Siete son
las reclamaciones presentadas el pasado 10 de junio en el registro municipal
"de responsabilidad patrimonial y de indemnización por supuestos
daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad
tanto del Programa y Plan Parcial del sector "Lagunas de Rabasa", como
por la nulidad de la adjudicación como agente urbanizador de Viviendas
Sociales del Mediterráneo, VISOMED, actual Alicante Avanza".
Las siete se
dirigen de forma conjunta contra el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat
Valenciana y suman un importe de 20,4 millones de euros. VISOMED reclama
11,27 millones, la mercantil Urbanika Proyectos Urbanos SL 6,77 millones,
a 1,49 millones asciende la cantidad que pide Cerámica La Florida
SL, Valle Levante SL exige la cantidad de 625.000 euros, mientras que Ortiz
Desarrollos Urbanísticos pide 246.000 euros. Por último,
Camservi Obrasa y Servicios y Nuevo Garbinet SL solicitan 22.000 y 4.200
euros respectivamente.
Miguel Angel
Pavón, edil de Urbanismo, explica que el equipo de Gobierno ha decidido
dar traslado de las reclamaciones a la asesoría jurídica
municipal y a los servicios jurídico de la concejalía. De
esta forma, se va a constituir un equipo jurídico que estudiará
en detalle su contenido y las reclamaciones serán resueltas en los
plazos legales previstos (seis meses que se pueden ampliar otros seis).
Asegura, como
se recoge en un comunicado, que se va a anteponer en todo momento la defensa
de los intereses municipales y del interés general de la ciudad
frente a las pretensiones de empresas, en su mayoría vinculadas
a Enrique Ortiz. Recuerda que estas mercantiles promovieron un plan aprobado
por el PP local y autonómico en la época de Díaz Alperi,
Castedo y Camps. Un plan, insiste, especulativo que fue tumbado en los
tribunales tras los recursos interpuestos por distintos actores sociales
y políticos de la ciudad
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