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9 de febrero de 2017
 
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MÁS INDEFENSIÓN PARA LAS ENTIDADES DE CONSERVACIÓN
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  • Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las precauciones de las entidades de conservación ante la negativa municipal a recepcionar la urbanización.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ha revocado la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a pronunciarse sobre la recepción de la urbanización Torremuelle para asumir su mantenimiento. Es una pésima noticia para las entidades de conservación que siguen olvidadas e indefensas ante los ayuntamientos que se acuerdan de ellas sólo para cobrar los impuestos. El ayuntamiento se opuso a asumir la carga urbanística de conservación, defendiendo que, como paso previo, las infraestructuras de la urbanización deberían encontrarse en un correcto estado de conservación y mantenimiento. El alcalde ha informado a los vecinos que, según se recoge en el Plan General, se mantiene la carga urbanística, y que como tal, el mantenimiento de la urbanización corresponde a la propia comunidad de propietarios, quien debe actuar bajo la figura de una Entidad Urbanística de Conservación.

En los artículos 153 y 154 de la LOUA se recoge que, en aquellas urbanizaciones que se rijan por Entidades Urbanísticas de Conservación o que estén constituidas en comunidades de propietarios, el mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos corresponde a los propietarios agrupados en dicha entidad urbanística hasta que el Ayuntamiento recepcione la urbanización. “Hasta ese momento, el deber de conservación corresponderá a la persona o entidad ejecutora de la urbanización, teniendo los costes correspondientes la consideración de gastos de urbanización”, recoge el mencionado artículo 153.

En el artículo 154 de la LOUA se fija como condición para que un ayuntamiento proceda a la recepción de una urbanización que las obras se encuentren “en buen estado y con arreglo a los proyectos y las prescripciones previstas”.

Y en el PGOU de 2003 se recoge explícitamente que la conservación de la urbanización Torremuelle le corresponde “a su entidad de conservación o comunidad de propietarios, como es en este caso”.

Por todo lo argumentado, desde el Ayuntamiento se plantea a la comunidad de propietarios que se proceda a realizar una inversión en infraestructuras que llevan obsoletas desde hace años como paso previo a la recepción. “Con el estado actual de las infraestructuras de la urbanización, el Ayuntamiento no tiene capacidad para ocuparse de su mantenimiento”, ha apuntado el alcalde.

La urbanización Torremuelle, construida durante la década de los setenta del siglo pasado, es una unidad privada de planeamiento cuyo mantenimiento se rige por los condicionantes de las Entidades Urbanísticas de Conservación, tal y como especifica la LOUA. Este tipo de figuras urbanísticas resulta frecuente en la Costa del Sol, donde al calor del desarrollo urbanístico se construyeron decenas de urbanizaciones privadas que hoy día aún existen, y se mantienen al margen de los servicios prestados por los Ayuntamientos.

Este tipo de urbanizaciones, además, mantiene servicios adicionales, acordados por sus vecinos y comuneros, tales como recogidas de podas, seguridad privada, jardines y piscinas comunitarias, recogida de basuras puerta a puerta, etc…

Hasta el momento, el equipo de gobierno se ha ceñido a los convenios firmados en 2009 y 2011, mediante los cuales el Ayuntamiento se hace cargo de una serie de servicios, tales como el pago de suministro eléctrico y la limpieza de las avenidas principales de la urbanización dos veces al mes. Ni la recogida de podas y escombros de la vía pública, ni el mantenimiento de infraestructuras, zonas verdes o asfaltados de calles que no sean principales, dependen de los servicios municipales en la actualidad.

Representantes municipales han mantenido recientemente un encuentro con más de 30 propietarios de esta urbanización, construida en los años setenta y regida por los condicionantes de las Entidades Urbanísticas de Conservación, para informarles de la decisión del TSJA «con la voluntad de buscar una solución satisfactoria para todos», según explicaron ayer desde el Ayuntamiento. «Queremos mantener abiertas las líneas de diálogo para llegar a un acuerdo consensuado entre todas las partes», afirma el alcalde, Víctor Navas.
 


 
 
 
 
 

 

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