| La nueva Ley
del Suelo que impulsa el Gobierno de Coalición Canaria y Partido
Socialista “no tiene la visibilidad del petróleo” pero “es tan grave”
como las prospecciones para las Islas, según el director de la Fundación
César Manrique (FCM), Fernando Gómez Aguilera, en la presentación
de la plataforma ‘Por un territorio sostenible’ en Lanzarote.
Tanto Gómez
Aguilera como el ex director general de Urbanismo del Gobierno canario,
Faustino García Márquez; Antonio Pérez, de Comisiones
Obreras; y Eugenio Reyes, de Ben Magec-Ecologistas en Acción, diseccionaron
de forma crítica el contenido y las consecuencias de la Ley del
Suelo cuyo anteproyecto está a punto de iniciar su tramitación
parlamentaria.
Gómez
Aguilera adelantó que la Fundación se dirigirá a organizaciones
sociales y políticas para replicar en la Isla la plataforma que
se ha gestado a escala regional, con el objetivo de “aunar fuerzas” y decidir
“acciones” de manera inminente para frenar la Ley del Suelo, el proyecto
legislativo ‘estrella’ de los partidos que gobiernan la comunidad autónoma.
El director
de la FCM subrayó el carácter “extraordinariamente neoliberal
en el uso del suelo” que plantea la nueva legislación territorial,
marcada por una “visión desarrollista” que ahonda en un “proceso
desregulador” que tiene como finalidad “levantar los controles de legalidad”
y los “límites al crecimiento”.
Así,
destacó que la nueva Ley del Suelo reactivará la “burbuja
inmobiliaria y de la construcción”, lo que supone una “involución”
y una “irresponsabilidad de calado”. “Es el instrumento con el que se pretende
hacer saltar por los aires el sistema de gestión y control del territorio”,
que “concibe el suelo como mercancía, desprovista de cualquier valor
emocional”.
García
Márquez, con un extensa trayectoria en el departamento de Política
Territorial del Gobierno de Canarias, tachó la nueva ley de “agresión
a un pueblo” y a su “identidad”, y desgranó los aspectos más
polémicos de la futura normativa. De entrada, resaltó que
la “maraña” legal a la que aluden los partidos del Gobierno para
introducir la Ley del Suelo fue “prefabricada” para abonar el terreno a
un cambio legislativo como el que está en ciernes.
“La Ley del
Suelo no tiene la visibilidad del petróleo, pero es tan grave para
las Islas”, asegura Gómez Aguilera
Con la Ley
del Suelo, añadió, se rompen décadas de “consenso”
en torno a la legislación sobre el territorio y se hacen “explotar”
las competencias en ordenación de la comunidad autónoma.
“Se regula para unos pocos empresarios, se eliminan los controles, se refuerzan
las competencias municipales, desaparece la Cotmac (Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente) y su control de legalidad,
que se deriva a los tribunales, que en cualquier caso lo harían
años después”, enumeró García Márquez.
Con la nueva
ley, explicó García Márquez, “se derogan íntegramente
las Directrices” de ordenación general y del turismo, aprobadas
en 2003, y los planes insulares “no servirán para nada porque se
les despoja de los aspectos más relevantes para la ordenación
de la Isla”. En ese sentido, subrayó que un plan insular ya no podrá
‘congelar’ la construcción, al impedirse la recalificación
de suelo urbanizable a rústico. La Ley del Suelo, apuntó,
“permite suelos turísticos fuera de las zonas turísticas
y se le niega al Plan Insular que regule las actividades económicas”.
Uno de los
principales cambios de la Ley del Suelo es que hace recaer sobre los municipios
numerosas competencias, de tal manera que tendrán capacidad “plena”
para aprobar su propio planeamiento urbanístico y podrán
autorizar intervenciones en suelo rústico hasta ahora en manos de
los cabildos, que las otorgaban mediante calificaciones territoriales.
García
Márquez también alertó de que “se crean siete instrumentos
excepcionales” para autorizar proyectos no contemplados en el planeamiento
insular o municipal, que pueden ser tanto “de iniciativa pública
como privada” y que, en su formulación, dijo, “son arbitrarios”
porque “se basan en el interés que aprecie la administración
que ponga en marcha el artefacto”.
Este tipo de
instrumentos para modificar el planeamiento con la finalidad de autorizar
cualquier tipo de proyecto con incidencia territorial “arrasan con lo regulado
antes” y son “ilimitados” en su contenido. García Márquez
puso el ejemplo de que “se puede implantar una nueva ciudad turística”
que no se preveía “si se considera de interés”, además
con plazos muy cortos de tramitación. “En dos o tres meses” los
proyectos “pueden salir aprobados y en algunos casos ni siquiera necesitarían
licencia municipal”, lo que fomentará, advirtió, “actuaciones
territoriales no planificadas y especulativas”.
El ex director
general de Urbanismo pronosticó que, en la práctica, la nueva
Ley del Suelo hará que no se aborde la ordenación integral
de los municipios ni de las islas, sino que prevalezcan las intervenciones
aisladas. “¿Quién va a hacer un plan general si se podrá
sacar el campo de golf, el polígono o el hotel tramitándolo
como proyecto de interés insular o autonómico?”, reflexionó.
García
Márquez avanzó que la Ley del Suelo “generará especulación
en el suelo rústico y agrario”, además de “pelotazos”, ya
que le nueva normativa da vía libre a usos como el de “ocio” o cualquiera
que “genere renta complementaria” para la actividad agrícola o ganadera,
con una simple licencia municipal.
“Con la declaración
de interés social del proyecto, un concepto ambiguo”, el Cabildo
puede autorizar mediante silencio administrativo positivo usos residenciales,
de equipamientos o de servicios en suelo rústico, destacó
García Márquez. Sobre edificaciones ya existentes se pueden
autorizar usos residenciales o turísticos “con una simple licencia
municipal”. Y mediante instrumentos excepcionales contemplados en la ley
se podrán autorizar proyectos “sin dimensión” máxima.
García
Márquez criticó que “un gobierno nacionalista renuncia al
gobierno del territorio”, el “principal emblema y competencia” que puede
tener la comunidad autónoma. En su opinión, la formulación
de una legislación adecuada para las Islas en materia territorial
“no se arregla con enmiendas en el Parlamento de Canarias” al texto ya
existente “sino empezando de nuevo el proceso, con debate y participación”.
Para Eugenio
Reyes, de Ben Magec-Ecologistas en Acción, la Ley del Suelo “firmada
por CC y PSOE”, que “no la llevaban en sus programas y están ejecutando
el del PP, que está en la oposición”, constituye “un golpe
de Estado encubierto de un lobby económico”, aunque consideró
que “hay mimbres en la sociedad civil para reorientar el proceso con participación”
y “convertir un problema en una oportunidad”.
Fernando Gómez
Aguilera recordó que buena parte de la corrupción que se
ha producido en islas como Lanzarote está relacionada con la “gestión
del planeamiento” urbanístico y territorial, por la concesión
de licencias ilegales. “La Ley del Suelo se hace al margen de la gobernanza,
y genera un escenario complicado por el debilitamiento de los controles
jurídicos y técnicos”.
Antonio Pérez,
de Comisiones Obreras, afirmó que es “contradictorio” que se justifique
la Ley del Suelo para “generar empleo” cuando se hace a costa de “sacrificar
el paisaje y el territorio”, los principales activos de la actividad turística.
“La coartada del empleo es una propaganda engañosa”, añadió
Pérez, quien criticó que la “concepción” de la ley
“entiende el territorio como un solar”.
El sindicalista
también respondió a las críticas de quien cuestiona
“que el debate se haga en periodo electoral”. “Queremos que nos digan qué
quieren hacer con el territorio y es precisamente en campaña cuando
los partidos tienen que explicitarlo”, subrayó Pérez, quien
resaltó que han sido los partidos que gobiernan los que “han puesto
el calendario” para tramitar la Ley del Suelo. “Ahora es cuando toca y
queremos que se discuta”.
En la presentación
de la plataforma en la sede de la FCM estuvieron presentes cargos públicos
de diferentes formaciones políticas. Antes del acto se hizo un posado
con la pancarta y quienes respaldaban la iniciativa, sumándose representantes
de Podemos, Ganemos, Izquierda Unida, Somos Lanzarote, Nueva Canarias o
Alternativa Ciudadana. Al coloquio asistieron las socialistas Loli Corujo,
alcaldesa de San Bartolomé y diputada regional, y Eva de Anta, alcaldesa
de Arrecife.
ANTECEDENTES
24 de febrero
de 2016
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
ANTEPROYECTO
DE LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com del urbanismo de Canarias.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Suelo
de Canarias, que busca simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica
a las decisiones sobre el territorio. El Consejo de Gobierno tomó
en consideración el anteproyecto de Ley del Suelo con los criterios
de simplificar, racionalizar y actualizar el uso del territorio en las
Islas. Para ello se derogarán cuatro leyes: la de Ordenación
del Territorio (año 2000), la de Directrices (2003), la de Armonización
y Simplificación (2014) y la de Inversiones Estratégicas
(2015). Así lo puso de manifiesto el presidente del Ejecutivo
regional, Fernando Clavijo, que señaló que el texto articulado
no cambia la filosofía de las directrices de ordenación.
"El objetivo último es proteger el paisaje y las condiciones generales
que tienen estas islas, permitir que se desarrolle la actividad económica
en el suelo que ya está clasificado e impedir que se consuma y clasifique
más suelo".
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prácticas
Asimismo,
puso de relieve la "maraña normativa" que existe en la actualidad
sobre este asunto con la existencia de tres leyes, "multitud" de planes
de ordenación, "fronteras confusas" entre las administraciones insular
y municipales y sucesivas adaptaciones de los textos.
Esta situación,
dijo Clavijo, tiene como consecuencias que hay una rigidez en el planteamiento
con procedimientos "interminables" que pueden durar hasta 12 años
de media; que produce tensiones entre las administraciones y que supone
una carga injustificada sobre empresas y ciudadanos. Asimismo, expuso que
ante todo esto se han dado casos en los últimos años de "vías
de escape", que no "soluciones", como la suspensión del planeamiento
aplicando el artículo 47 de la Ley del Territorio, recordando casos
como el de la ampliación del Aeropuerto de Gando (Gran Canaria),
el Plan de Modernización Turística (2009 y 2013) o el recorte
de plazos en la tramitación con la Ley de Inversiones Estratégicas
de 2015.
La nueva
ley no toca suelo turístico o espacios naturales Por su parte, el
presidente canario hizo especial hincapié en que la Ley del Suelo
no toca los espacios naturales protegidos y que se promueve la contención
en el consumo de suelo rústico. Además, comentó que
se mantiene el principio de permitir el desarrollo de suelo urbanizable
sólo contiguo al urbano, así como la práctica prohibición
de clasificar nuevos suelos turísticos. Los principios de la reforma
atienden al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones;
movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje
y lucha contra el cambio climático. Desde este principio "irrenunciable",
Clavijo señaló que la nueva Ley se propone simplificar, racionalizar
y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio,
con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser
desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos.
Con todo,
el presidente recordó que la nueva norma quiere aglutinar todas
las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización
del suelo, por lo que viene a sustituir a otras tres normas De este modo,
la Ley del Suelo se propone sustituir al Texto Refundido de la Ley del
Territorio del año 2000, a las Directrices de Ordenación
(2003) y a la Ley de Armonización y Simplificación (2014).
La nueva norma excluye modificar la normativa vigente sobre turismo, patrimonio
histórico, comercio, actividades, clasificadas, vivienda, etc.,
sin perjuicio de algunos ajustes vía disposiciones adicionales.
"todo suelo no urbano o no urbanizable será suelo rústico"
Mientras,
el borrador mantiene las categorías actuales desde la perspectiva
de ordenación del suelo —rústico, urbanizable y urbano—,
pero introduce una novedad al considerar que "todo suelo no urbano o no
urbanizable será suelo rústico", invirtiendo el criterio
fijado por la Ley estatal 6/1998, que liberalizaba suelo. Desde la perspectiva
del borrador, sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable
preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado
desde el punto de vista del interés público. Finalmente,
otra de las novedades que plantea el borrador tiene que ver con la revisión
de los procedimientos en función de las competencias atribuidas
a cada Administración en materia territorial y urbanística.
De esta manera, las herramientas de planeamiento —planes insulares, planes
generales de ordenación, etc.— serán aprobadas por las Administraciones
competentes, mientras que las Administraciones afectadas intervendrán
en proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia.
NOVEDADES
Los ayuntamientos
y cabildos puedan realizar modificaciones puntuales de su planeamiento
en un máximo de seis meses para acoger nuevos proyectos urbanísticos
y de inversión, frente a los 12 años actuales.
La legislación
vigente obliga a las corporaciones locales a revisar todo el plan general
o insular cuando se pretende hacer algún cambio concreto que permita
nuevos desarrollos no previstos en el documento en vigor. "Lo que es extraordinario
se ha convertido en habitual y eso hay que revertirlo", aseguró
ayer el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.
Otra modificación
sustancial es que el planeamiento no tendrá que revisarse en su
integridad cuando entre en vigor la ley, como sucedía hasta ahora.
Clavijo puntualizó que la norma se aplicará al día
siguiente de su publicación en el BOC y los ayuntamientos y cabildos
tendrá libertad para adaptarse o no, lo que supone que no tendrá
efecto retroactivo.
La Ley
del Suelo deja en manos de las corporaciones locales no sólo la
tramitación de los planes, sino también su aprobación
definitiva y el informe de legalidad. De esta forma, la Cotmac pasará
de ser un organismo vigilante y supervisor a convertirse en un ente que
se encargará de realizar el informe que emita la Comunidad Autónoma
sobre los planes generales e insulares, sin potestad ya para cuestionar
o bloquear los mismos como hasta ahora.
Clavijo
defendió que el espíritu de la ley es que "cada Administración
será responsable de aprobar su planeamiento". En la tramitación
habrá un ahorro sustancial de trámites y se elimina la aprobación
provisional, de tal forma que habrá un avance, una aprobación
inicial y la definitiva.
SUELO URBANIZABLE
Según
los datos que obran en poder de la Consejería de Política
Territorial, en Canarias hay unos 54 millones de metros cuadrados de suelo
urbanizable, aunque los cálculos de la empresa pública Grafcan
elevan esta cifra hasta los 100 millones de metros cuadrados. En cualquier
caso, Clavijo aseguró que en Canarias hay suficientes terrenos urbanizables
para los próximos 20 años, por lo que no hay necesidad de
habilitar más suelo. La ley invierte también lo aplicado
hasta ahora de forma que todo el suelo no clasificado se considera rústico
con el fin de consolidar su uso para la agricultura y la ganadería.
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