La Sala de lo Contencioso da la razón al Ejecutivo murciano, que en noviembre de 2010 dictó un decreto por el que se aprobaba el Plan de Gestión y Conservación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Almenara, Moreras y Cabo Cope, en la que estaban incluidos los terrenos de esa zona.

Además, aquella disposición acordaba derogar la orden de la Consejería de Obras Públicas de Murcia del 13 de febrero de 2006 que había declarado los terrenos como suelo urbanizable sectorizado.

Las recurrentes, Inverlur Águilas I e Inverlur Águilas II, de la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián, demandaron ante los tribunales al Gobierno de Murcia por su responsabilidad patrimonial al cambiar la normativa, lo que les impedía desarrollar el proyecto urbanístico ya promovido ante el Ayuntamiento de Águilas.

Para las empresas, se les habían generado unos perjuicios con el cambio aprobado al frustrarse las expectativas que tenían con el proyecto urbanizador, que incluía además campos de golf y una zona hotelera.

Afirma el TSJRM que en febrero de 2008 las dos sociedades citadas adquirieron la finca a Grupo Inversor Hispania y que un mes después este último presentó ante el Ayuntamiento de Águilas el plan parcial de La Zerrichera.

En abril siguiente, esa alcaldía aprobó un decreto que acordaba tramitar el plan como avance, someterlo a información pública y remitirlo al órgano autonómico competente para que se pronunciara sobre los extremos que pudieran tener incidencia medioambiental.

Una resolución municipal posterior acordó suspender la tramitación del expediente hasta que la Dirección General del Medio Natural elaborase el Plan de Gestión y Conservación de la zona y en noviembre de 2010 el Ejecutivo murciano dictaba el decreto por el que se aprobada ese documento y la finca quedaba bajo la protección de la ZEPA.

Al desestimar el recurso, el TSJRM dice que para que hubiera existido una responsabilidad patrimonial por parte de la administración regional se necesitaba "la patrimonialización o consolidación de los derechos urbanísticos por parte de las recurrentes, lo que no ha ocurrido en este caso".

Y añade que las empresas no habían consolidado los derechos urbanísticos cuando el Gobierno de Murcia tomó la decisión de derogar la orden que permitía la actuación urbanizadora.

Por otro lado, expone que "el ayuntamiento, presentado el plan parcial, acordó suspender su tramitación, sin que esa resolución hubiera sido impugnada en forma por las sociedades recurrentes, que tampoco reclamaron después que se levantara la misma".

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

EN DETALLE
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por dos empresas vascas que reclamaron 100 millones de euros al Gobierno regional por cambiar la normativa urbanística de forma que se les impidió desarrollar 3.000 viviendas en La Zerrichera, en Águilas. La Sala de lo Contencioso respalda así la decisión del Ejecutivo murciano, que, en noviembre de 2010, dictó un decreto por el que se aprobada el Plan de Gestión y Conservación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Almenara, Moreras y Cabo Cope, en la que estaban incluidos los terrenos de esa zona.

Además, aquella disposición también acordaba derogar la orden de la Consejería de Obras Públicas de Murcia del 13 de febrero de 2006, que había declarado los terrenos como suelo urbanizable sectorizado.

Las recurrentes, Inverlur Águilas I e Inverlur Águilas II, de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (la Kutxa), demandaron ante los tribunales al Gobierno de Murcia por su supuesta responsabilidad patrimonial al cambiar la normativa, lo que les impedía desarrollar el proyecto urbanístico ya promovido ante el Ayuntamiento de Águilas.

Según el recurso de las empresas, se les habían generado unos perjuicios con el cambio aprobado al frustrarse las expectativas que tenían con el proyecto urbanizador, que incluía además campos de golf y una zona hotelera. Afirma el TSJ que en febrero de 2008 las dos sociedades citadas adquirieron la finca a Grupo Inversor Hispania y que un mes después este último presentó ante el Ayuntamiento de Águilas el plan parcial de La Zerrichera.

En abril siguiente, esa alcaldía aprobó un decreto que acordaba tramitar el plan como avance, someterlo a información pública y remitirlo al órgano autonómico competente para que se pronunciara sobre los extremos que pudieran tener incidencia medioambiental.

Una resolución municipal posterior, según recuerda el tribunal, acordó suspender la tramitación del expediente hasta que la Dirección General del Medio Natural elaborase el Plan de Gestión y Conservación de la zona. En noviembre de 2010, el Ejecutivo murciano dictaba el decreto por el que se aprobada ese documento y la finca quedaba bajo la protección de la ZEPA.

ANTECEDENTES

La Kutxa compró los terrenos (240 hectáreas) al empresario Trinitario Casanova, promotor original del proyecto, por 128 millones de euros, de los que adelantó 55. Hace dos años, el TSJ desestimó otra demanda contra el decreto de la Comunidad Autónoma que aprobó el plan de gestión de la zona.