnicos Urbanistas (ABTU) con la colaboración de los Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, la Dirección General de Ordenación del Territorio del Govern y la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB).
“La disciplina urbanística comienza antes de la inspección y sanción, en la prevención. Es importante asegurar el cumplimiento de la Ley para mantener su función disuasoria porque están en juego nuestro territorio, nuestro paisaje y medio ambiente, además de nuestra identidad y cultura”, ha asegurado Vall•Llossera.
La decana también ha destacado la importancia de concienciar a todos los agentes implicados (promotores, constructores, profesionales, funcionarios y políticos) para encontrar una solución a la problemática, apelando a la responsabilidad y comportamiento ético de todos.
 “Queremos insistir una vez más en la necesidad de consenso. Hace falta una ley territorial y urbanística consensuada y estable con unos contenidos básicos y comunes sin prejuicio de las particularidades de cada isla” ha dicho.
El COAIB, según ha explicado la decana, también cree que para actuar de manera preventiva se deben mejorar los procedimientos administrativos y la actuación de la administración. En este sentido, el Colegio de Arquitectos ha propuesto el acceso telemático de toda información urbanística y la recomendación de elaborar textos refundidos del planeamiento para garantizar la máxima transparencia.
Por su parte, la presidenta de ABTU, Blanca Capellá, ha señalado que con esta jornada “hemos pretendido conocer si las leyes que tenemos en disciplina urbanística son suficientes o no para proteger nuestro territorio, qué deficiencias encontramos ahora en las leyes aplicables, si tienen que ser subsanadas o no y cuáles son los problemas que nos encontramos a la hora de tramitar un expediente de infracción urbanística”.
El director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Luis Corral, ha insistido en la necesidad de “alejar al responsable de la disciplina urbanística del infractor para garantizar el cumplimiento de la ley”.
En este mismo sentido se ha pronunciado Miquel Santandreu, de Servicios Jurídicos de la FELIB, al constatar “las dificultades de los políticos municipales en ámbitos locales pequeños a la hora de actuar contra el infractor dado los lazos de amistad o familiares que existen en muchos casos”.
Bartomeu Tugores, director de la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca, ha manifestado que “la disciplina urbanística debe estar dirigida por una administración dispuesta a llegar hasta el final bien con multas coercitivas o con demoliciones”.
Por su parte, el secretario del Ajuntament de Ferreries, Miguel Angel Cardona, ha comentado que "está muy bien la regularización pero lo que se necesita es voluntad política con el cumplimiento de la ley".
ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE BALEARES
Destaca el anteproyecto de la nueva ley de urbanismo que sancionará y exigirá responsabilidad a los cargos públicos que permitan de forma continuada indisciplina urbanística -por ejemplo, si dejan caducar expedientes, dejan de sancionar una infracción, de ejecutar una demolición o no aplican una sentencia- y que también dejará sin efecto la amnistía a viviendas ilegales en suelo rústico.
Además, el anteproyecto introduce medidas de lucha contra la especulación -por ejemplo, con medidas correctoras que impidan plusvalías exageradas-, dará más competencias a las agencias de disciplina urbanística de los Consells Insulars, prohíbe los convenios de planeamientos urbanísticos -alegando que son fuente de conflicto y han dado lugar a indemnizaciones importantes- y crea una junta de expropiación autonómica.
El anteproyecto, en el que han participado más de 60 profesionales de distintos ámbitos durante ocho meses de trabajo, ahora iniciará la exposición pública y negociación con los grupos parlamentarios.
SUELO RÚSTICO
La ley incorpora tanto el régimen urbanístico de suelo rústico como aspectos de planeamiento y gestión relativos al mismo, sin incorporar los aspectos de detalle reglamentarios incluidos en la legislación urbanística sectorial.
Una importante novedad es que se elimina la posibilidad de asentamientos en medio rural como vía de reclasificación de las urbanizaciones ilegales y también deja sin efecto cualquier amnistía de las viviendas ilegales en este tipo de suelo.
Además, se da competencias a los Consells Insulars y a sus oficinas de disciplina para actuar en suelos especialmente protegidos (ANEI, ARIP, APT costeras).
LUCHAR CONTRA LA ESPECULACIÓN
El anteproyecto prevé como medidas para luchar contra la especulación que las plusvalías generadas por cambios de clasificación, calificación o rentabilidad de usos que resulten superiores a un "beneficio razonable" deberán repercutir en la administración.
Por otra parte, se prohíben los convenios de planeamiento urbanístico, ya que según el conseller "han sido fuente de conflictos" y "muchas veces han derivado en indemnizaciones copiosas" para los ayuntamientos.
Como novedad, se crea una junta de expropiación autonómica, integrada por profesionales.
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Se fijan dos procesos de disciplina urbanística: el sancionador y el de restablecimiento de la legalidad -y de la realidad física alterada.
El procedimiento sancionador recoge sanciones económicas por actuaciones ilegales: por obras e instalaciones ilegales en suelo urbano o urbanizable, multas entre el 50% y el 100% del valor de la obra, dependiendo de si el uso es permitido o no, y en suelo rústico, entre el 150% y el 300% del valor si es uso autorizado y 300% si es un uso prohibido.
En el proceso de restablecimiento y ejecución de demoliciones, se fijan responsabilidades para las autoridades y cargos públicos que con conocimiento de causa y teniendo posibilidad de impedirlo, permitan la indisciplina urbanística.
Además, en las construcciones ilegales ya prescritas no se podrá autorizar ninguna actuación, ni tan siquiera de mantenimiento.
Se simplifican las ejecuciones de órdenes de demolición, que quedan exentas de licencia urbanística previa (se presenta el proyecto y si el ayuntamiento no responde en un plazo de un mes se inicia el plazo para ejecutar) y se prevén multas coercitivas continuadas del 10% del valor de la obra ilegal que se van repitiendo cada mes (hasta un año).
Finalmente, el plazo para la ejecución subsidiaria por parte de la administración se amplia a 15 años.
TRAMITACIÓN MÁS ÁGIL
El planeamiento urbanístico tradicional se divide en dos figuras: el plan general, que regula los aspectos más estructurales -aunque limitando su contenido a la escala macro, infraestructuras y dotaciones generales y usos globales- y una nueva figura, el plan de ordenación detallado, con las determinaciones de ordenación de carácter más flexible -forma urbana, tipologías o usos detallados, por ejemplo.
Asimismo, los municipios superiores a 10.000 habitantes podrán aprobar estos planes de ordenación. El plazo de aprobación de los planes generales -marcarán únicamente líneas estructurales- no debe ser superior a tres años y el Consell informará en el momento de la aprobación inicial. Se prevé una transición de un modelo al otro.
SOSTENIBILIDAD URBANÍSTICA
El anteproyecto plantea la reutilización del suelo urbano para evitar nuevo consumo de territorio, a través de medidas edificatorias como la rehabilitación, medidas de puesta en el mercado de suelo urbano vacante, ante las demandas de nuevo suelo, y medidas de renovación y regeneración de tejido urbano.
Además, todas las actuaciones urbanísticas deberán supeditarse a un control económico: una memoria de viabilidad en el caso de particulares y un informe de sostenibilidad económica para administraciones como garantía de que una actuación determinada no lastrará el futuro de las cuentas de las haciendas locales.
PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Mañana 
De 9.00 a 9.15, Inauguración a cargo de Ilma. Sra. Dña. Marta Vall-llossera Ferrán, decana del Col•legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears y de Sra. Dña. Blanca Capellá Gimeno, presidenta de la Agrupación Balear de Técnicos Urbanistas. 
De 9.15 a 11.00, Visión general de la situación actual en la Administración Pública en sus niveles autonómico, insular y municipal. 
Ponentes, 
- Ilmo. Sr. D. Luis Corral Juan, director general de Ordenación del Territorio del Govern 
de les Illes Balears. 
- Sr. Bartomeu Tugores Truyol, director gerente de l'Agència de Disciplina Urbanística del 
Consell de Mallorca. 
- Ilmo. Sr. David López Martí, director Insular de Territori. Consell Insular d’Eivissa. 
- Consell Insular de Formentera. Confirmada participación. Pendiente ponente. 
- Sr. D. Miguel Ángel Cardona Doyle, abogado y Secretario del Ayuntamiento de Ferreries. 
- Sr. Miquel Santandreu Bestard. Servicios jurídicos FELIB. 
De 11.00 a 11.45, Infracciones y sanciones urbanísticas, clases, personas responsables y prescripción, a cargo de Sr. D. Josep Melià Ques, Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar y Abogado Urbanista. 
De 11.45 a 12.15, Pausa-café 
De 12.15 a 13.00, Régimen competencial. El procedimiento de ejecución subsidiaria de las órdenes de restablecimiento de la realidad física alterada a cargo de Sr. D. Matias Morey Ripoll, jefe de Servicio de la Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca. 
De 13.00 a 13.45, Valoraciones de infracciones urbanísticas, a cargo de Sr. D. Gregorio de 
Vicente Cuadrado, arquitecto. 
Tarde 
De 16.30 a 17.15, El procedimiento de restablecimiento de la legalidad y de la realidad física alterada, suspensión de obras y usos, licencias de legalización y demolición, multas coercitivas y prescripción, a cargo de Sr. D. Bartomeu Tugores Truyol, director gerente de la Agencia de 
Defensa del Territorio del Consell de Mallorca. 
De 17.15 a 19.00 h, Mesa redonda con todos los intervinientes. Turno de preguntas del público y debate sobre las ponencias tratadas. Moderadora, Sra. Dña. Blanca Capellá Gimeno.  
 

ANTECEDENTES
11 de enero de 2016 
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LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE BALEARES  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Baleares. El Govern aprobará en una reunión extraordinaria la modificación parcial de al menos tres leyes aprobadas por el PP la pasada legislatura y que afectaban al territorio, la agricultura y el turismo. Son la Ley del Suelo, la Ley Agraria y la Ley Turística. Una de las principales modificaciones es la supresión de los artículos de la Ley del Suelo que permitían la legalización de miles de viviendas que existen en el suelo rústico de las Islas, más de 15.000 sólo en Mallorca. La edificación masiva de viviendas en suelo rústico se inició en la década de los 80 y experimentó un repunte a finales de los 90 cuando se anunció que la parcela mínima para construir pasaría de 7.000 a 14.000 metros cuadrados. Estas viviendas son ilegalizables, lo que impide que el propietario pueda reformarlas, hipotecarlas, venderlas o incluso hacer obras obligatorias como la instalación de una fosa séptica. La Administración nunca ha tenido una solución para la mayoría de estas viviendas puesto que una vez transcurridos 8 años sin que hayan sido denunciadas ya no se puede ordenar su derribo. La única salida la ofrecía la Ley del Suelo al contemplar un proceso de legalización mediante el abono de todas las licencias que se dejaron de pagar así como de una sanción. Ahora, esta posibilidad desaparecerá con la nueva normativa que están perfilando el PSIB, Més y Podemos y las miles de viviendas ilegales permanecerán tal y como están, sin posibilidad de legalizarse ni de derribarse.  
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Se consideraba suelo urbanizado aquel terreno que tuviera al menos algún servicio, como conducción de aguas o de electricidad. Ahora esta posibilidad desaparece y las urbanizaciones que no tengan todos los servicios quedan como ilegales. 
Las parcelaciones ilegales lo tendrán más complicado para legalizarse. Bauzá permitía la legalización de núcleos rurales, sin especificar que debían tratarse de núcleos tradicionales y legales. Ahora se recupera este matiz. 
El Govern prevé quitar las excepciones que permiten urbanizar construcciones agrarias en suelo rústico aunque la parcela no llegue a los 14.000 metros cuadrados. 
En Eivissa dejarán de poder construirse viviendas unifamiliares en las Áreas Naturales de Especial Interés en parcelas superiores a 50.000 metros. Las ANEI serán inedificables como en Mallorca y en Menorca. 
TURISMO Y HOTELES 
Respecto a los hoteles, a falta de un acuerdo definitivo, la idea es modificar la ley y prohibir la ampliación de hoteles en dos alturas. Se permitirán ampliaciones en horizontal de forma restrictiva. La altura sólo podrá aumentarse si se hacen reformas para instalar ascensores o para adaptar medidas de eficiencia energética. 
La Ley de Turismo permite reconvertir hoteles en edificios de viviendas. En las zonas turísticas esta posibilidad ya no existirá. En otras zonas, dependerá de lo que digan las normas urbanísticas del municipio. 
La nueva normativa que prepara el Govern establece que las nuevas edificaciones turísticas en suelo rústico sólo podrán hacerse mediante una declaración de interés general. Este requisito había sido eliminado en parte por la Ley Turística al permitir edificaciones consideradas singulares por su valor arquitectónico o turístico. Igualmente, las ampliaciones de establecimientos turísticos ubicados en suelo protegido requerirán de un informe de evaluación de impacto ambiental. 
Se suprimen las disposiciones que abrían la puerta a la posibilidad de crear campos de golf o de polo en suelo rústico. 


 
 
 
 
 

 

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