ANTECEDENTES
EN ANDALUCÍA
9 de Octubre
de 2014
La Asociación
Ecologistas en Acción ha solicitado a la consejera de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano,
que retire las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras
por mantener como urbanizable el suelo de El paraje de El Algarrobico,
en el que Azata del Sol edificó el polémico hotel.
Una medida
que es, según los ecologistas, “una posibilidad recogida en la legislación
vigente y que ha sido aplicada en otros municipios por casos mucho menos
escandalosos que el del hotel El Algarrobico, incluso ya se aplicó
al municipio de Carboneras”.
Ecologistas
en Acción ha recordado que en marzo de 1997, el exalcalde Antonio
Hermosilla no llevó a cabo desarrollos urbanísticos porque
según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN,
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, era no urbanizable y protegido.
“Ante la negativa municipal a desarrollar el sector, la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería
acordó retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento
de Carboneras por su inactividad en la tramitación del expediente
de El Algarrobico”, han apuntado.
En octubre
de ese mismo año, este mismo órgano aprobó un proyecto
de urbanización de El Algarrobico “vulnerando” la legislación
vigente y “a pesar de que la actitud del Ayuntamiento de Carboneras era
legal, le fueron retiradas las competencias urbanísticas”.
Los ecologistas
dicen que en estos momentos pasa justo lo contrario, ya que es el “Ayuntamiento
de Carboneras el que se niega a adaptar el PGOU de Carboneras al PORN y
continúa clasificando El Algarrobico como urbanizable en el PGOU”.
Ecologistas
en Acción ha indicado que el Gobierno local actúa así
a pesar de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), “dispone exactamente lo contrario” por lo que la organización
ha defendido que procede una retirada de las competencias urbanísticas
para “restablecer la legalidad urbanística y adaptar el PGOU al
PORN”.
17/03/2006
La Junta
de Andalucía inició el expediente para retirar las competencias
urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella correspondientes a la potestad
de planeamiento, aunque no se le quitará la capacidad de dar licencias,
que serán impugnadas si se otorgan en la ilegalidad.
La Consejería
de Obras Públicas ha comunicado al Ayuntamiento de Marbella la orden
de inicio del expediente de retirada de competencias urbanísticas
a petición de la Dirección General de Urbanismo, la Dirección
General de Inspección de Ordenamiento y la Secretaría General
de Ordenamiento de Territorio, Urbanismo y Vivienda.
El acuerdo
del Consejo de Gobierno, según el apartado 4 del artículo
31 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
delimitará el ejercicio de dicha potestad necesario para restablecer
y garantizar las competencias afectadas, las condiciones para llevarlo
a cabo y el plazo de atribución en un periodo no superior a cinco
años desde su adopción.
CAPACIDAD
DISCIPLINARIA
La consejera
de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, señaló
en rueda de prensa que "no se le quitarán" las competencias de licencias
al Ayuntamiento de Marbella "ni la capacidad disciplinaria", ya que corresponden
exclusivamente a la autoridad local.
Añadió
que en caso de producirse una licencia ilegal contra el planeamiento vigente
por parte del consistorio marbellí, la Junta prevé el inicio
de un procedimiento judicial a través del contencioso administrativo.
Afirmó
que el inicio del expediente se debe a actuaciones del Ayuntamiento de
Marbella que han afectado "gravemente" a las competencias urbanísticas
de la Junta, así como a la "reiteración e incumplimiento"
de los autos judiciales dictados a tal efecto.
Añadió
que se han apreciado "conductas reiteradas en contra de la ordenación
urbanística que no han sido hechos aislados sino que obedecen a
un comportamiento sistemático del municipio que atenta contra la
propia competencia autonómica".
El ordenamiento
jurídico, continuó, ha establecido que sea la comunidad autónoma
la que redacte el Plan de Ordenación Urbanística de Marbella
con la intervención del ayuntamiento y sus ciudadanos, con el objetivo
de "restablecer la legalidad y el supuesto que establece la ley".
Para ello,
la Junta creará en Marbella una oficina del Plan de Marbella en
la propia ciudad para garantizar la proximidad de los ciudadanos para la
redacción del texto. Gutiérrez dijo que el objetivo de la
Junta es hacer un plan que garantice la seguridad jurídica de los
ciudadanos y las empresas para que haya "unas reglas del juego claras y
unas normas que regulen lo relativo al urbanismo".
El procedimiento
del expediente continuará en los próximos días con
la audiencia al ayuntamiento, que podrá presentar alegaciones, la
intervención del Consejo Consultivo, el Parlamento y finalmente
el Consejo de Gobierno. Concepción Gutiérrez señaló
que la situación actual en Marbella "es grave", ya que se han incumplido
todos los autos judiciales, las sentencias dictadas y no se han adoptado
las medidas cautelares ni los informes sancionadores.
