Artículo 104

La ponencia de la Ley del Suelo también ha aprobado el artículo 104 sin aceptar la enmienda de Podemos que especificaba que para la aprobación de los planes insulares se necesitara informes sobre criterios de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático por parte de la nueva Cotmac.

Según Arnáiz, "este apartado determina que la Administración autonómica emitirá un informe único, preceptivo y vinculante sobre las competencias que pudieran resultar afectadas por el plan, a través del órgano colegiado al que se refiere el artículo 13.5 de esta ley". No se hace referencia, asegura, a esos criterios sostenibles, que "no harán falta para sacar adelante ningún plan insular".

Esta ley, continúa, cede a los cabildos la competencia para formular los instrumentos de los espacios naturales y aprobarlos, cuando Podemos entiende que debe tenerlas el Gobierno de Canarias, al tratarse de una red canaria de espacios naturales protegidos, tal como existe a nivel estatal la red de parques nacionales.

Podemos considera que el Gobierno "renuncia a sus competencias y al control de un patrimonio que pertenece a todo el pueblo canario y que debería estar custodiado por la administración común".

La diputada también considera que la Ley del Suelo "desintegra" la red de Espacios Naturales y la Red Natura 2000, al ceder sus competencias para la formulación, aprobación y evaluación ambiental a los cabildos insulares, ya que la nueva normativa establece que serán ellos los encargados de hacerlo, y deja al Gobierno de Canarias la función de realizar "un mero informe preceptivo pero no vinculante".

En relación a los asentamientos agrícolas y rurales, Arnáiz explica que desde Podemos no se está de acuerdo con que los municipios emitan un informe favorable con respecto a la normativa urbanística aplicable dentro de los espacios naturales protegidos porque entienden que esta ley "no debe ni puede alterar la competencia de los planes y normas de dichos espacios para ordenarlos". "La normativa urbanística debe estar supeditada a la ordenación ambiental para la protección de los valores naturales o culturales", afirmó.

Por otro lado, desde Podemos entienden que todos los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos deben someterse a la evaluación ambiental estratégica.

LA PONENCIA

El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, reconoció las «diferencias de contenido» surgidas ayer en la reunión, y la ponente del Partido Socialista Canario, Nayra Alemán, lamentó que «no podemos meter ya casi nada» en alusión a las enmiendas no sólo de su partido, sino de Nueva Canarias y Podemos.

La diputada socialista, Nayra Alemán, explicó que, «una vez que Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han rechazado que el órgano encargado de la evaluación ambiental tenga plenas competencias autonómicas , todo lo demás referido a que la Comunidad Autónoma mantenga el control sobre la ordenación territorial, decae».

De este modo justificó la ponente del Partido Socialista Canario (PSC) por qué ayer su grupo no pudo salir de la ponencia que estudia el Proyecto de Ley del Suelo con las enmiendas aceptadas. «Casi no pudimos meter nada», aseguró haciéndolo extensivo a las propuestas de Podemos y Nueva Canarias (NC).

El desánimo de Alemán encontró su reflejo en la constatación manifestada por el ponente del grupo Nacionalista. José Miguel Ruano admitió que «ha habido diferencias de contenido».

El también portavoz de CC dijo que las enmiendas planteadas por el PSC y, en mayor medida, por Podemos y NC «pretenden ir más allá de los principios de contención y simplificación que se establecen en el proyecto de ley».

En concreto, «NC y Podemos tratan de imponer a los ayuntamientos previsiones absolutamente innecesarias y, en cuanto a la planificación de los espacios naturales en vez de hacerla los cabildos, quieren que sea la Comunidad Autónoma, reproduciendo un modelo que ha fracasado».

También rechazaron nacionalistas, conservadores y el grupo Mixto que el informe de legalidad que haga la Comunidad Autónoma sea vinculante, «como si tuvieran que ser tutelados los cabildos y ayuntamientos», comentó Ruano. «Incluso el PSC reconoce que ya el proyecto de ley supone un avance respecto del anteproyecto», añadió.

La ponente socialista afirmó que «el modelo monofásico que defienden CC, PP y el grupo Mixto se va imponiendo». Aseguró además que «el PP va retirando las enmiendas que podrían forzar a CC a ceder por no tener mayoría».

Sin embargo, el ponente conservador, Miguel Jorge lo negó. «En la ponencia, se aprobaron varias enmiendas transaccionales a propuesta mía como la referida al informe de legalidad».

Según el Grupo parlamentario Nacionalista Canario en nota de prensa, Ruano explicó que ha habido diferencias de contenido entre los grupos en la reunión de la mañana, que se sustentan básicamente en que la simplificación de este proyecto de Ley tiene que ser real. Hay que tener en cuenta que la simplificación se hace estableciendo, en primer lugar, el principio de contención; y en segundo lugar, no estableciendo tutela de una Administración sobre otra, sino colaboración institucional para mayor seguridad jurídica.

El principio de contención se refiere a que los planes insulares tienen que contener todo lo que se refiere a la Isla, los planes generales lo que se refiere a los municipios y la planificación de los espacios naturales lo propio de los espacios naturales, incluida la ordenación previa de los recursos naturales

Las enmiendas propuestas por Nueva Canarias y Podemos “pretendían ir más allá en la regulación de un plan insular, imponiéndole a los municipios previsiones absolutamente innecesarias. Y, desde el punto de vista de la planificación de los espacios naturales, proponían que en lugar de hacerlo en los Cabildos, como está en el Proyecto de Ley, lo hiciera el Gobierno, reproduciendo un modelo que hasta el momento no ha dado resultado puesto que la planificación no se ha hecho”, explicó el portavoz.

“Creemos que tenemos que seguir adelante con los principios que inspiran esta Ley para facilitar las cosas que son posibles en el suelo urbano y urbanizable, y que allí donde no se puedan hacer, en los espacios naturales protegidos y los suelos rústicos de protección agraria, no se hagan: el territorio protegido seguirá protegidos”, puntualizó.

Por otra parte José Miguel Ruano insistió en que los informes del futuro órgano ambiental van a seguir siendo igual de vinculantes que ahora, “otra cosa es que Nueva Canarias y Podemos piden, además, un informe de legalidad con carácter vinculante sobre el planeamiento por parte del gobierno, otorgándole una función de tutela sobre Cabildos y ayuntamientos que no le corresponde”.

El planteamiento del Proyecto de Ley, dando un paso más a lo establecido por el Anteproyecto de Ley es que “el Gobierno por lealtad institucional y seguridad jurídica pueda hacer un informe jurídico sobre aspectos que no sean los propios de las competencias del Gobierno, y con eso ayuda a los Cabildos y Ayuntamientos a hacer modificaciones, pero no porque vincule, porque el Gobierno no tiene superioridad desde el punto de vista normativo para imponer su criterio jurídico”, aclaró.

LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

Ruano explicó que la Ley tienen la misma legitimidad democrática aprobada por 31 votos o por 60, “pero nosotros seguimos con el dialogo abierto y todas y cada una de las enmiendas se estudian”. Eso supondrá que en algunos artículos “vamos a tener los 33 votos, en otros 48 y en otros, hasta la unanimidad”, concluyó.

NC rechaza la "tesis disgregadora" para que los cabildos pierdan competencias en materia turística y residencial

Por su parte, Nueva Canarias (NC) ha rechazado en esta misma jornada las tesis "disgregadoras", impuestas por CC, el PP y la ASG en la ponencia del Proyecto de Ley (PL) del Suelo de Canarias, para que los cabildos pierdan competencias en materia turística y residencial. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, también mantuvo, en la línea del Consejo Consultivo de Canarias y el informe de los Servicios Jurídicos gubernamentales, que el Gobierno de Canarias haga el informe sobre la legalidad de los planes insulares.

La reunión de la ponencia, según manifiesta en un comunicado de NC Román Rodríguez, "ha consolidado la pérdida" de competencias de los cabildos en materia turística y residencial. El grupo del Gobierno de CC, con el apoyo del PP y la ASG, "han impuesto" el artículo 101.1 del proyecto de ley, con lo que se permite a los ayuntamientos establecer nuevas zonas del territorio para usos turísticos y residenciales "con independencia de lo que fije" el plan insular.

El citado artículo se refiere a las determinaciones sobre el uso turístico y, en su punto primero dice que los "planes insulares de ordenación podrán establecer zonas del territorio, que, por sus características, deban ser reservadas con carácter preferente para la actividad y usos turísticos. Esta zonificación no impedirá la realización del uso turístico fuera de esas zonas; de igual modo, esta determinación tampoco impedirá el uso residencial preexistente en esas zonas, debiendo establecerse por el instrumento territorial o urbanístico que las ordene las condiciones de compatibilidad".

Nueva Canarias, alienada con las alegaciones de los cabildos de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, cuestiona que los planes insulares se queden como "meros instrumentos de planificación" de las carreteras, los corredores eléctricos y las grandes infraestructuras. El proyecto de ley del Ejecutivo de CC "ya rompía el proyecto común de Canarias y ahora el bloque conservador en el Parlamento debilita las competencias de los cabildos insulares en dos áreas de crecimiento sustanciales", denunció Rodríguez.

El segundo elemento crítico abordado por la ponencia, para este portavoz nacionalista, se concretó en el "rechazo" de los tres grupos conservadores antes mencionados a las tesis del Consejo Consultivo de Canarias (CCC) y al infirme de los Servicios Jurídicos gubernamentales, traducidos en una enmienda transaccional de NC al artículo 104.4 sobre la elaboración y aprobación de los planes insulares.

"Nosotros, como el Consultivo y los Servicios Jurídicos, defendemos", precisó Román Rodríguez, que la Administración autonómica, el Gobierno de Canarias, "emita un informe único, preceptivo y vinculante sobre la legalidad" del plan insular. Además, los planes de los cabildos que se aprueben "apartándose" de este informe de legalidad, para NC, deben ser nulos de pleno derecho.

 
ANTECEDENTES

15 de marzo de 2017 
 
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LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS CONCLUYE SUY TRÁMITE PARLAMENTARIO 
¿Qué aprendo?
• Se analiza en la guía práctica inmoley.com del Urbanismo de Canarias.
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• Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las novedades de la futura ley del suelo de Canarias.
La Ley del Suelo de Canarias ya está en su última fase parlamentaria. Esta nueva ley del suelo de Canarias supone una reforma completa sobre la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística, pero no cambia la regulación de los espacios protegidos del Archipiélago. Se pretende la clarificación de la normativa y la agilización de los proyectos viables, la racionalización mediante una reordenación de las reglas y de los instrumentos de intervención sobre el suelo, evitando duplicidades e incoherencias, eliminando la dispersión normativa y actuando sobre los excesos regulatorios, y por último la actualización de la normativa que regula la protección, la ordenación y el uso del suelo de las islas, para que responda a necesidades actuales, como, por ejemplo, la renovación de la ciudad consolidada.

La nueva Ley apuesta decididamente por el sector primario de Canarias, lo que ha desembocado en el apoyo mayoritario de agricultores y ganaderos. Permite el desarrollo de actividades que hasta ahora se veían muy restringidas y permite usos complementarios que ayudarán a la renta de los agricultores.

  
ANTECEDENTES 
21 de septiembre de 2016 
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TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA NUEVA LEY DEL SUELO  DE CANARIAS  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias. El parlamento de Canarias comienza con la tramitación del proyecto de Ley del Suelo de Canarias a pesar de que quedan 35 municipios canarios que aún no han iniciado su adaptación a la Ley del Territorio del año 2000; otros 26 llevan 16 años intentando aprobar su planeamiento; 7 planes han sido anulados por los tribunales. El Anteproyecto de la Ley fue sometido información pública, con un intenso proceso de participación. Pero, además, hasta llegar ahí, fue también debatido con todas las instituciones implicadas -cabildos y ayuntamientos-, así como con la totalidad de sectores profesionales, sociales y económicos que tienen relación con la ordenación del territorio en Canarias. En ese sentido, esta ley nace del trabajo y la aportación de todos y siendo un ejemplo de diálogo y transparencia.  
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La Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias inaugurará el próximo viernes la tramitación parlamentaria de la Ley del Suelo. 
El Gobierno, que aprobó el proyecto de ley el 8 de agosto, presentará el proyecto de ley a los presidentes de los cabildos insulares en la sesión de la comisión, quienes expondrán su posición sobre el texto en una sesión en la que también intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios para dar su opinión. 
Tras ese trámite preceptivo se abrirá el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad, que en principio es de quince días pero que puede ser ampliable en el caso de que algún grupo lo solicite y así lo acuerde la Junta de Portavoces, según explicó hoy la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. 
Una vez debatidas las enmiendas a la totalidad y en caso de que sean rechazadas por el pleno del Parlamento, el proyecto de ley seguirá su trámite en ponencia, posteriormente en comisión y finalmente se aprobará de forma definitiva en un nuevo pleno de la Cámara regional. 
Carolina Darias, que hoy presidió las reuniones de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces, dijo que aún es pronto para establecer un calendario de tramitación de la nueva Ley del Suelo. 
El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, anunció que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Suelo con el objetivo de recuperar "la unanimidad perdida" en la normativa que regula el territorio. 
El grupo nacionalista de izquierdas defenderá esta propuesta de devolución del texto legislativo con diversos argumentos "de fondo" contra el modelo desregulador del texto gubernamental, enriquecido con el dictamen del Consultivo y de sectores profesionales cualificados, señala NC en un comunicado. 
  
ANTECEDENTES 
10 de agosto de 2016  
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EN 2016 CANARIAS TENDRÁ UNA NUEVA LEY DEL SUELO  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias. El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de Ley del Suelo de Canarias a pesar de que quedan 35 municipios canarios que aún no han iniciado su adaptación a la Ley del Territorio del año 2000; otros 26 llevan 16 años intentando aprobar su planeamiento; 7 planes han sido anulados por los tribunales. El Anteproyecto de la Ley fue sometido información pública, con un intenso proceso de participación. Pero, además, hasta llegar ahí, fue también debatido con todas las instituciones implicadas -cabildos y ayuntamientos-, así como con la totalidad de sectores profesionales, sociales y económicos que tienen relación con la ordenación del territorio en Canarias. En ese sentido, esta ley nace del trabajo y la aportación de todos y siendo un ejemplo de diálogo y transparencia.  
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El texto reconoce que ordenar el suelo en Canarias no es una tarea sencilla porque sobre el suelo y el territorio confluyen legítimos intereses que pueden generar conflictos: conflictos de valores (desarrollo económico, conservación de recursos naturales); de dimensión espacial de la ordenación (archipiélago, isla, comarca, municipio); de intereses patrimoniales diferenciados (propietarios, promotores, vecinos); de regulaciones contrapuestas (propietarios de suelos ambientales y propietarios de suelos urbanizables, municipios verdes frente a municipios urbanos y turísticos); de sentido de la ordenación (plan para los ciudadanos, plan con los ciudadanos), y, entre otros, de poderes públicos, de quién gobierna el territorio (Estado, Comunidad Autónoma, Isla, Municipio).  
OBJETIVOS  
Los objetivos son tres: por un lado, la simplificación (reducir cargas y trámites cuando son excesivos e innecesarios) y clarificación de los procedimientos de las distintas administraciones públicas y sus relaciones.  
En segundo lugar, la racionalización mediante una reordenación de las reglas y de los instrumentos de intervención sobre el suelo, evitando duplicidades e incoherencias, elimnando la dispersión normativa y actuando sobre los excesos regulatorios.  
Y, en tercer lugar, la imprescindible actualización de la normativa que regula la protección, la ordenación y el uso del suelo de las islas, para que responda a necesidades actuales, como, por ejemplo, la renovación de la ciudad consolidada.  
El texto legal, sin embargo, establece ya desde el preámbulo que la fragilidad medioambiental del suelo en Canarias impone que esa labor de simplificación y racionalización sea prudente y ponderada y, en ningún caso, una "vuelta atrás sobre decisiones que por su trascendencia y consolidación en nuestra cultura territorial bien pueden calificarse de estructurales". O sea, las decisiones referidas, entre otros, a espacios naturales protegidos, a los incluidos en la Red Natura 2000, o a la prohibición de clasificar nuevo suelo con destino turístico: esas determinaciones "estructurales" permanecen intangibles e incorporadas al texto.  
EQUILIBRIO ENTRE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL  
Así, la vocación de la nueva ley del Suelo es la de englobar todas las reglas fundamentales de la ordenación del suelo y hacerlo de modo sistemático y congruente. La reforma, por tanto, es completa y se proyecta sobre la regulación de la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística.  
Además, la nueva Ley del Suelo se fundamenta en el principio de desarrollo sostenible, que persigue un punto de equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico. En este sentido, se incorporan y destacan el paisaje, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y la igualdad de género, que pueden calificarse de criterios universales. Pero, al mismo tiempo, esta Ley recoge como parámetro de sostenibilidad la necesidad de acomodar la ordenación y la intervención a los modos particulares de ocupación y uso del territorio que se dan en las islas, de forma que la regulación se acerque a la realidad insular.  
COMPARECENCIA  
El viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, que el proyecto prevé que este órgano colegiado del Gobierno de Canarias realice este informe "lo pida o no el ayuntamiento o el cabildo".  
Barragán añadió que el texto, atendiendo a las observaciones del Consejo Consultivo, establece que cuando la Comunidad Autónoma detecte alguna ilegalidad la pondrá en conocimiento del Cabildo o el ayuntamiento.  
El viceconsejero detalló que el control de legalidad la lleva a cabo el Estado previamente y la Comunidad Autónoma posteriormente, mientras que el informe de legalidad lo puede emitir cualquier ayuntamiento o cabildo.
Barragán afirmó que seguirá existiendo un órgano colegiado en la Comunidad Autónoma -que "puede" que se siga llamando Cotmac-, que emitirá un informe preceptivo y vinculante único que se remitirá a las corporaciones municipales e insulares.  
En este informe se recogerían todas las competencias de la Comunidad Autónoma, precisó Barragán, quien destacó que se han añadido "prácticamente todas" las observaciones de legalidad sugeridas por el Consejo Consultivo.  
Conforme al acuerdo de gobernabilidad suscrito con el PSOE, el viceconsejero precisó que los grupos parlamentarios socialista y nacionalista están obligados a consensuar las posibles enmiendas a todos los proyectos de ley, incluido el del Suelo.  
Además, hizo hincapié en que este es un paso más del procedimiento y que no se debe de dar la impresión de que la aprobación del proyecto de ley ha finalizado ya. "Ahora es cuando se abre realmente el debate", aseveró el viceconsejero, quien recordó que incluso las leyes aprobadas por unanimidad en el Consejo de Gobierno han sufrido modificaciones en el debate parlamentario.  
Según Barragán, no es necesario reunir una mesa de seguimiento del pacto por la ley del suelo, sobre todo, resaltó, porque ha sido aprobado por ambas fuerzas políticos y se han modificado "muchas cosas" por sugerencia del PSOE.  
El proyecto de ley también prevé que si hay alguna corporación local que requiriera algún informe de legalidad lo puede solicitar al Ejecutivo.  
En este sentido, José Miguel Barragán comentó que el Gobierno analizará los actos llevados a cabo por las administraciones locales y si considera que hay alguna observación de ilegalidad, la podrá en conocimiento del servicio jurídico de la Comunidad Autónoma.  
El texto incluye una reforma completa sobre la propiedad urbana, la ordenación por planes y la regulación de la intervención pública sobre los usos del suelo.  
Barragán defendió, frente a las críticas recibidas, el "ejemplo de diálogo y transparencia" que, a su juicio, representa esta ley.  
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, argumenta que los consejeros socialistas han respaldado el proyecto de Ley del Suelo porque han "conseguido incorporar al documento las mejoras más demandadas". En un comunicado, la también consejera de Empleo y Políticas Sociales recordó que en el Parlamento regional se podrá "establecer un diálogo abierto con los grupos parlamentarios para perfilar aquellos aspectos que lo requieran con la intención de debatir y, en su caso, mejorar el proyecto de ley con sus aportaciones". "Ni el PSOE ni CC estamos aprobando definitivamente la ley, estamos tramitándola. Este es un paso más en el camino del consenso y dialogo que nos hemos marcado en la agenda", puntualizó. A juicio de la vicepresidenta, "del texto original al que hoy -por ayer- se tramita hay cambios sustanciales que avanzan en la seguridad jurídica y en la protección del territorio y habrá más cambios en esa línea en el Parlamento". Hernández destacó que "esta no es una ley para que quien quiera haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera y donde quiera; todo lo contrario. Es un proyecto que pretende ser sensible con la gestión del territorio y con preservar sus valores y equilibrar desarrollo y conservación ambiental". 
  
ANTECEDENTES  
4 de agosto de 2016  
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LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS AVANZA A PESAR DE LA OPOSICIÓN DE LOS ARQUITECTOS  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias. El Gobierno de Canarias espera aprobar el anteproyecto de la ley del suelo el día 8 de agosto una vez que el Consejo Consultivo ha aprobado su preceptivo dictamen sobre el proyecto de la ley del suelo, y lo hizo, además, por unanimidad. El Gobierno lo aprobará como proyecto de ley definitivamente el lunes para remitirlo de inmediato al Parlamento que, aunque de vacaciones, lo recibirá a través del registro y será ya en septiembre cuando iniciará su andadura parlamentaria. La ley del suelo llega al Parlamento con el informe del Consultivo pero no el del Consejo Económico y Social (CES) que por falta del quórum adecuado no ha realizado su dictamen sobre la norma. Una vez que el texto entre en la Cámara la intención del Ejecutivo es acelerar los trámites para que pueda aprobarse a final de año, si bien tanto los grupos de la oposición no quieren prisas a la hora de estudiar y debatir las enmiendas al articulado de la nueva norma.  
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LOS ARQUITECTOS EN CONTRA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL SUELO DE CANARIAS  
El Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias ha emitido un informe señalando las carencias de una ley que ven imprecisa, injusta y confusa  
Los arquitectos lamentan la ausencia de participación ciudadana durante los procesos de redacción de documentos y la falta de un trabajo previo que abordar la planificación urbana y territorial  
En el informe se reconocen mejoras con respecto a la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, aprobada por el anterior Gobierno de Paulino Rivero, y creen que la ley de Clavijo supone "un avance al impulsar la simplificación, clarificación y sistematización del complicado marco legal vigente".  
Señalan que el procedimiento no ha sido adecuado ya que le falta un trabajo previo "que abordara en toda su amplitud los múltiples aspectos de la planificación urbana y territorial que se han de tener en cuenta hoy en día; y lo que se pretende como diagnóstico en el Preámbulo del texto legal propuesto, resulta ser excesivamente simple y banal, atendiendo aspectos básicamente instrumentales o coyunturales". Así, apuntan que la solución al problema de la paralización de la planificación urbanística "es de naturaleza compleja y de profundas raíces en sus causas" por lo que se requiere de un marco coordinado de soluciones.  
Entiende la Ley como la renuncia a la recuperación de la ciencia urbanística como disciplina, en el que el derecho urbanístico aparece como un fin en sí mismo, y en consecuencia olvidando que no es más que un instrumento más de los muchos que se han de utilizar. "El nuevo texto del Proyecto hace explícita la necesidad del “reconocimiento de la realidad” como uno de sus fundamentos; carece de un objetivo fundamental para el urbanismo: definir con claridad hacia dónde queremos ir en nuestra Comunidad desde el punto de vista de la ordenación de los recursos territoriales con los que contamos, y el de los usos que se han de implantar sobre él. Sin embargo el Proyecto propuesto supone un importante cambio de modelo en el modo de entender la armonización territorial a nivel regional de Canarias, apostando por instrumentos descentralizadores que renuncian a la imprescindible visión regional".  
Critican que el Proyecto de Ley sea impreciso en el uso y significado de términos "de especial relevancia" como Sistema General, Equipamiento, Dotación, Suelo Urbano, Ámbito, Sector.... "En similar sentido es excesiva la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, sin duda fuente de litigios en los tribunales y origen de muchas confusiones de carácter conceptual", ratifican.  
Agregan que el Proyecto es de carácter " excesivamente reglamentista y desequilibrado, remitiéndose a su vez a gran número de desarrollos legislativos sectoriales, en la mayoría de los casos sin criterios claros, renunciando a establecer los necesarios puentes entre la Ordenación Territorial y Urbanística y las Leyes Sectoriales".  
Los arquitectos defienden la labor de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (COTMAC) ya que con su supresión no se conseguirá agilizar plazos. "En realidad el cuestionamiento de este importante instrumento técnico y político a la hora de establecer criterios tiene su origen en un incorrecto diagnóstico de la situación actual, confundiendo los medios con los fines. Lo que el Proyecto hace en realidad es trasladar el problema a otra escala y aumentar aún más si cabe las posibilidades de generar disfunciones y conflictos, sobre todo de naturaleza política y judicial". De hecho opinan que el nuevo Proyecto "parece campo abonado para ejercer una amplia discrecionalidad política, con la posibilidad de encajar proyectos no previstos en el planeamiento si se declaran de interés insular o autonómico, sin quedar explícita la definición y requisitos del “Interés General” que los justifique dentro de un Modelo integrado, a medio o largo plazo".  
Aparte, señalan que no estamos ante una Ley "equitativa ni tampoco justa" porque se valora el derecho del propietario de suelo rústico de protección ambiental a ser compensado: principio de “compensar por conservar”. "Esta compensación se carga en exclusiva a los propietarios del suelo urbanizable ordenado y del suelo urbano no consolidado, además del incluido en actuaciones de dotación, y por tanto no se distribuye por igual entre todos los beneficiarios", entienden desde el COiAC. En cuanto al reforzamiento de los núcleos rurales como elementos articulador del territorio, indican que se debió proponer una mera labor de reconocimiento de lo existente, desincentivando mayores crecimientos excepto para colmatar lo realmente posible. "Estos nuevos desarrollos inducidos por las nuevas delimitaciones de núcleos rurales será de consecuencias negativas imprevisibles desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, social, económica y administrativa y desde luego contradiciendo los principios compartidos en la cultura urbanística actual de procurar mayor compacidad edificatoria, complejidad de usos y cohesión social".  
En cuanto a la  rehabilitación, regeneración y renovación de los tejidos urbanos, estiman que estas deben marcarse como objetivos la descongestión de las áreas urbanas con exceso de densidad edificatoria, el establecimiento de nuevas vías destinadas a mejorar el sistema de accesibilidad, la aportación de nuevas dotaciones urbanísticas, espacios libres y equipamientos, la mejora de las infraestructuras y los elementos constructivos del espacio público e incrementar la calidad de la ciudad consolidada mediante la revisión de sus elementos estéticos y de ornato.  
Respecto al suelo urbanizable, en general califican la propuesta de adecuada, pero ven injustificado que los estándares urbanísticos se mantengan inalterados, sobre todo teniendo en cuenta que este punto es uno de los asuntos que plantea innumerables problemas de aplicación práctica. "Se transmiten los mismos planteamientos e indicadores de revisión sin ni siquiera realizar un diagnóstico sobre sus efectos, y menos aún de justificación de los parámetros utilizados, que como mínimo deberían ser diferentes en función de las características, necesidades y posibilidades reales de desarrollo de los ámbitos de aplicación". Por ello recomiendan "su revisión en profundidad".  
Critican el uso de cuestiones como el Paisaje porque ven que el Anteproyecto de Ley lo trata en realidad "de un mero  enunciado sin contenido, sin definición concreta y excesivamente condicionado por la utilización de conceptos subjetivos de difícil interpretación necesariamente discrecional y aún más complicada aplicación operativa".  
Mientras, sobre el hecho de que los ayuntamientos sean los que tramiten y aprueben definitivamente los diferentes PGO, ven este punto polémico por los posibles problemas que plantean los distintos escenarios posibles, en función de las características de cada consistorio, su capacidad real de gestión y de toma de decisiones técnicas. Por ello abogan porque se plantee este asunto de otro modo "definiendo con mayor claridad y rigor las competencias administrativas que intervienen en cada plan". Para ello opinan que habría que redefinir con claridad el alcance y competencias de la COTMAC, las características de sus informes o la coherencia en los criterios de interpretación de los evaluadores.  
Sobre el Catálogo de Impactos, que tiene como objeto determinar aquellas huellas paisajísticas o impactos que deben corregirse con cargo al erario público, el COiAC asegura que esto generará una derivada económica "que sin duda supondrá una carga excesiva para las administraciones que tengan que asumirla, empezando por el coste que pueda tener la formulación misma de los propios Catálogos de Impacto".  
Otra de las carencias que le ven al proyecto es el desarrollo de contenidos urbanísticos sobre aspectos territoriales y urbanos relacionados con el Patrimonio Histórico, Cultural y del Paisaje. "En el articulado persisten conceptos jurídicos indeterminados que las leyes sectoriales correspondientes no solo no aclaran sino que añaden serios problemas de interpretación discrecional y de competencias, especialmente en lo que se refiere a las características morfotipológicas y constructivas del patrimonio edificado", evidencian.  
También lamentan que el Proyecto excluya "conscientemente" cualquier referencia a la actividad turística, "a pesar de la importancia que sus efectos inducidos tiene sobre el territorio en general, y sobre los suelos urbanos o urbanizables en particular", y ante esto sugieren que en los casos de particular importancia sectorial, como es en este caso, se establezcan unas condiciones básicas de aplicación desde el punto de vista del territorio, o del suelo en los términos de esta ley.  
Critican la ausencia de participación ciudadana, "en especial durante los procesos de redacción de documentos", algo que tildan de "llamativo". Y es que añaden que los canarios en realidad "desconocen los motivos que han llevado al Ejecutivo a querer modificar la actual ley con tanta urgencia, más allá del consabido mantra de la “complejidad” (más bien complicación) y excesivos plazos de tramitación del planeamiento, además de aludir a la existencia de una “maraña” legislativa. Desconocimiento que se acentúa si tenemos en cuenta que no se ha realizado un auténtico diagnóstico sobre el origen de tales disfunciones, más allá de lo expuesto sintéticamente en el Preámbulo, que a veces confunde consecuencias como si fuera la causa de los problemas".  
Por último, subrayan que es necesario que desde el Proyecto se habiliten los recursos humanos y económicos suficientes para la gestión del urbanismo y la ordenación del territorio, en función de las características propias de cada administración actuante, de modo que quede garantizada la suficiencia económica necesaria para formular y gestionar su planeamiento de forma objetiva y no discrecional, introduciendo en el texto propuesto una Ficha Económica que lo haga viable y creíble.